El consejero Azkarraga presenta el Plan director 2003-2006, cuyo eje principal es lograr un cambio cultural respecto al papel de la prevención
El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, ha presentado hoy en rueda de prensa el Plan director de Seguridad y Salud laboral 2003-2006, del que ha destacado su carácter “pionero y ambicioso porque –según ha dicho- pretende erigirse en herramienta útil para la mejora de la calidad del trabajo de las ciudadanas y ciudadanos vascos hasta convertir a la Comunidad autónoma en un referente europeo por su cultura y mejores prácticas en prevención de riesgos laborales”.

La búsqueda de un cambio cultural respecto al papel de la prevención es el eje sobre el que gira este Plan que ha elaborado el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social y que ayer aprobó el Consejo de gobierno. “Pretendemos consolidar la cultura preventiva del riesgo mediante la combinación de instrumentos políticos, como legislación, diálogo social, incentivos económicos, etc, y la cooperación con todos los agentes pertenecientes al ámbito de la seguridad y la salud”, ha añadido Joseba Azkarraga.

El Plan se fija el objetivo final de una reducción media de 4,5 puntos en el periodo 2003-2006, lo que va a suponer pasar de un índice de incidencia (número de accidentes con baja en jornada laboral ocurridos por cada 1.000 trabajadores) del 73,65 al 69,15. No obstante, el consejero de Empleo ha querido precisar que “hablando de accidentes y vidas humanas no cabe fijar objetivos cuantitativamente precisos; sin embargo, ahí están los esperanzadores datos de las empresas tuteladas por el plan de lucha de nuestro Departamento durante 2002, con un descenso general que llegó a ser de más del 60 por ciento en los siniestros mortales frente a la testimonial reducción general en las empresas no acogidas al Plan”.

A este respecto, Joseba Azkarraga ha subrayado que, durante este año, las previsiones del Plan son dar cobertura a un tercio de la población activa y cerca de la mitad de la población empleada por cuenta ajena de la Comunidad autónoma.

Para que todos los proyectos que recoge el Plan director puedan materializarse, el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social va a destinar 12 millones de euros anuales a políticas de prevención y lucha contra la siniestralidad, lo que supondrá incrementar 3 millones cada año esta partida –es decir, el 33 por ciento respecto al presupuesto actual-. “Este incremento presupuestario lleva parejo un aumento de la plantilla que hemos cifrado en 27 personas, en su mayoría técnicos con titulación de Medicina, técnicos en seguridad, higiene y ergonomía, y en prevención de riesgos laborales”, ha añadido Azkarraga.

Por el contrario, el hecho de que las actividades relacionadas con la práctica de la prevención en Euskadi estén distribuidas entre diferentes administraciones públicas resulta un serio handicap que es necesario corregir. “Este será uno de los aspectos sobre los que el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social pretende trabajar activamente en los próximos años, y fundamentalmente a través de la coordinación con la Inspección de Trabajo”, ha puntualizado Joseba Azkarraga.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Diez de los 27 nuevos trabajadores a los que se ha referido el consejero pasarán a formar parte de la Inspección de Trabajo para las Administraciones públicas y cooperativas; un ámbito sobre el que la CAV tiene competencia exclusiva. “Este nuevo servicio permitirá el control en materia de seguridad y salud laboral de un número aproximado de 1.500 centros repartidos por la red de centros educativos, centros sanitarios, palacios de Justicia, comisarías de la Ertzaintza, Ayuntamientos, y centros de trabajo dependientes del Gobierno vasco y Diputaciones forales”, ha indicado Joseba Azkarraga; quien ha reclamado de nuevo las competencias sobre Inspección recogidas en el Estatuto: “difícilmente podremos ser más eficaces contra la siniestralidad si no disponemos de esa herramienta fundamental”, ha dicho.

