Eurig Wyn [Europarlamentario del Plaid Cymru (El Partido de Gales)] y Gorka Knörr [Exparlamentario europeo y Secretario general de EA] Estamos acostumbrados a ver cómo se suceden de una manera continua diversos Días de Europa. El pasado domingo 22 de Setiembre fue, por ejemplo, el Día Europeo sin Coches, que pasó con más pena que gloria. Y tampoco se ha oído demasiado acerca del Día Europeo del las Lenguas, celebrado 4 días después. Y, sin embargo, creemos que era una excelente ocasión para subrayar la importancia de tantas lenguas que contribuyen a la diversidad europea.

Unos pocos miles de personas hablan el aromania en Grecia. Bastantes más, alrededor del medio millón, las diversas variedades del ladino en la zona norte del estado italiano y estados limítrofes. Son unos 60.000 los serboparlantes en la República Federal Alemana, y un 30 por ciento de la población de Euskal Herria la vascoparlante. Y podríamos proseguir hasta llegar a los 6,5 millones de catalohablantes del principado de Cataluña, Islas Baleares, Valencia y la llamada Franja de Ponent de Aragón. Así, hasta los estimados como 40 millones de personas que hablan en Europa lo que se denomina como “lengua menos usada”, pero que más apropiadamente debería quizás denominarse como una lengua distinta de la dominante del país o estado cuya ciudadanía poseen los hablantes. Existen en la Unión Europea 59 grupos poblacionales lingüísticos con diferentes niveles de reconocimiento social y legal, siendo, en todo caso, muy pocos los que entre ellos gozan de un reconocimiento total a nivel estatal.

El respeto hacia la diversidad cultural y lingüística es, sin embargo, una de las piedras angulares de la Unión Europea, consagrada en el artículo 22 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Y en estos tiempos en los que la globalización conlleva un gran cambio cultural, nuestras lenguas propias requieren de más protección y promoción.

La Unión Europea, consciente de ello, ha canalizado fondos para las lenguas propias de los pueblos europeos a través de programas como Mercator, y también de la EUBL (Buró Europeo para las Lenguas Menos Usadas). Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones que inundan los pasillos de las instituciones europeas, sorprende que todavía no exista una base legal y específica para que los programas de las lenguas minoritarias sean financiados directamente. Esto significa que esa financiación se está llevando a cabo mediante esquemas ad-hoc, sin el necesario marco legal, y que los proyectos de las llamadas lenguas minoritarias, regionales, etc.., se canalizan preferentemente a través de otros programas europeos. Cuestión ésta que quienes hemos trabajado en el Intergrupo de Lenguas Minoritarias del Parlamento Europeo hemos venido denunciando durante años.

La razón para esta falta de base legal es sobre todo política. Los 15 estados miembros de la Unión no llegarán nunca a un acuerdo unánime para la financiación de nuestras lenguas, al alegarse por parte de algunos de ellos, como Francia y Grecia, que esa financiación incentivaría la disensión cultural y política entre los estados miembros. Esto es algo absolutamente contradictorio con una Unión Europea que se proclama a sí misma la “Europa de la Diversidad”. Sin embargo, hablar una lengua propia distinta de las oficialmente estatales es una realidad social para 40 millones de personas europeas de la Unión, y ante este hecho, la falta de un marco básico legal parece implicar que las declaraciones abstractas a favor de la diversidad cultural y religiosa no son sino proclamas vacías.

Menos palabras, más realidades.

La lucha, modélica, de los vascos y vascas consiguió un estatus lingüístico en una parte de Euskal Herria, puesto que la persecución y la opresión sigue en la Comunidad Foral Navarra y en la zona vasca del Estado francés. Un estatus que no tienen, por ejemplo, los bretones en Francia, preocupados por el continuo rechazo del gobierno francés a garantizar una adecuada protección de su lengua en el sistema educativo y en los medios de comunicación. Un gobierno que ha suscrito una Carta que defiende a las minorías y a sus lenguas, pero que jamás la ha ratificado. Y hay 300.000 bretón hablantes, que no tienen escuelas bilingües, ni TV en lengua bretona, ni instrumentos legales para poder defender sus derechos lingüísticos en el sistema judicial.

Desde Euskadi y desde Gales, creemos que se podrían adoptar algunas medidas prácticas por parte del Parlamento Europeo. El propio Buró de las Lenguas Menos Usadas lo ha dicho, instando a la Convención Europea a que plantee líneas concretas de actuación sobre las lenguas minoritarias para finales del 2003, y para que asegure que un porcentaje de la financiación se destinará en exclusiva a las lenguas propias de los pueblos europeos. Un buen ejemplo de buena práctica lingüística es el proyecto DART, a través del cual lenguas minoritarias pueden beneficiarse de avances tecnológicos por incorporar a la Web lenguas como el euskera, el galés, el bretón o el gaélico escocés, por ejemplo. Un programa que proporciona a los hablantes de lenguas minoritarias servicios de los que ya gozan los de las lenguas llamadas « mayoritarias ».

Mientras los derechos de las minorías lingüísticas no estén consagrados y dotados de marco legal en la Unión, el desarrollo de programas europeos como el citado intentará asegurar, de alguna manera, que las lenguas de los pueblos de Europa conserven el dinamismo necesario para su supervivencia. Pero hace falta ir más allá. Mucho más allá. Y ahora que se están celebrando los debates de la Convención Europea, es el tiempo de pasar de las palabras a los hechos, de las proclamas sobre la diversidad a la diversidad real y consagrada en las Cartas y Tratados de la Unión.
Fuente: Gorka Knörr