Cumplido el año de legislatura en el Ayuntamiento de la capital alavesa, el grupo municipal de EH Bildu sigue poniendo los intereses de la ciudadanía por delante de todo en su labor política. La prueba más evidente es que en enero alcanzó un acuerdo presupuestario de seis millones de euros con el gobierno de PSE y PNV basado en aumentar la protección social.

PNV y PSE pactaron para que no gobernáramos habiendo ganado nosotras las elecciones. Sumar otras mayorías es lícito y democrático. De hecho, EH Bildu lo hizo con ellos para que Maroto y el PP no gobernaran el municipio, que es lo que pedía la mayoría de la ciudadanía. Pusimos sus intereses por delante de los nuestros. Nueve años después lo seguimos haciendo, entre otras cosas al acordar los presupuestos porque mejoran la vida de la gente.

No obstante, tener la mano siempre tendida para el diálogo y el entendimiento entre diferentes planteamientos políticos, es totalmente compatible con la labor de fiscalización del gobierno que corresponde al principal grupo de la oposición. En este sentido, ha habido puntos negros en la gestión de PSE y de su socio el PNV.

El caso del Gasteiz Antzokia, es un ejemplo. Hemos perdido otros dos años porque el gobierno ha atascado la situación. Llevamos dieciséis años de retrasos desde que el concejal de EA Antxon Belakortu propuso por primera vez un equipamiento público municipal dedicado a la promoción y fomento del euskera, por fin se ha llegado a un acuerdo. La deuda imputada a Lazarraga Elkartea, la asociación gestora, ha sido generada por los retrasos del gobierno, pero quizás es mejor un acuerdo imperfecto que no tener ninguno y seguir sin un referente público para nuestra lengua.

Trabajamos con la convicción de que las y los gasteiztarras confían en el trabajo del grupo municipal de EH Bildu. Nuestras prioridades son aumentar la protección social ante los recortes austericidas de la derecha, mejorar el acceso a la vivienda, avanzar en la transición energética e impulsar la economía local y el empleo. Los buenos resultados electorales van avalando que la ciudadanía percibe que en el grupo municipal de EH Bildu hacemos lo que decimos porque nuestra prioridad son los intereses de las y los vecinos de Gasteiz.

El Tribunal Supremo acaba de ratificar la sentencia de 12 años de cárcel para el que fuera número dos del PNV en Álava, Alfredo de Miguel. Por tanto, se confirman los delitos de tráfico de influencias, inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales. El fallo confirma que tanto él como el resto de los acusados de la ejecutiva alavesa del partido, se aprovecharon de sus puestos y de sus influencias para cobrar comisiones a través de la adjudicación de diversos contratos de obras y servicios.

La Secretaria General de Eusko Alkartasuna, Eba Blanco, reclama que con la sentencia firme sobre la mesa el PNV asuma inmediatamente su responsabilidad política. “La sentencia del Supremo confirma que el PNV es un partido tocado por la corrupción como el PP y tienen que dar explicaciones a la sociedad. Hasta ahora han estado protegiendo a un presunto corrupto. De Miguel va a entrar en prisión, pero si a partir de hoy no tiene consecuencias en el partido, estarán protegiendo a un corrupto con todas las letras”, manifiesta. De hecho, desde que se destapó el caso en el 2010, el PNV nunca apartó del partido a De Miguel ni a otros detenidos e imputados. Él mismo pidió meses más tarde la baja voluntaria junto con otros acusados.

Blanco recuerda que “ya dijimos que, por ética y decencia, hasta el fallo del Supremo, había que poner un cordón sanitario sobre el condenado y apartarlo de una de las gerencias de la sociedad pública HAZI, pero en Sabin Etxea lo han mimado hasta el final”. La máxima responsable de Eusko Alkatasuna apunta que “sus bases les acaban de pedir que acaben con el amiguismo, pero esto es corrupción. Ni su militancia entendería que no tuvieran tolerancia cero con la corrupción, aunque el condenado sea de los suyos”.

