Afirma que, en el fondo, el Ejecutivo de Madrid ´persigue por vía indirecta y a través de subterfugios el cumplimiento íntegro de la pena´ y ´soslaya de forma premeditada que el fin de las penas privativas de libertad es la reinserción social´

Azkarraga manifestó la preocupación del Gobierno vasco ante dos proyectos legislativos como el anteproyecto de Ley para centralizar la Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional y el proyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que ´reflejan el desmedido afán del Gobierno del PP por materializar un control político sobre la Justicia´.

Respecto al anteproyecto de ley de centralización de la Vigilancia Penitenciaria, el Consejero reiteró que ´no surge como una demanda social, sino que el Gobierno de Aznar ha sido quien ha generado una alarma por la resolución concreta, y ajustada a derecho, de una juez, creando así el caldo de cultivo propicio para justificar la iniciativa´. Y para ello, no ha dudado en ´denigrar públicamente a la magistrada que adoptó la resolución y ha presentado esta decisión judicial como un desvarío que exige tomar precauciones´. Según Azkarraga, en ningún momento el Gobierno central se ha atrevido a cuestionar los principios legales que fundamentaron la decisión judicial, sino que ha centrado la crítica en el sentimiento de rechazo que provoca una excarcelación, especialmente en quienes han sido víctimas de la acción del recluso. Esto demuestra, a su juicio, que ´el Gobierno del señor Aznar se ha planteado legislar a golpe de una alarma social que él mismo generó y contribuyó a propagar´.

Además, según Azkarraga, nos encontramos ante ´un claro ataque a la necesaria división de poderes y a la independencia del Poder Judicial´. Así, recordó que ´durante el tiempo en el que al Gobierno le ha interesado mantener la polémica en vigor, se han utilizado insultos y descalificaciones contra esta juez, además de manifestarse, también diversas opiniones sobre la necesaria creación de un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, pero en ningún momento han dicho que el fin de las penas privativas de libertad es el de la reinserción social y la reeducación´. ´No se trata sólo de imponer un castigo a quien provoca un daño; se trata de que el cumplimiento de ese castigo, privado del bien básico que es la libertad, logre el efecto de reincorporarlo a la sociedad. La justicia en democracia no pretende vengarse del delincuente sino lograr que deje de serlo´, aseveró el Consejero.

En palabras de Azkarraga, ´el Gobierno Aznar no trata de modificar la legislación porque los Jueces de Vigilancia tomen decisiones´, sino ´lo que pretende es arrebatar las competencias de los Jueces de Vigilancia de Cercanía y apostar, una vez más, por la centralización´.

Además, según Azkarraga, el proyecto del Gobierno ´violenta la figura del juez natural, concebido como base del sistema, y reniega del artículo 78.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en la que se establece que los Jueces de Vigilancia tendrán su residencia en el territorio en el que radiquen los establecimientos penitenciarios sometidos a su jurisdicción´. ´Centralizar el juzgado que debe atender a los reclusos que se encuentran en otras cárceles diferentes a los de su lugar de residencia va a convertir en prácticamente imposible que el Juez pueda mantener algún contacto con los presos´ y, de esa forma, la proximidad que da el Juez Natural queda totalmente anulada´, concluye Azkarraga.

En su opìnión, ´decir que el Juzgado Central de Vigilancia será más eficaz no es más que un argumento de marketing político interesado; lo que realmente está detrás es una absoluta desconfianza en los jueces de Vigilancia Penitenciaria y el deseo de establecer un control político de aquellas resoluciones judiciales que el Gobierno del PP entiende de relevancia en el ámbito de la política antiterrorista´. ´Esa desconfianza en la imparcialidad e independencia de los jueces resulta escandalosa´, a juicio del Consejero vasco, quien estima que ´se pretende sacralizar a la Audiencia Nacional, que no deja de ser un Tribunal excepcional´.

Nos encontramos, pues, ante ´un momento difícil de la Justicia´ y ´soplan malos vientos para la aplicación de una Justicia independiente´. Porque, a juicio de Azkarraga, ´se pretende reforzar a la Audiencia Nacional y a sus jueces como no intimidables ni manipulables, una especie de intocables ante cualquier presión social, cosa ésta que se ha demostrado absolutamente falsa´, porque ´en la Audiencia Nacional, el Gobierno ha campado a sus anchas y pretende continuar así´. Por el contrario, ´y para reforzar ese papel de la Audiencia Nacional, intentan trasladar la imagen de que los Jueces de Vigilancia Penitenciaria están sujetos a la manipulación y a la intimidación´. Sin embargo, para Azkarraga, lo que realmente está sucediendo es que ´los Jueces de Vigilancia Penitenciaria están aplicando la ley y esta aplicación no gusta al Gobierno´.

En el fondo de toda esta cuestión subyace, en su opinión, ´lo que siempre ha sido un objetivo del PP: el cumplimiento íntegro de las penas para los delitos de terrorismo´. ´No lo hacen de forma directa sino que buscan un subterfugio´, afirma el Consejero, que considera que el Partido Popular ´no se cree que los presos condenados por delitos de terrorismo sean también sujetos de derechos´ y que ´por mucha repulsión que sus crímenes nos produzcan, hay que tener en cuenta que el principio de legalidad rige también para ellos´.

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social quiso concluir esta parte de su intervención con un claro mensaje de respaldo por parte del Gobierno vasco ´a la independencia de la juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, como la de todos y cada uno de los jueces vascos. Los ataques de los que ha sido objeto la juez Ruth Alonso -agregó-, tanto desde miembros del Gobierno como por parte de algunos medios de comunicación, se enmarcan en comportamientos intolerables en democracia´.

Reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal

Por otra parte, el Consejero calificó de ´inquietantes´ varios de los extremos recogidos en el anteproyecto de nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal, aprobado en el último Consejo de ministros. En primer lugar, porque el Gobierno ´vuelve a esquivar el espíritu de consenso que guió el Pacto de la Justicia, suscrito por el Gobierno y todos los partidos con representación parlamentaria´. Recordó, en tal sentido, que en dicho pacto quedó incluida la reforma del Estatuto Fiscal, mientras que lo que el Gobierno plantea ahora, ´sin debate previo con el resto de partidos y CC.AA., es un anteproyecto que le asegura el control dando mayor poder al Fiscal General que el propio Gobierno nombra´.

Azkarraga denunció que, según la propuesta del Gobierno, el Fiscal General tendrá la última palabra sobre nombramientos sin que el informe que sobre ellos pueda realizar el Consejo Fiscal tenga carácter vinculante.

Asimismo, el Fiscal General queda exento de la temporalidad fijada para fiscales-jefes, según dijo el Consejero, que añadió que ´el límite de cinco años de permanencia en el cargo no afecta al Fiscal General y tiene, sin embargo, un efecto inmediato a la aprobación de la ley para otros cargos. Entre ellos, el del fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que tuvo la osadía de criticar al Gobierno por permitir que el Fiscal General interfiriera en su trabajo y que denunció que el Gobierno español no ha suscrito acuerdos europeos para combatir prácticas ilegales. (Acuerdo GRECO promocionado por el Consejo de Europa en 1999, firmado por 39 Estados entre los que no está el español)´.

Fuente: Joseba Azkarraga