Lasagabaster pide una vez más en el Congreso la supresión de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establecen hasta 13 días el período de incomunicación La portavoz de Eusko Alkartasuna en el Congreso, Begoña Lasagabaster, preguntará al Gobierno este miércoles si va a reformar los artículos 509, 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, referidos al régimen de incomunicación. Pregunta oral que será respondida por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, durante la habitual sesión de control al Ejecutivo.

Esta pregunta oral se une a otras muchas iniciativas que Eusko Alkartasuna ha presentado en el Congreso, la última de ellas, una Proposición de Ley registrada el pasado mes de febrero, con el propósito de suprimir estos tres artículos que regulan los periodos de incomunicación de los detenidos.

Según la legislación actual, los detenidos acusados de pertenecer a una organización armada pueden quedar sometidos a un período máximo de incomunicación de 13 días, cinco tras la detención por las Fuerzas de Seguridad del Estado, a los que pueden sumarse otros 8 días, si excepcionalmente la autoridad judicial decreta la detención o prisión provisional en dicho régimen.

La diputada de la formación abertzale ya ha expresado en anteriores ocasiones que “bajo la excusa de “la lucha contra el terrorismo” en muchos pases democráticos se está relajando la salvaguarda de los derechos fundamentales de los detenidos”.

Desde hace más de una década, destacados organismos internacionales como el Comité de la Tortura de la ONU (CAT), el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, (CPT) o Amnistía Internacional vienen instando de forma reiterada al Estado español a que garantice los derechos de estos detenidos ya que en su opinión, “el régimen de incomunicación facilita la tortura”. Peticiones que a las que se han hecho caso omiso, como lo demuestran sendas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mediante dos leyes orgánicas aprobadas en octubre y noviembre de 2004, en las que se incrementaron a más del doble la duración máxima de la detención en régimen de incomunicación por supuestas actividades terroristas.

Fuente: Begoña Lasagabaster