Además de contemplar la creación del nuevo cuerpo de inspectores, el Plan se fija una serie de objetivos orientados, principalmente, al incremento de la formación especializada y de delegados de prevención, la potenciación de la vigilancia de la salud, la ampliación de las visitas a centros de producción y el fomento de los proyectos de Investigación y Desarrollo.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Según ha señalado Joseba Azkarraga en su intervención, el Plan propone cuatro áreas estratégicas de acción: “una acción –ha manifestado- que se apoya en dos pilares básicos: la observación e investigación de la siniestralidad, y la comunicación, entendida como vehículo para difundir la cultura de la prevención”.

La primera de las áreas tiene que ver con la cultura y la concienciación social. Al respecto, el Plan establece la firma de convenios con la Universidad para la organización e impartición de cursos de prevención de riesgos laborales, y con los centros de FP para la introducción de la PRL como asignatura específica en determinadas titulaciones. Así mismo, plantea acuerdos con el departamento de Educación para la puesta en marcha de planes de difusión de la cultura preventiva en la educación obligatoria.

En el área dirigida a la Formación y cualificación, el Plan contempla la creación del título de técnico superior de PRL así como de una cátedra de Seguridad y salud laboral.

La tercera de las áreas está relacionada con la prevención y al control en diversos ámbitos, como: actividades de servicios de prevención, cesión ilegal de mano de obra por parte de las empresas, sobre la formación y vigilancia de la salud de la trabajadores puestos a disposición por la ETT. Igualmente, establece la creación de un registro de empresas sancionadas con prohibición de contratar con la Administración y definición del papel de las mutuas en la lucha contra la siniestralidad, en contingencias comunes, en vigilancia de la salud y en servicios de prevención.

En cuarto lugar, y dentro del área dedicada a la integración de la prevención en el ámbito empresarial se va a poner en marcha una campaña de información básica en Pymes y micropymes sobre responsabilidades y obligaciones legales, y se potenciará el papel de la Administración como agente tractor entre sus contratistas. “La Administración debe asumir una función ejemplarizante y para ello promoveremos la redacción de un modelo tipo de pliego de condiciones de contratación con la Administración que, además del cumplimiento de las obligaciones legales en PRL, prime la contratación de empresas con mejores prácticas y baja siniestralidad”, ha señalado Joseba Azkarraga.

OBSERVATORIO

Sobre la base de los estudios que se realizan en la actualidad, el Plan director establece la puesta en marcha de un Observatorio que podría ser operativo antes de que finalice 2003.

Según ha manifestado el consejero de Empleo, el Observatorio –entendido éste como concepto de observación más que como ente específico- tendrá como misión principal la investigación de la siniestralidad y sus causas con el fin de diseñar medidas que la eviten, así como la prospectiva y la vigilancia de los nuevos riesgos.

El Observatorio contará con una línea de Investigación y estudios sobre seguridad y salud laboral dirigida al análisis de los ítems que intervienen en la siniestralidad, y una línea que estudiará los cambios en la sociedad, las relaciones laborales, las formas de trabajo, etc. donde se estudiarán los riesgos emergentes (mobbing, burnout…), psicosociales y ergonómicos y sus acciones preventivas. Por último, una línea de actuación se centrará en la investigación y el análisis de los riesgos por sectores, así como el estudio y posterior adopción de modelos ya implantados con éxito en otros países.

Paralelamente a las actuaciones del Observatorio, el Plan director de seguridad y salud laboral plantea un grupo de actividades o planes sectoriales que buscan un impacto focalizado en aquellos grupos de población que, por las circunstancias específicas de su ámbito, merecen una especial consideración. Este es el caso, por ejemplo, del sector de la Construcción. Al respecto, Joseba Azkarraga ha señalado que “las actuaciones irán encaminadas a reducir los índices de siniestralidad estimulando la inversión en medios y sistemas de seguridad, fomentando la formación y, cómo no, potenciando el plan especial de lucha contra la siniestralidad en este sector que tan esperanzadores resultados está obteniendo desde su puesta en funcionamiento”.