Eusko Alkartasuna ha rechazado que el PNV mantenga a Alfredo de Miguel, ex número dos del partido en Álava y condenado por la Audiencia Provincial de Álava a 13 años por malversación de dinero público, al frente de unas de las gerencias de HAZI, la sociedad pública del Gobierno Vasco para el desarrollo rural y litoral.

La Secretaria General Eba Blanco ha manifestado que “como vemos, el PNV también protege a sus manzanas podridas, así es que con esta actitud, que Ortuzar explique cuáles la diferencia entre su partido y el PP”. Ha añadido que “no hay que entrar a debatir si el convenio de HAZI permite el despido o no, tras la sentencia de la Audiencia Provincial lo más limpio es poner un cordón sanitario a De Miguel y apartarlo de la entidad pública hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie”.

Además, según Blanco hay otra derivada grave en este asunto. “De Miguel está haciendo de embajador de la Costa Vasca, de agricultores y de pescadores decentes a los cuales no representa. Menuda imagen estamos dando fuera. Es intolerable y deben sacarlo de ahí”.

Precisamente, una de las conclusiones de la campaña “Entzunez Eraiki” para escuchar la voz de las bases del PNV fue “contrarrestar cierta imagen de amiguismo” en su gestión de las instituciones vascas. “Pues vamos bien, la primera en la frente. Dejan a De Miguel gestionando ayudas públicas y tramitando denuncias por fraudes. Es meter al zorro en el gallinero”, ha apostillado Blanco.

En primer lugar, “la diversidad de hogares que existen y por lo tanto la necesidad de adaptarnos a la realidad y así poder adoptar las medidas necesarias para avanzar hacia medidas de apoyo”.

Y en segundo lugar, la necesidad de “atender a criterios de progresividad y renta a la hora de adoptar cualquier decisión o cambio ya sea en política fiscal, convocatorias de ayudas…”

En este sentido Nerea Martínez ha defendido una “universalidad progresiva: se deben garantizar servicios y prestaciones para todas las familias, con particular atención a aquellas que tienen mayores necesidades aplicando para ello un enfoque progresivo”.

“En la actualidad, hay determinadas multinacionales que, teniendo ingresos desorbitados, pagan por el Impuesto de Sociedades lo mínimo y en muchos casos, 0 €”, ha denunciado.

Nerea Martínez ha recordado que “ante esta injusticia, la OCDE impulsó una iniciativa en octubre del año pasado para imponer un tipo mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades, a partir del 2023, a las Empresas que facturan más de 750 millones de euros”.
“Por otra parte, el artículo 59 de la NF 37/2013, reguladora del Impuesto de Sociedades de Araba, establece que la cuota real no podrá ser inferior al 17% de la base imponible con carácter general. Pero, en la práctica, este mínimo no se cumple, puesto que las deducciones de los artículos 62-64 y el 65 quedan excluidas de ese límite”, ha señalado.

Por todo ello ha reclamado que “uno de los objetivos en materia tributaria que toda Administración debe tener en cuenta es que hay que hacer frente a la elusión fiscal. Acotar el límite de las deducciones para evitar que se usen artimañas fiscales legales para dejar de tributar por lo que realmente se debe pagar”.

En este sentido, Nerea Martínez ha señalado que “ante este escenario de emergencia económica desde EHBILDU entendemos que se tienen que adoptar medidas que faciliten y permitan a las contribuyentes alavesas, incluidas, las personas autónomas, el alivio de la situación de los sectores más vulnerables de la economía”.

“Hay en determinados casos, en los que se están produciendo retrasos en la devolución y estos retrasos están creando serias dificultades económicas en algunas personas contribuyentes, en la mayoría de los casos trabajadoras autónomas”, ha denunciado.

