“Una Euskadi del bienestar debe garantizar, no sólo reconocer, los derechos sociales”, subraya Martin Araburu Eusko Alkartasuna defenderá que el acceso a la vivienda sea un derecho social “exigible a la Administración Pública”. Según explicó hoy el candidato de EA al Congreso por Bizkaia, Martin Aranburu, “defenderemos la aprobación de un catálogo de derechos sociales, entre ellos el derecho a la educación desde el tramo 0-3 años hasta la universidad, el derecho a la salud, ampliando el catálogo de enfermedades a defender, el derecho al trabajo y a rentas sociales cuando falten las del trabajo, el derecho a la inclusión social, el derecho a la familia y también el derecho a la vivienda”. En este último caso, “haciendo especial hincapié en la fórmula del alquiler social tan común y exitoso en otros países avanzados de Europa”.

“Nuestro compromiso es defender, cada uno en su propio ámbito de responsabilidad institucional, los derechos sociales que consideramos irrenunciables y el punto de partida de las políticas sociales progresistas. En tanto que nos comprometemos como partido a desarrollar el Estado del Bienestar, entendemos que una Euskadi del bienestar debe garantizar todos estos derechos, y no limitarse a reconocerlos sobre el papel”, ha subrayado Aranburu.

“La protección y tutela de un Estado del Bienestar debe ampliarse a los derechos a la calidad del trabajo y el acceso a la vivienda, así como a garantías en materia de prestaciones sociales en caso de enfermedad, viudadedad o desempleo. Debemos frenar el retroceso paulatino de las últimas décadas en el nivel de compromiso social de la mayoría de las Administraciones Públicas. Y para ello, es imprescindible fijar aquellas necesidades básicas que generan un derecho en la ciudadanía y la obligación, por parte de las administraciones, de dar respuesta”.

CORREGIR EL DÉFICIT EN GASTO SOCIAL

“Se debería corregir, dentro de nuestros ámbitos competenciales, el déficit existente en relación al gasto en protección social respecto de la media actual en la Unión Europea. Los partidos que han gobernado el Estado español han desarrollado un modelo residual de bienestar social, que ignora el derecho de la ciudadanía en estas materias fundamentales, y convierte la protección social en mera política de asistencia social. Y esta política ha sido defendida y aplicada tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista Obrero Español, que actualmente hace campaña en subasta pública de ayudas que nada tienen de progresivas, y por tanto, de progresistas, y que está indignando a la ciudadanía, que entiende que propuestas como la de los 400 euros son una política clientelista a base de subvenciones que en nada ayudan a la definición de una política social real”, ha concluido Aranburu.
Fuente: Martin Aranburu