Unai Ziarreta Ya va para ocho años desde que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón rellenara el primero de los miles de folios con los que a lo largo de este tiempo ha ido dando forma al sumario 18/98. Era mayo de 1998 y Garzón iniciaba este camino, bien acompañado por los voceros de PP y PSOE, con la criminalización de AEK, coordinadora a la que ligaba con una supuesta ‘‘trama empresarial’’ de ETA. El paso del tiempo acabó dejando las cosas en su lugar y a finales de 2001 la endeblez de sus argumentos obligaba al ‘‘juez-estrella’’ a desistir de relacionar a AEK con ETA.

Lo ocurrido entonces con AEK y después con el caso Jarrai-Haika-Segi, en el que la tesis principal de Garzón también se ha visto desmontada, refleja a la perfección la indignante ligereza con la que el magistrado emigrado temporalmente a EE.UU. ha instruido el macrosumario 18/98, que incluye también las causas abiertas contra Egin, Xaki, Pepe Rei y Ardi Beltza, Gestoras y Askatasuna, Ekin, Josemi Zumalabe Fundazioa y Batasuna.

Ahora, casi ocho años después de aquella inicial actuación contra AEK, está previsto que dentro de una semana, el próximo día 21, comience en la Audiencia Nacional el juicio por este macrosumario: un total de 59 personas imputadas para las que la fiscalía solicita penas que suman 991 años de cárcel. Un juicio que nunca debería empezar, que puede volverse en contra del binomio Garzón-Aznar y que supone la culminación de un proceso judicial durante el que en Euskal Herria se han vulnerado derechos y libertades fundamentales bajo la excusa de la lucha antiterrorista. Y es en este punto en el que una vez más hay que insistir en que no todo vale en la lucha contra el terrorismo, ni aquí ni en ningún otro lugar. El respeto escrupuloso de las libertades y de las garantías propias de todo Estado de Derecho es la única vía, y la mejor, para combatir el crimen, tenga éste el carácter que tenga. Todo lo que sea salirse de esa línea significa un grave retroceso que no sólo pagan los directamente afectados, sino el conjunto de la sociedad, porque son sus derechos y sus libertades, los de toda ella, los que resultan atacados.

El 18/98 es el paradigma de esa forma de actuar contraria a los principios más básicos de la democracia: pruebas inconsistentes, meras convicciones personales, como se hartó de proclamar Mayor Oreja en su funesta época en Interior; acusaciones y peticiones de pena sin pies ni cabeza, como las que tuvo que soportar el difunto Martín Ugalde, por ejemplo, y medidas supuestamente cautelares que en realidad no tienen vuelta atrás, como fueron en su día los cierres de Egin, Egin Irratia, Ardi Beltza y, aunque en otra causa, Euskaldunon Egunkaria. Y es que en realidad el macrosumario instruido por Garzón no es sino el intento de justificar, con una fina capa de barniz jurídico-legal, la tesis política de Aznar contra ETA, el independentismo y, por extensión, el nacionalismo vasco. El poder judicial al servicio del poder político, en definitiva. La muerte de Montesquieu y del principio de separación de poderes.

Los políticos impulsores de este proceso ya no están al frente de los poderes del Estado pero, por lo que se ve, el tan traído y llevado talante aún no ha llegado a la Audiencia Nacional. El juicio está a punto de empezar y durará varios meses. La resolución sólo puede ser una: el rechazo de las tesis de Garzón-Aznar, que tanto daño han hecho a este pueblo y a sus ansias de paz.

Unai Ziarreta es secretario general y portavoz de Eusko Alkartasuna en el Parlamento vasco
Fuente: Unai Ziarreta