“Desde EHBILDU entendemos que la Diputación tiene que facilitar las cosas y en este sentido siempre cabe un margen amplio de mejora. En ese sentido va la enmienda que hemos presentado. Por un lado, creemos conveniente que se tienen que poner en marcha todas las herramientas que fuesen necesarias para solventar posibles correcciones. Pero además se tiene que posibilitar cualquier otro mecanismo que sirva para poder resolver los problemas que vayan surgiendo y cumplir con los plazos marcados”, ha señalado.

EH Bildu aboga por la soberanía plena, también en el ámbito fiscal, “porque solo de esa manera podremos avanzar hacia una sociedad más justa, más equitativa, solidaria, que sea la base para garantizar el Estado de bienestar y que tenga capacidad de corregir las desigualdades, cada vez más acentuadas en la ciudadanía vasca y la sociedad alavesa”.

Entrando en materia concreta, la procuradora ayalesa ha considerado que la moratoria del tipo impositivo de los vehículos por medio del impuesto de matriculación y que se estable en función de las emisiones contaminantes de cada vehículo se queda corta: “Nos hubiese gustado que se hubiese extendido más en el tiempo”.

Por otro lado, con respecto a la prórroga de 3 meses del tipo impositivo del Impuesto especial sobre la electricidad, ha calificado la propuesta del Gobierno foral de “inocente, ya que creer que exonerando tres meses más a las eléctricas del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica no va a servir para que las empresas que forman parte del oligopolio eléctrico puedan volver a ofertar a precios más competitivos, es sencillamente ingenuo”. Martínez Cerrillo ha criticado que se rebaje los impuestos de las eléctricas “para que puedan seguir teniendo grandes beneficios económicos”.

De hecho, EH Bildu se muestra a favor de eliminar paulatinamente la reducción e insiste en la necesidad de hacerlo basándose en un estudio realizado desde la perspectiva de género. Martínez añade que esta decisión tendría que acompañarse de “alternativas, incentivos fiscales, para que en ningún caso esta medida suponga una mayor carga fiscal de las familias”.

Voces expertas han declarado ya que “la declaración conjunta introduce un importante sesgo de género en el sistema fiscal porque favorece fiscalmente a las familias que siguen el modelo tradicional de sustentador principal y esposa dependiente”.

La propia EH Bildu trabajó en esta vía en la legislatura 2011-2015 desde el Gobierno foral de Gipuzkoa, cuando propuso la eliminación de la declaración conjunta “por discriminar a las mujeres, dificulta su acceso al mercado laboral y les condena a perpetuarse como amas de casa”. En ese momento, el 83,4% de las declaraciones conjuntas era realizadas por hombres que declaraban sus rentas y en la que la mujer figuraba como “esposa dependiente”.

En el mismo Pleno ordinario realizado hoy, Nerea Martínez ha reivindicado la soberanía de Euskal Herria, “política y, evidentemente, también en materia económico-fiscal”, en un punto en el que se han convalidado medidas sobre el IVA en determinados sectores. Medidas que “más allá de si son adecuadas o no, se han tomado en instituciones ajenas a Araba y Euskal Herria”.

La moción presentada por EH Bildu pedía que la Diputación realice en un plazo de medio año un inventario de los bienes inmatriculados en Araba, así como que la institución ofrezca a ayuntamientos y concejos colaboración para que puedan reclamar esos bienes, si así lo estiman conveniente. Por otra parte, EH Bildu ha interpelado directamente a la Diócesis de Gasteiz para que revierta de manera voluntaria los bienes inmatriculados a su situación anterior y, en caso de querer matricularlos de nuevo, lo haga según lo establecido legalmente.

Martínez ha realizado una extensa explicación de la historia que ha permitido a la Iglesia Católica convertirse en uno de los mayores propietarios inmobiliarios del Estado, inmatriculando de forma ilícita muchas propiedades que, en la mayoría de los casos, eran propiedad pública, de los pueblos.

La Iglesia Católica inmatriculó entre los años 1998 y 2015 casi 35.000 bienes en el Estado, en su mayoría, 89 de los cuales están en la CAV y 48 en Araba, según datos ofrecidos por Martínez