El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Justicia del Parlamento para presentar su propuesta de modelo de ejecución penal y penitenciaria para la CAPV.

Al inicio de su intervención parlamentaria, Joseba Azkarraga ha señalado que su propuesta es “el punto de partida para un debate que nos permita fijar políticas a la hora de asumir una competencia que el Estatuto nos reconoce como exclusiva”. Y ha añadido que “26 años después de aprobado el Estatuto, seguimos sin el traspaso”.

Azkarraga ha expresado su rechazo a que la Administración central siga inmiscuyéndose en el ejercicio de una competencia propia de la CAPV y, en este sentido, ha solicitado a los miembros del Parlamento que apoyen la exigencia, ya planteada por el Gobierno Vasco, de un inmediato traspaso de dicha competencia y que aborde también una reflexión sobre el modelo de ejecución penal que, entre todos, consideren más idóneo para la CAPV. “Comprobamos, una vez más, que el Estado actúa con absoluta impunidad. Las decisiones unilaterales, como lo es la negativa rotunda al traspaso, suponen una auténtica carga de profundidad contra el autogobierno. Pretender buscar amparo en la política antiterrorista constituye, además, un claro ejemplo de utilización partidaria de una materia que, por afectar a la vida y a la libertad de las personas, debería estar a salvo de todo trapicheo”.

Al esbozar el panorama del sistema penitenciario actual, el responsable de Justicia ha manifestado que a partir del año 2000 se ha empezado a notar estadísticamente las consecuencias de la aplicación del Código Penal de 1995, que contempla un alargamiento de la duración real de las penas de prisión por la eliminación de la redención de penas. “En 5 años la población encarcelada ha crecido un 33%; sin embargo, los presupuestos no han crecido en la cuantía necesaria”.

Ha señalado también que en los 77 centros penitenciarios (11 de ellos gestionados por la Generalitat de Catalunya) están presas 61.261personas:“En los Centros Penitenciarios dependientes de la DGIP están presas, a 11 de noviembre, 52.928 personas distribuidas en 66 centros con una capacidad de 38.785 plazas”.

Este crecimiento de un tercio de la población encarcelada en pocos años, sitúa al Estado español en el segundo lugar de la Unión Europea en tasa de encarcelamiento por habitantes (140 personas por cada 100.000 habitantes). “El incremento de personas presas de nacionalidad española es “sólo” del 18%, por lo que el incremento de personas presas se centra sobre todo en las de origen extranjero, que alcanzan hoy día el 27% del total, cuando sólo representan el 8,4%, de la población general, según los últimos datos”, ha puntualizado el consejero.

“Además, las reformas acometidas consolidan la prisión como sanción penal por excelencia, marginando las medidas alternativas”, ha apostillado Azkarraga convencido de la existencia de una laguna legislativa, casi total, en la ejecución de penas y medidas distintas de la prisión. En ese sentido, ha recordado a los miembros de la Comisión que, en noviembre de 2003, el Parlamento vasco expresó su oposición a las reformas en materia penal y procesal penal al constatar que se oponían a principios básicos como el de igualdad, el de intervención mínima, el de individualización del tratamiento o a la orientación resocializadora.

Azkarraga ha declarado que, “es nuestro compromiso y responsabilidad estar preparados para asumir la competencia con las ideas claras y los medios adecuados. Es decir, no sólo nos deberán ocupar las prisiones sino todos los aspectos relativos a la ejecución penal tal y como ahora se desarrolla la competencia en la justicia juvenil.”

El modelo que propone el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, según su máximo responsable, sitúa la ejecución penal en el ámbito de la justicia y no de la seguridad. el 7 de noviembre de 2003 (7/11/2003) su adhesión en materia penitenciaria a una serie de principios que enumero:

-respeto absoluto a la dignidad de la persona,
-humanidad de las penas,
-resocialización,
-integración de las políticas sociales en la política criminal
-incorporación de la perspectiva legítima de la víctima al sistema penal en su conjunto,
-reducción del uso de la prisión a favor de otras penas,
-reducción de la duración de algunas penas,
-igualdad entre sexos
-y cumplimiento en el lugar de residencia.

“Tenemos muy claro que, a excepción de las limitaciones que sean necesarias para el encarcelamiento, con la consiguiente pérdida de libertad, los reclusos deben seguir gozando de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales, como los de pensamiento, expresión, opinión o creencias”.

