Mikel Irujo Amezaga. Abogado y miembro de Eusko Alkartasuna

Hace pocos días fue portada en diversos medios de comunicación que ´La Unión Europea dice no al Plan Ibarretxe´. Esta afirmación tiene muy poco de verdadera. La Unión Europea y sus instituciones siguen siendo muy desconocidas por la opinión pública, y es por ello que hacer demagogia con este tipo de cuestiones resulta muy fácil. Como se explicará en este artículo, la respuesta que la comisaria Loyola de Palacio dio a la eurodiputada Rosa Díez no implica en absoluto que el Plan propuesto por el Gobierno Vasco no tenga encaje en la UE.

Todo diputado del Parlamento Europeo tiene derecho a formular cuantas preguntas quiera a la Comisión Europea. Éstas pueden referirse a temas tan diversos como una central nuclear, la situación lingüística en determinadas zonas o el Plan Hidrológico de algún Estado miembro. Las respuestas de la Comisión carecen de fuerza legal, es decir, la Comisión debe responder sobre acciones que ha realizado o va a realizar y debe abstenerse de dar opiniones. Más aún, la Comisión no tiene ninguna potestad para interpretar los Tratados constituyentes de la Comunidades Europeas, la facultad de interpretar el derecho comunitario es exclusiva del Tribunal de Justicia (art. 220 del TCE). En definitiva, las respuestas de la Comisión carecen de fuerza legal y, por si fuera poco, según el derecho comunitario, la Comisión no es quien para interpretar si el Plan Ibarretxe tiene o no encaje en la UE.

La pregunta que formuló la Señora Díez a la Comisión sobre si los Tratados Comunitarios servían de base o amparaban el referido Plan, tuvo una lógica respuesta por parte de la Comisión Europea: ´No´. Por supuesto que el derecho comunitario no ampara este plan, esto no supone ninguna sorpresa. Pero lo que también debe quedar claro es que el ordenamiento comunitario no se opone en ningún modo al mismo.

La Unión Europea es una unión de Estados que libremente han decidido compartir soberanía entre ellos para crear un mercado común y desarrollar conjuntamente un determinado número de políticas. En ningún caso es competencia de la UE la organización interna de los Estados que la componen o la de sus entes sub-estatales, naciones sin estado o regiones. El artículo 5 del Tratado de la Comunidad Europea establece que ´la Comunidad (Europea) actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuye el presente Tratado…´. En pocas palabras, a la UE ni le va ni le viene esta propuesta del Gobierno Vasco, puesto que se trata de un planteamiento sobre la organización política interna de un Estado miembro, y sobre algo así la UE carece de competencias.

Por si todo esto fuero poco, en la Unión Europea tenemos un caso muy reciente de cambio de status político: Irlanda del Norte. Los acuerdos de Viernes Santo de 1998, celebrados en el Palacio de Stormont, reconocieron literalmente el derecho a la autodeterminación de Irlanda del Norte (posibilidad de celebrar referéndum con un intervalo de 7 años). También reconocieron la posibilidad de ostentar la doble nacionalidad británica o irlandesa a sus habitantes… Podría suceder en unos años que Irlanda del Norte se unificara a la actual República de Irlanda, es decir, que dejara de pertenecer al Reino Unido.

Ante todos estos acontecimientos, el ordenamiento comunitario nada tenía que decir, ya que no le compete. ¿Qué actitud tomó la Unión Europea ante esta situación? No sólo apoyó políticamente los acuerdos, sino que rápidamente se creó un programa comunitario llamado Peace que destina anualmente varios millones de euros a esta región norirlandesa.

Otro tanto podríamos decir de aquellos Estados europeos que han establecido mecanismos de representación directa de sus naciones sin estado o regiones ante las instituciones europeas. Los Länder alemanes y las regiones belgas obligaron a sus Estados a modificar el artículo 203 del Tratado de la Comunidad Europea para poder estar directamente representados en la UE. Reino Unido, Bélgica, Alemania y Austria son buen ejemplo de lo que decimos. Claro que, lo que en otros países se considera lógico y de sentido democrático, en Madrid se tacha de locura.

Con esta última polémica sobre el encaje de la propuesta del Gobierno Vasco, nos encontramos una vez más ante la demagogia descarada de quien, a falta de argumentos sólidos, emplea la manipulación como argumento. Como hemos dicho, en ningún caso la UE ha negado la viabilidad de dicho plan, en primer lugar porque la Comisión no es quién para hacerlo; en segundo lugar, porque el ordenamiento comunitario no es competente para fiscalizar la organización interna de los Estados; y en tercer lugar, porque teniendo tan reciente el ejemplo irlandés, es obvio que la UE no ha obstaculizado dicho proceso, sino que lo está favoreciendo con millones de euros anuales. Como siempre, lo que falla no es el derecho, sino la falta de voluntad.

Fuente: Eusko Alkartasuna