Se calcula que en Euskadi hay más de 10.000 personas afectadas por la estafa en la inversión de sellos. Cerca del 60% residen en el territorio histórico e invirtieron una media de más de 12.000€ de los cuales, finalizado el concurso de acreedores, han podido recuperar aproximadamente una cuarta parte. A partir de ahí, la diferencia entre la inversión y lo recuperado, se puede deducir en la declaración del IRPF durante cuatro campañas de la renta. Sin embargo, en Bizkaia, el máximo que se puede incluir en la declaración es del 10%, mientras que en otros lugares es del 25%.

Aranburu se ha solidarizado con las personas afectadas, “de un caso dramático para muchas de ellas”, ha dicho, que llevan litigando para compensar sus pérdidas más de 16 años.

Eusko Alkartasuna ha aprovechado la celebración del Día de Europa para dar a conocer las principales peticiones que va a trasladar a Pedro Sánchez durante la presidencia de la Unión Europea que España asumirá en pocas semanas. El precio de los alimentos y la energía, la lucha contra la violencia de género, la protección de las lenguas minorizadas y el apoyo al pueblo saharaui serán algunas de estas cuestiones.

Lorena López de Lacalle, secretaria de Política Internacional de Eusko Alkartasuna y presidenta de la ALE (Alianza Libre Europea), el único partido político europeo que aúna europeísmo, progresismo y la defensa del derecho de autodeterminación, ha indicado que el actual modelo continental no satisface las necesidades de la ciudadanía vasca”. Considera que “se pueden y se deben hacer más cosas, es necesaria otra Europa y para ellos Sánchez debe emprender acciones claras para cambiar lo que no funciona”.

López de Lacalle ha explicado que, durante la presidencia europea “le vamos a pedir a Sánchez que lidere una Europa que responda allá donde los Estados no llegan o no quieren llegar, como por ejemplo, limitando los precios de los productos básicos o a la energía”. Asimismo, pide que se movilicen los recursos necesarios para la sanidad y la educación sin fronteras. “Y por supuesto, le vamos a pedir una Europa que apruebe con urgencia la nueva directiva sobre violencia de género”, ha enfatizado.

Además, tanto Eusko Alkartasuna como la ALE pedirán a la presidencia española “una Europa que fomente y proteja la diversidad lingüística de todos los pueblos de Europa para que la salud de nuestras lenguas no dependa de las siglas de los gobiernos de turno”.

En el ámbito internacionalista EA pondrá énfasis en una Europa que impulse el reconocimiento de Kosovo y su integración en la UE, así como en el apoyo al pueblo saharaui en su lucha por la independencia.

El trabajo iniciado por Agirrezabala en 2011 ha tenido continuidad de la mano de Eba Blanco, parlamentaria de EH Bildu y secretaria general de Eusko Alkartasuna, que ha acudido al Congreso en dos ocasiones a defender la propuesta.

Según Blanco, “este fondo nacerá con una dotación de 25 millones de euros gracias a una enmienda de EH Bildu en los Presupuestos Generales del Estado y ayudará a víctimas y familias a no tener que luchar por sus derechos en los juzgados, con el coste que ello acarrea, tanto en lo económico como en lo personal”.

Leire Pinedo, miembro de EA y parlamentaria de EH Bildu, ha defendido la postura de su grupo en el debate de la iniciativa –presentada por Podemos y acordada con la coalición y el PSE-, durante el cual ha subrayado que “el problema no son los presupuestos de 2018, como no lo son los de 2017; el problema es el modelo de presupuestos en vigor en el Estado español, basado en una austeridad extrema y mal entendida”.

El objetivo del modelo, ha dicho la parlamentaria, es “llevar el sector público, las políticas públicas, a su mínima expresión: Estos Presupuestos del Estado tienen un gasto público inferior respecto al PIB incluso que el año 2007, incluso que el año 2007”.

La derecha vasca y española, PNV y PP, han votado en contra de la iniciativa, si bien los jeltzales han apoyado un punto en el que se remite a una moción aprobada anteriormente en la Cámara Vasca.

Deuda faraónica. La deuda total de la Comunidad Foral asciende aproximadamente a 3.500 millones de euros, lo que supone un 20% del PIB. Es decir, 5.500 euros por habitante. En 2016, el Gobierno del cambio debe hacer frente a 104,4 millones por los intereses de la deuda pública generada durante los años de gestión de UPN.

Reyno Navarra Arena. Un recinto para unas 12.000 personas, con una pista auxiliar, un avanzado sistema de gradas, un frontón incorporado y palcos vip… Pero después de 58 millones gastados, la administración foral no sabe qué hacer con él. El faraónico y ostentoso proyecto permanece cerrado y vallado. Sólo la vigilancia y el mantenimiento cuestan 300.000 euros anuales. Y aún queda pendiente un gasto de 6 millones de euros para habilitar la nueva sede de las federaciones deportivas, y faltan 1,5 millones para equipamiento básico. Además, recientemente se ha conocido la existencia de tres reclamaciones por valor de 5 millones de euros. Es decir, este megalómano pabellón requiere todavía más de 12 millones de euros.

Circuito de los Arcos. UPN y PSN, en el año 2010, sin tener firmada la celebración de ninguna carrera de prestigio internacional, decidieron “invertir” 43 millones de euros en un circuito de velocidad por el que hasta la fecha sólo corre el despilfarro. Para equilibrar las pérdidas, el Gobierno tendrá que invertir durante, al menos, los próximos 10 años 7 millones de euros al año. Hablamos de un proyecto que genera pérdidas y que ha tenido que ser arrendado al sector privado. Pero el presidente de UPN Javier Esparza se atreve a afirmar que el Circuito de Los Arcos, en el que se han perdido ya más de 60 millones de euros, aporta a Navarra “un balance positivo”.