Para el consejero, lo que está ocurriendo en la actualidad en Francia simboliza cómo las llamadas políticas “de ley y orden” sin una política de bienestar social, “ni garantizan el orden ni el cumplimiento de la ley”. “No puede existir una justicia penal eficaz sin un alto nivel de justicia social, y en esa labor preventiva estamos implicadas todas las instituciones con responsabilidades en materia de Justicia, Educación, Salud, Empleo, Vivienda, etc.”, ha significado Azkarraga.

Igualmente, el respeto a la dignidad de las personas, víctimas y victimarios, en el sentido más amplio, debe constituir el eje y el límite infranqueable de la ejecución penal y penitenciaria. “Consideramos que la limitación de derechos de la persona sometida a juicio y sancionada debe ser la mínima necesaria, imprescindible, para conseguir los fines de prevención de delitos que de otro modo no se podrían alcanzar”, ha dicho.

“Siempre hemos defendido la necesidad de evitar el desarraigo social y favorecer la inserción social. Debemos buscar el justo equilibrio entre la compensación a la víctima y la reinserción social del penado”, ha reiterado el consejero.

SITUACIÓN PENITENCIARIA EN LA CAPV

Joseba Azkarraga ha destacado la situación de las cárceles ubicadas en la CAPV. Según los datos ofrecidos por el consejero, en las 3 prisiones vascas hay 1.233 personas (950 penadas y 283 preventivas. De ellas, 82 son mujeres (16 preventivas); mientras que 1.151, son hombres (267 preventivos).

En la prisión de Basauri hay 117 hombres en prisión preventiva y 167 penados. En total 284 personas. Basauri dispone de un total de 132 celdas (repartidas en un departamento general, 1 modulo, enfermería y sección abierta) y la mayoría de ellas son colectivas, de unos 30 m2. La plantilla la componen 156 personas y de ellas la mayoría, 126, se dedica a vigilancia y administración. Otras 25 son personal técnico y 5 de administración. La ratio funcionario/plaza es de 1,6.

En la prisión de Nanclares de la Oca hay 54 hombres y 8 mujeres en prisión preventiva, y 542 hombres y 54 mujeres cumpliendo pena. En total 658 personas. Nanclares cuenta con 560 celdas, individuales en su mayoría, de 8 m2 , aunque algunas de las ubicadas en la sección de mujeres son más amplias, y hay cuatro comunitarias en la enfermería de hombres. En este centro trabajan 256 personas, de las que 214 están adscritas a vigilancia y administración; 36 son técnicos y 6 pertenecen a la Dirección. La ratio funcionario/plaza es de 2,7.

En la prisión de Martutene hay en total 291 personas; 96 hombres y 8 mujeres en prisión preventiva, y 175 hombres y 12 mujeres cumpliendo pena. Cuenta con tres módulos y 100 celdas que, en su mayoría, son compartidas y están diseñadas para 2 personas e incluso más. También en esta prisión la gran mayoría de los trabajadores, 120 de un total de 149, se dedica a la vigilancia. La ratio funcionario/plaza es de 1,9. Estos datos y estas valoraciones son recogidas también por el reciente Informe de Álvaro Gil-Robles, Comisario de Derechos Humanos, sobre su visita al Estado Español del 10 al 19 de marzo de 2005.

Los estudios han revelado una tendencia al envejecimiento de la población penada, debido, fundamentalmente, a la duración de las condenas y a la drogodependencia, que conduce a una comprobada reincidencia. Aquéllos confirman que los tres problemas de salud principales en el medio penitenciario son: las enfermedades mentales, la drogodependencia y las enfermedades infecciosas.

Más de la mitad de los reclusos atendidos, por ejemplo en 1999, solicitó atención por un problema de dependencia. Además, entre el 5 y el 8 % de la población presa padece trastornos psicoactivos crónicos.

En opinión del consejero, las actuales infraestructuras y equipamientos penitenciarios se encuentran obsoletos, son inadecuados e imposibilitan en gran medida una gestión respetuosa con el ordenamiento penitenciario vigente. “El panorama es desalentador si añadimos la inexistencia de Centros de Inserción Social, apenas una única unidad extrapenitenciaria, y los escasos recursos de los Servicios Sociales Penitenciarios para la implementación de alternativas al encarcelamiento”.

“El Gobierno Vasco nunca ha cerrado los ojos ante la lamentable situación de las prisiones que se encuentran en la CAPV, pero ha estado y está maniatado para intervenir o tomar decisiones a pesar del evidente abandono al que se les ha sometido”.

“Somos y hemos sido sensibles a las denuncias, y por ello hemos afirmado que uno de los objetivos básicos de la política penitenciaria debe ser la sustitución a medio y largo plazo, de modo progresivo, de los actuales centros”.

