Gorka Knörr y Juanjo Martínez Leunda El próximo 27 de septiembre se cumplirá un año de la presentación ante el Parlamento Vasco de la propuesta ´Una iniciativa para la convivencia´ presentada por el lehendakari en nombre de todo el Gobierno. Restando el periodo vacacional que de forma merecida todos los ciudadanos vascos tienen ganado tras un año de intenso trabajo, quedan cuatro días para cumplir con el compromiso adquirido, es decir cumplir con la palabra dada.

Autodeterminación, presencia en Europa y fiscalidad propias, en un planteamiento de co-soberanía, hacia un nuevo marco político ratificado mediante referéndum, eran algunos de los titulares. Otras reacciones solicitaban mantenimiento de la dignidad institucional y avanzar hacia un marco de soberanía.

A la presentación en el Parlamento, en virtud de los compromisos adquiridos ante el mismo, sucedió una ronda de conversaciones durante todo el mes de octubre ­hasta 27 reuniones, con sindicatos y agentes económicos y empresariales, universidades y el mundo de la educación, entidades financieras, municipales y forales, movimientos pacifistas…­, concluyendo con todos los partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco, excepto el Partido Popular, quien declinó la invitación.

Seis meses más tarde, a finales de marzo de 2003, tanto el PSC, como CiU y ERC en Catalunya presentaron lo que para los primeros debe ser un nuevo «estatuto que encaje Catalunya en una España federal y la presencia internacional de la Generalitat», para los segundos un nuevo «Estatut que sitúe a Catalunya como una nación soberana que voluntariamente se asocie a España y con la que mantendría una relación bilateral y específica» y por último ERC, que presentó el texto de una ´Constitució de L´Estat Lliure de Catalunya´ (Constitución del Estado Libre de Catalunya), texto que sucede a su ´Projecte d´Estatut Nacional´ de 1998.

En este periodo citado, la propuesta del Gobierno Vasco ha sido calificada por unos como de tramposa y camino hacia la independencia a través de la autodeterminación, y contestada por otros con diez razones para decir no a la misma, por excluyente, unilateral, españolista o porque no es una propuesta de paz entre otros argumentos. Todos ellos han recibido debida respuesta aunque no sea de su agrado. Se hace necesario proseguir el diálogo asentado en las propuestas que se presenten, lo contrario es como un diálogo de sordos. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

La propuesta ha sido igualmente descalificada por no tener encaje en Europa y recientemente hemos conocido el texto de Tratado-Constitucional Europeo presentado en Tesalónica, Grecia.

Ahora, corresponde al Gobierno cumplir con el compromiso adquirido y presentar lo que entendemos debe ser un texto simple y claro, un texto a modo de Proyecto de Ley de Bases que, sin ser un texto cerrado y articulado en todas y cada una de las materias que debe abordar, sirva tanto para su presentación y discusión en el Parlamento Vasco y para todos los que participaron en la ronda de conversaciones en octubre de 2002, incluido Udalbiltza, como también, cómo no, para las demás naciones y pueblos del Estado español.

El texto, a juicio de muchos, debería contener un breve preámbulo o exposición de motivos (el Estatuto de Autonomía de Gernika es la única Ley Orgánica que carece del mismo) que reafirmándose en valores universales comúnmente aceptados, haga suyas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y demás tratados internacionales suscritos válidamente en la materia.

Entendemos que dicho preámbulo debe recoger el reconocimiento de los derechos históricos, su actualización, el derecho de autogobierno de los vascos y la existencia de Euskal Herria como sujeto de derechos. Si efectivamente en el Estado español existen varias naciones, titulares de soberanía, que se expresa en cualquier lugar del mundo mediante una Constitución, parece lógico aceptar la exis- tencia de una pluralidad constitucional o, dicho de otra manera, pluralidad de regímenes jurídicos, compartiendo todo aquello que libremente así lo acuerden.

Las bases o ejes centrales deben de tener en cuenta la articulación o relación interna y externa de la CAV, con Nafarroa e Iparralde, asentadas en nuestro elemento definitorio y singular, el euskara, y con las demás naciones, regiones y pueblos del Estado.

Igualmente la separación de poderes. Hoy más que nunca, y todos nos entendemos, se hace preciso delimitar, con mayor precisión que en el Estatuto de Gernika, los poderes y funciones del legislativo, ejecutivo y judicial.

La defensa del Concierto Económico (al igual que algunos defendemos también en Nafarroa el Convenio) debe ser pieza esencial del sistema de financiación, y su reconocimiento, singularidad e institucionalización debe tener su plasmación mediante un protocolo que preserve la mencionada singularidad en Europa, en la línea, por ejemplo, de los protocolos firmados en su día por las Islas Aland, o el caso más reciente de Malta, cuya adhesión al Tratado conlleva nada menos que 75 cláusulas adicionales.

La participación del Gobierno Vasco en la política europea, en lo que afecte a sus competencias de forma directa y en organizaciones internacionales con voz propia debe configurar otra de las bases esenciales. La participación de las instituciones vascas en la paradiplomacia es más urgente que nunca si no queremos ser convidados de piedra en decisiones que nos afectan de forma directa: guerra y paz, por ejemplo. Sin duda, participar en el fortalecimiento de instituciones internacionales como la ONU y crear y fortalecer redes a nivel infraestatal deberá formar parte de nuestro quehacer.

Evidentemente, el Pueblo Vasco o Euskal Herria, Euskadi, es una nación compleja, institucionalizada en la actualidad en varios ámbitos de decisión que deberán ser respetados de acuerdo a la voluntad de los ciudadanos libremente expresada y es por ello por lo que la Ley de Bases debería contener la capacidad de los vascos de convocar consultas populares o referéndums para aquellas materias que afecten a la territorialidad o bien a la diversidad cultural y lingüística, lo que enlaza perfectamente con lo previsto en el Proyecto de Tratado Constitucional aprobado en Tesalónica, así como con el artículo 51 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuando ésta se refiere al ámbito de aplicación de la misma afirmando que «las disposiciones de la presente carta están dirigidas a las instituciones, organismos y agencias de la Unión, (obviamente se está refiriendo a todas las instituciones de la Unión, incluidas las vascas y las de otras naciones sin estado y regiones, además de los estados) respetando el principio de subsidiariedad».

De aquí a otoño tenemos tiempo de seguir aportando y profundizando, cada uno desde el lugar y posición en que se encuentra, tanto en los contenidos de la propuesta, como en la búsqueda del método más adecuado para que la misma sea viable y concite el máximo de voluntades de la sociedad vasca. En ello debemos de empeñar nuestra palabra.

Fuente: Gorka Knörr