Juan Porres La efectividad del derecho a la vivienda configura hoy, junto con la precariedad en el empleo, uno de los más graves problemas sociales, señalado en las encuestas como el problema que produce una mayor preocupación y compartimos esta inquietud que tiene consecuencias vitales para una vida independiente y digna. Los estudios estadísticos vienen señalando que nuestro País está en Europa en la cola de emancipación de la población entre 18 y 35 años; e incluso en el Estado español, la CAV ocupa el puesto número 15 entre las Comunidades Autónomas.
El planteamiento del Gobierno reflejado en la Ley del Suelo consiste en reservar un porcentaje alto de suelo para vivienda sujeta a algún tipo de protección. En el acuerdo alcanzado con el PSE, este porcentaje se desglosa en un 55% para VPO (la vivienda más barata) y un 20% para vivienda tasada, orientada a aquellas personas que no pueden acceder a VPO por superar el umbral máximo de ingresos, pero tampoco al mercado libre por carecer de ingresos suficientes.

Nuestra discrepancia con la propuesta de EAJ-PNV se basa en no compartir el objetivo pretendido y en no compartir los criterios básicos de la propuesta. No compartimos el objetivo, porque el objetivo prioritario no puede ser el abaratamiento de la vivienda libre, sino el acceso universal a la vivienda que sólo es posible para la inmensa mayoría de la gente en VPO en función de los ingresos.
A partir de aquí, no aceptamos que la ley no establezca un porcentaje mínimo para vivienda en VPO (que puede ser el acordado del 55% o el 50% y, en este caso, incrementando en un 5% el estándar de vivienda tasada para pasar del 20% al 25%) y que se deje a cada Ayuntamiento determinar en el planeamiento el tipo de vivienda tasada en función de ingresos porque entendemos que tratándose de un derecho social ha de ser el Parlamento quien adopte las medidas generales para hacerlo real y efectivo para todos los ciudadanos, y porque la mayoría de la gente que figura en las listas de Etxebide sólo puede acceder a la vivienda en VPO y muchos ni siquiera a ésta.

Tal vez en un horizonte no lejano, el problema haya perdido su trascendencia actual con el esfuerzo conjunto de las Administraciones, y quepa considerar otros objetivos. Pero en el presente las soluciones pasan por el mantenimiento del modelo que acordó el Gobierno al aprobar la Ley del Suelo en el que básicamente se ha movido el acuerdo con el PSE, con algún matiz que compartimos. Es una cuestión de responsabilidad política, pero sobre todo de responsabilidad con la sociedad y sus aspiraciones legítimas, y en este sentido la propuesta de EAJ-PNV nos parece regresiva respecto a la política de vivienda que en la actualidad se lleva a cabo.

Juan Porres es parlamentario de EA
Fuente: Juan Porres