En Araba se disfruta de uno de los mayores parques de residencias públicas del Estado español, un 40% de las plazas residenciales son de gestión pública directa. Algo positivamente extraño en el Estado español dado que, a nivel estatal, el PSOE artículo en los años 80 un sistema clientelar de prestación de servicios sociales por la vía de las subvenciones.
A partir de 1998 la situación cambia, comienza la privatización de la red de residencias de Araba. Esto se está realizando bien por la vía empresarial, mediante empresas de servicios, o bien por la vía del asociacionismo institucional.
Pues bien. Como burgalés de nacimiento que ha estado en el asociacionismo y el llamado Tercer Sector de esa ciudad castellana, digo que esa vía solamente conduce a que los precios de las plazas residenciales para las personas socias aumenten a unos 1.000 euros al mes y que algunas familias tengan que sacar a su familiar dependiente de la residencia. También, conduce a que la Administración, (en el caso de Burgos, la Junta), tenga que rescatar a algunas de las asociaciones que crean residencias al no poder soportar los gastos que generan esas instalaciones.
Por otro lado, Araba no es la provincia de Burgos, el tejido asociativo institucional o asistencial de Burgos es mucho mayor lo que ha permitido una privatización por la vía asociativa. Sin embargo, en el caso de Araba, no existe ese tejido asociativo, lo que llevaría a este territorio a la vía de las empresas de servicios. Estas empresas, empresas como EULEN o Grupo Norte, aglutinan en sus catálogos servicios sociosanitarios y de atención a la dependencia con otros servicios como la seguridad privada.
Pienso que el Diputado General de Araba, el Sr. Ramíro González Vicente, también de procedencia burgalesa, quiere imitar el modelo de esa ciudad. ¿Un ataque de nostalgia infantil? Quién sabe. Pero, como ya he dicho, este modelo no es exportable a Araba. En Burgos la excusa de las autoridades para la privatización es poner en manos de las asociaciones la gestión de los servicios del colectivo. Sin el tejido asociativo que existe en Burgos, ¿cuál es la excusa del Sr. González para privatizar uno de los mayores parques de residencias públicas del Estado español mediante las bajas exigencias para la concertación de plazas públicas? Estas exigencias son mucho más bajas que las de Gipuzkoa y Bizkaia.
Por último, pero no menos importante, por ese mismo hecho diferencial, las trabajadoras y los trabajadores de las residencias de Araba necesitan un convenio colectivo propio. No se puede dejar desprotegidas y desprotegidos a estas trabajadoras y trabajadores ante la ofensiva privatizadora. Cuando algo es bueno hay que conservarlo e imitarlo, no acabar con ello.