El consejero considera que el resultado final a largo plazo debe ser la clausura de las prisiones actuales, “lo que no implica necesariamente el abandono de las ubicaciones que hoy mantienen”, y la creación de una red de centros de tamaño reducido, adecuadamente territorializados y con características específicas en función de las necesidades individuales.

MODELO PROPUESTO

Azkarraga ha precisado que “a la hora de presentar el modelo que proponemos, conviene detenerse primero en los recursos que el sistema de ejecución penal requiere, tanto en lo que afecta a las penas privativas de libertad como para las que no incluyen ese ingreso en prisión u otro tipo de centros de privación de libertad”.

El análisis que se realizó en julio de 2004 sobre el número de ingresos en las cárceles, permitió constatar que la tasa de encarcelamiento en la CAPV era de 59 personas por cada cien mil habitantes (1.249 personas recluidas respecto a los 2.116.000 habitantes, sin descontar los menores de 18 años y sin tener en cuenta la residencia irregular).

Según el consejero, esta tasa se ampliaría hasta 97 por cada cien mil habitantes si se tiene en cuenta a las 809 personas que en julio de 2004 tenían residencia administrativa en la CAPV pero se encontraban en cárceles situadas fuera de la comunidad. “Una tasa de encarcelamiento inferior a la media estatal, posiblemente motivada, entre otras razones, por la menor tasa de delitos que se registra en la CAPV”, ha añadido.

“Estos datos nos permiten concluir que el número de plazas óptimo del futuro sistema de ejecución penitenciaria (centros ordinarios, abiertos y unidades dependientes) se mueve en una franja entre las 1.100 y 1.500 plazas”, ha señalado Azkarraga, quien ha subrayado que entre el 30 y 40 % de las plazas deberían ser en régimen abierto. (Centros de Inserción Social, unidades dependientes, servicios de deshabituación de drogodependencias u otros). El resto, esto es, de 700 a 1000 plazas, corresponderían al régimen ordinario.

“En función de los números y de los principios que animan el modelo, hemos considerado que se plantea la necesidad de dedicar tres centros de Inserción Social para personas en régimen abierto, con una capacidad de entre 75 y 150 plazas, para hombres adultos y mujeres. Se ubicaría uno en cada territorio y en ellos estarían situados los Equipos de Medio Abierto para la ejecución y seguimiento de penas no privativas de libertad”.

“Queda claro que el funcionamiento del Centro Abierto debe estar basado en programas individualizados de cumplimiento de pena. A efectos de calcular las plantillas precisas para su atención, se puede tener en cuenta que la Generalitat de Catalunya ha estudiado ya la configuración y estimado que es preciso contar con un sicólogo por cada 120 plazas; un trabajador social por cada sesenta, un educador por cada treinta y un jurista por cada 120 plazas”.

La propuesta estima también la construcción de dos nuevos centros ordinarios para hombres adultos penados y preventivos de entre 250 y 350 plazas, o, en su defecto, uno de entre 500 y 700 plazas. Como posibilidad, se contempla que cada centro ordinario se divida de la siguiente manera:

-3 módulos de régimen abierto (120-150 plazas)
-un módulo semiabierto para los que dispongan de permisos de salida (40-50 plazas)
-dos módulos para preventivos
-un módulo de tránsito (40-50 plazas)
-y una unidad libre de drogas (40-50 plazas).

“Se estima, igualmente, que se precisa la construcción de un nuevo centro para hombres jóvenes de hasta 25 o 28 años y con capacidad para entre 50 y 100 plazas; y otro destinado a mujeres, de entre 100 y 150 plazas, con departamentos específicos para preventivas y madres con hijos/as a su cargo”, ha señalado Azkarraga.

“Hablamos, por tanto, de cuatro nuevos centros ordinarios, pero en ningún momento cabe asimilarlos a los que hoy conocemos. Nuestra propuesta no piensa en reproducir los esquemas actuales. Estamos pensando en un cambio en las formas, desde la pura concepción arquitectónica por poner un ejemplo, y en los programas a implantar. Creemos en una forma diferente y nueva de enfocar las relaciones y con un criterio claro que aboga por cambiar de raíz el concepto de seguridad”, ha aclarado el consejero.

También apunto la necesidad de crear dos unidades hospitalarias. Serían una general y otra siquiátrica. Ambas estarían vinculadas a la red sanitaria pública.

Se incluyen la creación de las llamadas Unidades Dependientes previstas en la ley y concebidas como viviendas de pequeña capacidad. Estas unidades se insertan en el entorno comunitario y, mediante convenios con asociaciones o entidades no penitenciarias, permitan formas especiales de cumplimiento a personas clasificadas en tercer grado.