TAV. El coste del TAV en Navarra se cifra en torno a los 4.000 millones de euros, y venía unido al plan urbanístico de Etxabakoitz, que preveía una nueva estación de tren y 8.130 viviendas, con un presupuesto de 130,1 millones. Pero el TAV hace aguas por todas partes. Esta obra es un derroche económico sin sentido, un tren chu-chu de 65km sin conexiones con alta velocidad, un tren que no llevará mercancías, que ahorraría escasos minutos en los trayectos, que ni es rentable ni tiene ninguna utilidad social para la mayoría de los navarros. Hablamos de un tren deficitario, que requiere de financiación pública de por vida para que sea mínimamente competitivo. Ciertamente, el convenio firmado por UPN con el Estado es tan gravoso para el erario público que convierte a la comunidad navarra en la única en anticipar el coste de una obra que pertenece al Estado; 30 millones de euros adelantados sin garantía de cobro.

Peaje en la sombra. Navarra destinó en 2014 un total de 66,4 millones para sufragar las obras financiadas por el polémico sistema del peaje en sombra, una suma que supone la friolera de aproximadamente 182.000 euros diarios. El peaje a la sombra es una fórmula para sufragar grandes inversiones públicas que permitió al Gobierno acelerar la realización de varias obras a cargo de las constructoras, obras por las que ahora debe afrontar un canon anual en función de su uso. El total del canon pagado por las tres infraestructuras –Autovía del Pirineo, Autovía del Camino y Canal de Navarra– entre 2007 y 2014 asciende a 406,4 millones de euros.

Canal de Navarra. El último tramo adjudicado cuesta 147,5 millones, pero su financiación con la fórmula del peaje en la sombra incrementará el coste de manera desorbitada hasta los 592 millones, a pagar en 30 años. Es más, entre los múltiples compromisos de pago heredados de UPN, el Gobierno del cambio tiene nada menos que 203,54 millones que deberán destinarse al Canal hasta 2019. De ellos, 33,2 deben sufragarse este mismo año. Por algo se dice que es el agua más cara del mundo.

CAN. El escándalo de la CAN evidenció que entre 2009 y 2012 el régimen despilfarró 1.000 millones de euros por una gestión desastrosa, que se plasmó en expansiones sin sentido, gastos e inversiones desproporcionados, decisiones ruinosas, patrimonio perdido, dietas, viajes y regalos ostentosos etc. Una aventura de UPN que descarriló, y trajo consigo la desaparición de Caja Navarra. Un asunto todavía pendiente de tratar en la Comisión de Investigación que se debe retomar cuanto antes en el Parlamento de Navarra, para que se conozca toda la información y se depuren responsabilidades. Porque los penosos capítulos de la CAN no tienen fin. El último ha sido la pérdida de 19,6 millones de euros, en la compraventa de las acciones de Iberdrola.

Otros proyectos estrellados… En el Museo de los Sanfermines se malgastaron 6,37 millones de euros por una obra que no se ha hecho. Estas semanas hemos sabido que hay que afrontar el pago de 48,3 millones de euros, agujero que dejó UPN en torno a la Ciudad del Transporte. ¡Ah! Y no olvidemos los 72 millones de euros de ingresos perdidos en 2016, como consecuencia de la reforma fiscal aprobada por UPN, PSN y PP antes de abandonar su chiringuito foral.

Más de 9.500 millones de euros. Equivalente a más de 26 millones de euros diarios durante todo un año. Más de 15.000€ por persona. Esta es la factura que nos deja UPN tras su gran estafa –como siempre posible gracias al fiel apoyo del PSN–. Casi nada. Y la saga continúa. UPN avala también la gestión del PP de Mariano Rajoy, plagada de innumerables, graves y desvergonzados casos de corrupción que estamos conociendo día a día. Queda claro que la cosa aquí va de lo que va: una derecha caciquil, despilfarradora y corrupta.

FIRMA:
Eva Aranguren
Portavoz de la Comisión Territorial de EA en Navarra

Blanco, no obstante, aprecia carencias en el dictamen aprobado hoy, fundamentalmente falta de concreción en sus conclusiones y recomendaciones. Aun así, explica, ha dado “prioridad a lograr un acuerdo de mínimos para evitar el riesgo de eternizar el debate sin ningún resultado tangible”. A su juicio, entre otros elementos, el informe debería concretar las patologías a indemnizar, la cuantía de la indemnización y la financiación del Fondo, temas todos ellos a aclarar y concretar en adelante. En relación con el sistema de financiación, Blanco adelanta su apuesta por el modelo del Estado francés, donde existe un organismo público financiado por el Estado (10%) y la Seguridad Social a través de cotizaciones empresariales fundamentalmente (90%).

Tal y como explica Arri Zulaika, parlamentaria de EH Bildu y militante de EA, en el origen del problema está que en el concurso de adjudicación del servicio el Gobierno vasco no puso como condición que la empresa que resultara adjudicataria debía aceptar la subrogación del personal de los KZgune. Por eso, para evitar que en el futuro puedan repetirse casos como el que sufren ahora los y las trabajadoras de los KZgune, EH Bildu ha solicitado a Lakua que en próximas adjudicaciones introduzca ese requisito en los pliegos de condiciones, algo que también han rechazado PNV y PP.