Joseba Azkarraga. Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social

Llegado este momento, quiero defender el criterio que en febrero me condujo a reconocer una gran preocupación ante lo que se presentaba como una propuesta inquietante: la modificación de la Ley de Partidos para ilegalizar a Batasuna, que ya en mayo me determinó a expresar sin reservas el rechazo a la nueva norma. Lo hago en nombre de la coherencia y en la convicción de que la decisión que mañana adoptará el Congreso lesiona, de forma grave, el sistema democrático. Ni defiendo a Batasuna, ni me garantizo salvoconducto alguno como, en actitud ruin y rastrera, se ha dicho desde las filas del PP con el objetivo de identificar como amparadores de la violencia a todos los que no comulgan con la ley. Lo que no voy a permitir es que ETA, al amenazar de forma directa a todos los que apoyan la nueva norma, imponga el silencio de la muerte. Tampoco estoy dispuesto a tolerar que se siembre la menor sombra de duda sobre quienes hemos estado siempre enfrentados a la violencia.

Por eso, lo primero que reivindico es el derecho que asiste a PP y PSOE de defender una idea política que no comparto, y que critico con severidad sin que por ello su libertad se vea coartada un ápice. Es la coherencia la que obliga a defender las libertades de todos de una forma democrática. No me interesa y no acepto la distinción que arbitra una organización terrorista al señalar la supuesta bondad o maldad de una determinada posición política. La fuerza de ETA no es otra que su capacidad de producir dolor y muerte, es el terror por el terror y jamás consideraré que su existencia ha tenido un solo aporte positivo a la vida del pueblo vasco; al contrario, es el abominable lastre que todos debemos combatir si queremos un futuro mejor.

No acepto de forma alguna que el PP imponga lo que los demás debemos pensar o hacer, o que sitúe en los infiernos a todo el que no comulga con su pensamiento único. Amparado en su mayoría absoluta y el control mediático construido en su exclusivo beneficio, el Gobierno central se ha dedicado este mes a satanizar de forma intolerable a quienes nos oponemos con razones de peso a la ilegalización de Batasuna.

Desde el Gobierno del Estado se ha llegado al extremo de plantear que «no sólo el rechazo, sino la abstención -ante la propuesta de que el Congreso demande poner fuera de la ley a una formación política- será entendida como un alineamiento con Batasuna». Determinados partidos han asumido públicamente que deberían renunciar a su propia coherencia, la que les conduciría a votar contra la ilegalización, ante el temor de que su posición no sea entendida. Deberían precisar que no se trata de que sus seguidores no les comprendan, sino de que temen la sola posibilidad de que esta derechona que trata de acuñar una democracia a su medida despliegue contra ellos las mismas sucias artimañas que practica contra el nacionalismo democrático vasco.

Resultan intolerables las prisas con las que el Gobierno central y el dócil PSOE han conducido su rabia desde el 4 de agosto. El horror producido por los dos nuevos y terribles asesinatos de ETA en Santa Pola llevó a formular de inmediato una advertencia a Batasuna. Ésta, para el estratégico regocijo de los populares, confirmó su hábito de negarse a condenar el atentado. ¡Ya disponía el PP de nuevos argumentos y ´contundentes pruebas´ ante una opinión pública estatal sometida a una permanente deformación informativa! Quienes hemos preconizado que el silencio que algunos practican no es delito aunque cause repugnancia, lo seguiremos manteniendo por mucho que el PP nos sentencie. Los que en junio considerábamos que el sistema de libertades se ve vulnerado por la Ley Orgánica 6/2002, seguimos creyendo hoy que afecta directamente a la libertad ideológica, de pensamiento y expresión y a la de asociación.

Produce coraje -cuando no pena por su escalofriante significado- escuchar algunos comentarios vertidos estos días por ilustres representantes del Gobierno de Aznar y de la oposición socialista. Todo menos la prudencia guía esa sarta de manifestaciones de conveniencia al objetivo marcado desde primeros de año, cuando pretendió venderse lo que entonces era un proyecto como imprescindible paso para acabar con ETA y poner en un brete a las ideas democráticas y aspiraciones nacionalistas. Se ha llegado hasta la obscenidad chantajista de proponer al Gobierno vasco que acepte la Ley de Partidos si quiere negociar el traspaso de las competencias que el Estatuto -también ley orgánica- reconoce al País Vasco. ¿Cabe más desvergüenza política?

El Gobierno Aznar se comprometió a terminar con ETA y marcó para ello un plazo de tres años que ya ha concluido, sin el resultado que anunció. Por eso ahora se ha planteado una huida hacia delante que le resguarde ante el electorado de posibles exigencias y oculte que las necesarias medidas judiciales y policiales contra el terrorismo deben acompañarse de prioritarias y audaces actuaciones políticas. No es audacia que un Congreso controlado por dos partidos decida solicitar la ilegalización de una fuerza -y todo su apoyo social- ante la ciudadanía. Será un pausado análisis histórico, sólo posible con el tiempo, el que terminará demostrando que la Ley de Partidos constituyó uno de los grandes errores de la llamada democracia española. El paso que dará el Congreso de los Diputados lastrará de forma grave libertades básicas del sistema que, ingenuos de nosotros, creíamos consolidadas. Supondrá un pernicioso y preocupante paso atrás. No sólo en el Estado de Derecho que de boquilla invocan a menudo los miembros del Gobierno, sino para el futuro convivencial de nuestro país.

Dicen que la Historia pasa factura, pero no me resigno a denunciar hoy el gravísimo retroceso al que estamos asistiendo. La involución se hará presente en el Congreso por mucho que sea una mayoría la que avale una decisión equivocada y contraria a una democracia por la que, desde muy joven, traté de luchar sin más armas que la palabra y el compromiso. Quienes discrepamos y debemos expresar nuestra opinión. Por coherencia y en un ejercicio de libertad que se situará en serio riesgo porque el precedente que ahora se sienta afecta al sistema de libertades.

Fuente: Eusko Alkartasuna