Denuncia la sustitución de la labor funcionarial por contratación privada, y advierte de los riesgos del acceso de empresas a información sensible El grupo municipal de Eusko Alkartasuna acusa al equipo de gobierno de UPN y CDN de “desmantelar y privatizar” la red de servicios sociales que hasta ahora dependía directamente del Ayuntamiento de Pamplona, y denuncia la sustitución sistemática de la labor funcionarial por la contratación privada para servicios como la asistencia a jóvenes con desestructuras familiares, la atención domiciliaria a ancianos o la intermediación familiar. Asimismo, EA expresa su preocupación por “los riesgos derivados del acceso de empresas a información personal sensible cuyo uso y control queda en manos privadas”.

Los concejales de Eusko Alkartasuna explican que, hasta ahora, la asistencia primaria en bienestar social se abordaba desde las nueve unidades de barrio existentes en Pamplona, por medio de trabajadores familiares, auxiliares administrativos y técnicos de la red asistencial pública. Sin embargo, “el actual gobierno municipal está desestructurando esta red pública, y sustituyendo sistemáticamente a los profesionales funcionarios por equipos privados contratados, cuya única vinculación con el ayuntamiento se produce a través de la figura del coordinador, a menudo una persona en un cargo de libre designación, que generalmente pierde su relación con el ayuntamiento con el cambio de gobierno”.

Asimismo, afirman que “además de no compartir un modelo de gestión privado para servicios asistenciales fundamentales como los citados, nos parece un error la pérdida del control de información personal sensible por parte del sistema público, y en cambio, el acceso de la empresa privada a dicha información confidencial de los asistidos”, afirman.

Según los representantes de EA, “el ayuntamiento lleva ya contratadas a la empresa privada varios miles de horas de servicios asistenciales, volumen suficientemente importante que evidencia la necesidad de un servicio público para ese mismo fin”, apuntan. Además, exponen su “preocupación” ante un sistema de gestión que consideran “inadecuado para el tratamiento de realidades que requieren un seguimiento y control público, y arriesgado para la intimidad de las personas asistidas”, señalan.

“Esta misma tarde se debatirá en el Pleno municipal la contratación privada de intermediadores familiares para la integración social, labor que hasta ahora se realizaba desde los trabajadores del sistema público, un nuevo paso en este proceso de desmantelamiento de los servicios municipales de bienestar social del que discrepamos tanto filosófica como prácticamente, un proceso sistemático que tiene implicaciones delicadas muy importantes”.

Fuente: Eusko Alkartasuna