El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad
Social del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga, ha anunciado esta mañana
que realizará con firmeza la defensa jurídica ‘de las competencias
vascas frente a la nueva vulneración de las mismas por la Administración
Central en el conflicto de competencias constitucional promovido por el Gobierno
Aznar contra el decreto 117/2.001, de 26 de junio de 2.001 de medidas para la
normalización lingüística de la administración de
justicia de Euskadi’.
‘Se trata del tercer conflicto de competencias y vamos a defender en todos
los ámbitos e instancias la vigencia y validez del Decreto en su integridad.
Espero que el Tribunal Constitucional, al igual que se pronunció en los
dos anteriores conflictos, levante en el plazo de seis meses la suspensión
de los aspectos recurridos’ ha asegurado Azkarraga.
‘Nuestro decreto es un plan de normalización lingüística
para que, en un plazo de diez años, nuestra ciudadanía pueda ver
cumplido su derecho a ser atendida en cualquiera de los idiomas oficiales de
nuestra comunidad y que el servicio de la administración de Justicia
pueda ser ejercido tanto en euskera como en castellano’ ha comentado Azkarraga.
Según el Consejero vasco de Justicia ‘Con su actitud, el gobierno
de Aznar vulnera una vez más los derechos de la ciudadanía vasca
a expresarse y vivir dentro de los dos idiomas de nuestra Comunidad. No se hasta
donde quiere llevar el Gobierno central la crispación y provocar enfrentamientos
sociales en la ciudadanía vasca. Se trata de una actitud obstruccionista
en la adecuación de la administración de justicia a los parámetros
de una sociedad bilingüe’.
Asimismo, Azkarraga ha exigido al Ministerio de Justicia que acelere los trabajos
para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que posibilite
-en el marco de los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Canarias- una auténtica
modernización del servicio público de la justicia y garantizar
la atención a los ciudadanos en las lenguas oficiales en el marco de
los respectivos Estatutos de Autonomía; algo contenido del Acuerdo antedicho
de la Conferencia Sectorial’.
Azkarraga ha instado a todas las instituciones competentes para que remuevan
los obstáculos que impiden esa efectividad real de los derechos lingüísticos
de la ciudadanía de Euskadi en el ámbito de la Administración
de Justicia.
Antecedentes
El día 14 de septiembre de 2.001 el Gobierno Central formuló al
Gobierno Vasco un requerimiento previo para que el ejecutivo de Vitoria Gasteiz
se declarase incompetente para regular esta materia, en el plazo de un mes.
El Gobierno Vasco desestimó en fecha 16 de octubre dicho requerimiento
de incompetencia.
El Consejo de Ministros del día 8 de noviembre consideró no atendido
el requerimiento de incompetencia y acordó plantear ante el Tribunal
Constitucional Conflicto Constitucional de competencias solicitando que dicho
Tribunal declarase que las competencias controvertidas corresponden al Estado
y que se anulasen los preceptos del decreto vasco.
Al mismo tiempo, el Estado utilizó la prerrogativa que le ofrece el artículo
161.2 de la Constitución y, con solo la invocación de ese artículo,
el Tribunal Constitucional necesariamente acuerda la suspensión de la
norma impugnada.
Por esa causa el Tribunal Constitucional ha dictado una resolución que
decreta la suspensión de los Capítulos II, III, IV, V y Disposiciones
adicionales del Decreto recurrido; 11 de diciembre de 2001, notificado al Gobierno
Vasco el día 17 de diciembre.
Ahora, el Tribunal Constitucional dispone de 6 meses para decidir si la suspensión
acordada automáticamente ha de mantenerse en todo o en parte o levantarse
(en el caso del primer conflicto la levantó parcialmente, y en el segundo
totalmente).
Consecuencias
Consecuencias inmediatas: el contenido del Decreto de Normalización,
como consecuencia de esa suspensión, puede utilizarse para hacer la planificación
lingüística, la euskaldunización, asignar prioridades para
las liberaciones, e implantar las experiencias de uso del euskera; pero no podrán
establecerse preceptividades concretas en los puestos de trabajo, por lo que
no existirá propiamente un plan de normalización al no poder actuar
sobre los puestos concretos, y seguirá siendo totalmente voluntario.
El Gobierno Vasco, debido a la nueva actuación del ejecutivo Aznar, no
podrá asegurar la atención en euskera en todos los Juzgados en
el plazo marcado de 10 años, sino que ésta dependerá de
si en ese Juzgado concreto conoce el euskera alguno de sus funcionarios.
En principio, tal como está concebido el Plan, como quiera que el proceso
de euskaldunización se ha afianzado progresivamente en los últimos
años, el cumplimiento de sus objetivos es posible y entra dentro de lo
razonable sin perjudicar el normal funcionamiento de los órganos judiciales.
Así, de los 1.800 funcionarios, correspondería que habrían
de alcanzar el nivel correspondiente a su cuerpo en 10 años, cerca de
800.
En la actualidad más de 500 funcionarios están asistiendo a cursos
de euskera, con diferentes niveles, se han admitido 556 solicitudes en divistintos
tipos de cursos y se están favoreciendo los cursos intensivos de euskera
con liberación del puesto de trabajo. Este año se ha concedido
a 86 funcionarios, y el pasado a 71; y en el mes de febrero de 2.002 se sumarán
otros 41. El número de solicitudes admitidas, supone la asistencia de
un 33 % del número de funcionarios existentes. El incremento de asistencia
producido en 5 años ha sido del 100%.
Jatorria: Eusko Alkartasuna