Otro tanto sucederá con el Plan de actuación contra la siniestralidad en las empresas de trabajo temporal.

CONCLUSIONES

1. El Plan director de seguridad y salud pretende erigirse en una herramienta útil para la mejora de la calidad del trabajo de las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad autónoma.

2. La búsqueda de un cambio cultural respecto al papel de la prevención es en gran medida el eje sobre el que gira este Plan.

3. El Plan plantea una reducción de 4,5 puntos de los índices de incidencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi (en la parte que corresponde a los accidentes que pueden ser “gestionables” o previsibles) durante el período 2003-2006, lo que supone reducir el índice de incidencia del 73,65 por mil actual al 69,15

4. Corregir los desajustes que originan la dispersión de competencias en materia de seguridad y salud laboral en la Comunidad Autónoma entre diferentes Administraciones Públicas será ´uno de nuestros caballos de batalla”, según Azkarraga.

5. La materialización de todos los proyectos incluidos en el Plan director situará el presupuesto anual dedicado a la lucha contra la siniestralidad en 12 millones de euros, lo que supondrá incrementar 3 millones cada año la partida que el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social destina a este concepto.

6. El Plan contempla la creación de un Observatorio y plantea una serie de actuaciones en relación con:· La Cultura y la concienciación social. · La Formación y cualificación· La Prevención y al Control· La integración de la prevención en el ámbito empresarial

7. El consejero de Empleo ha adelantado la creación de una Inspección de Trabajo propia para las Administraciones Públicas y cooperativas que permitirá el control en materia de seguridad y salud laboral de un número aproximado de 1.500 centros.

ANEXO: Radiografía de la siniestralidad en Euskadi

· Identificamos un cambio de tendencia a la baja a partir del año 2000 en el Indice de incidencia global, que es el número de accidentes con baja en jornada de trabajo ocurridos por cada 1.000 trabajadores. Esta tendencia se confirma con los datos recientes del año 2002.

Ind. de Incid. 2000 2001 2002
77,96 76,36 73,65

· El índice de incidencia en Construcción entre los años 1999 y 2002 ha sido 2,4 veces superior a la media del resto de sectores y hasta 2,8 veces en el caso de los accidentes mortales. Dicho de otro modo, en Construcción el índice de incidencia se situó cerca de los 200 accidentes por cada 1.000 trabajadores; esto es, un 20 por ciento de los trabajadores de la Construcción tuvo algún accidente con baja.

· Según el tipo de lesión, hay mayor incidencia de torceduras, esguinces y distensiones, seguidas por contusiones y aplastamientos, fracturas, lumbalgia. En Industria, las torceduras suponen el 27,26%; en la Construcción, el 30%.

· Según la forma del accidente, hay mayor incidencia por sobreesfuerzos, golpes con objetos o herramientas (tanto en industria como en construcción), seguido de “atrapamientos entre objetos” y “caída de personas al mismo nivel”.

· El día de la semana con más accidentes es el lunes, aunque se observa una tendencia a la baja, lo que contribuye a ir desterrando el lunes como el “día negro” para la seguridad laboral. Las primeras horas de la jornada laboral son las que registran mayor número de siniestros graves.

· Las “manos” son la parte del cuerpo más afectada por los accidentes, seguido, en el sector de la construcción, por los “Miembros inferiores (excepto pies)”. Esto parece indicar una deficiencia en la utilización o en la eficacia de los equipos de protección individual, al menos en aquellos que tratan de proteger esta parte del cuerpo.

· Se da una mayor siniestralidad en trabajadores y trabajadoras jóvenes, trabajadores y trabajadoras con contratos temporales y entre quienes tienen una antigüedad menor de 7 meses en el puesto de trabajo. Estos datos confirman la existencia de un riesgo mayor en la población trabajadora afectada por estos parámetros.

Fuente: Joseba Azkarraga