El modelo presentado por el Departamento contempla igualmente la puesta en marcha de tres Equipos de Medio Abierto para la ejecución de penas no privativas de libertad, que se ubicarían en los tres Centros de Inserción Social, y que tendrían como misión prestar auxilio a jueces y tribunales para la ejecución de medidas de trabajo en beneficio de la comunidad, de las medidas de seguridad y las de apoyo a las libertades condicionales, así como las obligaciones derivadas de la suspensión de la ejecución. De forma aproximada apuntamos la conveniencia de contar con 40 educadores/as sociales, 5 juristas, 5 sicólogos y el correspondiente personal administrativo, que se distribuirían territorialmente en función de las necesidades.

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DEFINITORIOS

Joseba Azkarraga ha recordado a la Comisión parlamentaria que su modelo de ejecución penal y penitenciaria se asienta en un principio básico: la persona reclusa está privada de libertad, pero no del resto de los derechos que como ser humano le asisten. De ahí que, según ha dicho, “los elementos nucleares que definen ese modelo estén basados en el respeto absoluto a la dignidad de la persona, la humanidad de las penas, la resocialización, la integración de las políticas sociales en la política criminal, la incorporación de la perspectiva legítima de la víctima al sistema penal en su conjunto, la reducción del uso de la prisión en favor de otras penas, la reducción de algunas de ellas, el cumplimiento en el lugar de residencia, y, por último, la igualdad de sexos”.

A continuación, ha manifestado que su modelo se construye sobre tres ejes:

· La interdisciplinariedad, concebida como el compromiso de varios departamentos como son los de Educación, Sanidad, Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales.

· La integración de políticas sociales, lo que significa considerar como parte de la política penal las políticas educativas, laborales, sanitarias, de igualdad…

· Y la implicación amplia de los agentes del sistema penal, como los Colegios de Abogados o el Poder judicial, y de la sociedad en su conjunto, desde el Ararteko a las ONGs.

“El modelo que queremos para la CAPV defiende también la conveniencia de revisar los sistemas de selección, formación y funcionamiento del personal de prisiones y de ejecución penal en general. Se trata de potenciar una intervención que vaya más allá de la mera vigilancia enfocándola hacia la reinserción social. Por supuesto, consideramos preciso incrementar al máximo la capacidad profesional del personal y dignificar su función como agentes en los procesos de reinserción social”, ha declarado.

“Es evidente que, frente a las macrocárceles, optamos por centros de tamaño reducido y específicos. Consideramos que este tipo de centros es el que permite funcionar de acuerdo con el fin resocializador de la pena y realizar a la vez una gestión eficaz. “ Apostamos por la máxima individualización lo que exige disponer de un conocimiento real de las circunstancias personales y sociales del individuo y por la implicación comunitaria en el sistema de ejecución penal, subrayando el notable trabajo que realizan asociaciones y ONGs para humanizar la prisión”, ha continuado el Consejero.

PROGRAMAS Y RECURSOS HUMANOS

“Partimos de considerar que el modelo a implantar deberá potenciar al personal técnico, que ahora sólo representa entre el 10 y el 15 % de la plantilla de las prisiones. Optamos por reducir el personal destinado exclusivamente a vigilancia. En todo caso, un elemento nuclear será el reciclaje del personal que se dedica a vigilancia (entre el 85 y el 90 %) para otro tipo de funciones”, ha señalado el responsable de Justicia.

Según ha declarado Azkarraga, el modelo debe ofertar programas de tratamiento especializado para aquellas personas que, voluntariamente, quieran acceder a ellos en cuestiones tales como las conductas adictivas o agresiones sexuales y violencia de género. Otro reto para el sistema será dar respuesta a las necesidades de la población extranjera recluida. “Hoy son más de 40 las nacionalidades representadas en las cárceles de la CAPV y brillan por su ausencia servicios permanentes de traducción o programas para facilitar la convivencia intercultural”.

Igualmente, debe tener en cuenta la situación de la persona presa en el momento de salir de la cárcel. “Hay tres necesidades imprescindibles para disponer de garantías de integración social: contar con alguien que le espere, disponer de una vivienda en la que residir y tener un trabajo que le aporte cierta estabilidad económica. Por ello, cualquier programa de apoyo en este ámbito debe trabajar en los tres campos”.

Azkarraga insistió en que garantizar la dignidad y los derechos humanos básicos de las personas en prisión y cumplir con la finalidad reinsertadora de la pena son objetivos básicos e irrenunciables para este modelo.

Fuente: Joseba Azkarraga