Denuncia la negativa sistemática del Gobierno central a traspasar la competencia de ejecución de la legislación penitenciaria y critica que los reiterados intentos del Gobierno Vasco para materializar la transferencia ´se han topado con un muro´
El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, ha expresado su compromiso de apoyo a los agentes sociales que trabajan por la resocialización en el ámbito de la Justicia Penal, como contrapeso de la política penal represiva y regresiva del Gobierno de Aznar.

En su intervención de apertura del Primer Foro de Justicia Social y Penal celebrado en Vitoria-Gasteiz, Azkarraga aseguró que ´la cerrazón del Gobierno central, su política de endurecimiento de penas, el modelo represivo y regresivo que nos proponen, tienen su contrapeso precisamente en el trabajo de las entidades sociales y profesionales que creen en la función resocializadora de la pena´. Así, argumentó que ´la labor de las asociaciones es la esperanza de los presos´ y, en tal sentido, reiteró el compromiso de su Departamento en apoyo de ese trabajo.

El consejero afirmó que este Primer Foro sobre Justicia Social y Justicia Penal constituye un importante punto de encuentro para fomentar el trabajo conjunto de instituciones públicas y agentes sociales y ´desarrollar así una política penal que cuente con el mayor respaldo y legitimación social y atienda, de manera efectiva, a las personas penadas de nuestra Comunidad´.

Azkarraga denunció, además, la negativa sistemática del Gobierno central a traspasar la competencia de ejecución de la legislación penitenciaria, y criticó que los reiterados intentos del Gobierno Vasco y del Departamento para materializar la transferencia ´se han topado con un muro´.

Sin embargo, aseguró que esta situación ´no va a paralizar nuestra obligada función de servicio público´, a través de instrumentos de intervención como el Convenio Marco de 18 de abril de 1994, cuyo desarrollo, según admitió, es todavía escaso. Azkarraga indicó que se han materializado actuaciones como la referente al Programa e Intercambio de Jeringuillas e Intervención en Drogodependencias, pero aún queda mucho por hacer en las seis áreas de intervención previstas: información a personas presas; área educativa; de formación profesional, ocupacional y fomento del empleo; de promoción personal; de atención sanitaria; y de atención social.

El Departamento de Justicia, como responsable de la coordinación, mantiene, en palabras de su titular, la ´apuesta decidida por revitalizar el Convenio para hacer posible la reinserción social y la humanización del cumplimiento de la pena de prisión´. Desveló, en tal sentido, que su Departamento viene intentando desde mayo del año pasado una mayor cooperación con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, mediante la convocatoria de la Comisión de seguimiento del Convenio, aunque de momento, ´no hemos obtenido ni una respuesta positiva ni una actitud de colaboración´, aunque ´no vamos a cejar en nuestro empeño´. ´Estamos decididos a reforzar e implantar cuantas actuaciones puedan redundar en beneficio y mejora de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad´,

No obstante, mostró su convencimiento sobre ´la necesidad de enfocar la Justicia Penal desde una perspectiva humana y social, necesariamente multidisciplinar´. En ese contexto enmarcó la acción de la Comisión Interdepartamental de ejecución penal del Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz, ´una prueba de que el Gobierno Vasco, en su conjunto, se compromete para que todas las cuestiones relacionadas con la ejecución de penas en la CAV se afronten desde una perspectiva unitaria y con la mirada puesta en las necesidades, demandas y problemas de los destinatarios del servicio´.

Fuente: Joseba Azkarraga