Gorka Knörr. Secretario General de EA

Otra actuación de Garzón. No le bastó al juez estrella con la boutade de sacarse de la manga que Udalbiltza habría llevado a cabo la labor de elaboración de las listas de AuB por encargo de ETA. No. Tenía que hacerse ver ­una vez más­ sacando la cabeza antes que sus contrincantes del Constitucional, y llevar a cabo una ridícula operación de entrada en una imprenta pamplonica, donde se estaban imprimiendo papeletas electorales de AuB ­y del resto de las formaciones­. Los cargos: impresión de papeletas de una agrupación electoral ilegal (aunque en ese momento todavía no formalmente invalidada por el Constitucional), y ­lo más sorprendente­ ¡colaboración con banda armada!

El asunto tiene su miga, teniendo en cuenta que la citada empresa realizaba el trabajo por cuenta de la Delegación del Gobierno español en la Comunidad Foral de Navarra. O sea, el Gobierno de Aznar colaborando con la banda armada ETA. ¡Hasta dónde vamos a llegar!

Alguien podría hacer entonces la pregunta de en qué manos estamos. Pues en ésas. En las de un juez al que algunos ­mayormente los firmantes del Pacto Antiterrorista­ le ríen las gracias, recordando aquello de que fue el que se las puso tiesas a Pinochet. Ante esto, poco parecen importar los sucesivos desastres de sus no menos sucesivas y rocambolescas instrucciones judiciales, o el juicio que este personaje merece, en privado, en los aledaños de la Audiencia Nacional. Pero es el mismo individuo que fue en las listas del PSOE y que en el momento en que no lo hicieron ministro abrió el cajón donde guardaba ­¿desde cuándo, por qué, para qué?­ los secretos del GAL. Un individuo que al calor de las movilizaciones contra la guerra de Iraq levanta el dedo acusador contra Aznar y su gobierno, y llega a decir en el mitin de Madrid: ‘‘la calle ha dictado su sentencia’’. O sea que la calle, las movilizaciones ciudadanas, pueden sentenciar contra Aznar. ¿Y las manifestaciones contra su ya famoso sumario 18/98? ¿Y contra el cierre de Egunkaria? ¿Y contra la Ley de Partidos y los autos de los pasados meses de agosto y setiembre? ¿Eso no sirve para dictar sentencia? Las calles vascas, rebosantes de una ciudadanía pacífica e indignada con las actuaciones de Garzón y Del Olmo, llenas de ciudadanos y ciudadanas que rechazando a ETA no están por el trágala judicial y el socavamiento impúdico de las libertades, ¿ésas no cuentan a la hora de legitimar o deslegitimar actuaciones de los políticos y representantes institucionales?

Como miembro de la Mesa del Parlamento vasco, como vicepresidente primero de nuestra máxima institución representativa, estoy, a estas alturas, curado de espantos. Que un parlamentario del PP nos amenace (o nos advierta, como corrigió después) con la cárcel por entender que no acatamos una decisión judicial, ya no me sorprende. Ni tampoco que el delegado del Gobierno español en la CAV, Enrique Villar, adelante nuestra inhabilitación y vuelva a las andadas, entre otras cosas porque este caballero no sabe hacer otra cosa (recuérdese su manifestación de que no nos pasaría información para la lucha antiterrorista porque éramos un Gobierno que colabora con los asesinos). De manera que habrá que esperar que el Tribunal Supremo nos conmine a disolver el grupo parlamentario de quienes fueron elegidos por Batasuna y que conforman el Grupo ABGSA en el Parlamento vasco, y, consecuentemente, prepararse para la campaña mediática habitual en estos casos.

Es claro que instar coactivamente a esa disolución se trataría de una barbaridad, más allá de los deseos que pudiera albergar cada uno. Y lo sería porque, como ya señalaba el fiscal general del Estado, señor Cardenal (a día de hoy, todavía no miembro del entramado etarra), en su informe de 28 de noviembre de 2002, ‘‘…conviene traer a colación la falta de identidad jurídica entre partido político y Grupo Parlamentario, pues sin perjuicio de reconocer la estrecha relación que media entre ambos, lo cierto es que se trata de dos entidades jurídicamente diferentes’’ (STC 64/2002). Y añadía el mismo Cardenal, tras recordar el principio de autonomía parlamentaria, que una eventual decisión de disolver el grupo de los Otegi y compañía ‘‘debe ser adoptada en el marco de la normativa parlamentaria’’, y, más adelante: ‘‘en el caso que nos ocupa (se refiere al Parlamento vasco y a las Juntas Generales) no se contiene en sus respectivos reglamentos norma alguna que permita la suspensión de un grupo parlamentario, más allá de la desaparición o disolución de los mismos si como consecuencia de la separación de alguno de sus componentes el grupo no conserva la mayoría de sus miembros originarios…’’. Y finalmente, el fiscal general del Estado sentencia: ‘‘Tampoco parece, en principio, posible acudir al instrumento que proporcionan las resoluciones de carácter general de la presidencia de las respectivas cámaras, pues éste es un mecanismo previsto para interpretar el reglamento existente, pero no para modificarlo’’.

Hay otra cuestión no menos curiosa, cuando el gobierno del PP y sus aliados socialistas se empeñan en invocar la secuencia Ley de Partidos-Tribunal Supremo-Disolución de Grupos Parlamentarios como un proceso democrático e inobjetable. El propio fiscal general de Estado, en su escrito de 28 de noviembre, dice textualmente: ‘‘Por otra parte, la reciente Ley Orgánica 6/2002, de 27 de Junio, de Partidos Políticos, al regular, en su artículo 10, la medida de suspensión judicial de partidos políticos, no la hace extensible a los Grupos Parlamentarios, sin duda por cuanto que el propio legislador reconoce que estamos en presencia de dos realidades jurídicas diferentes’’.

¿A qué viene entonces tanta amenaza contra el Parlamento vasco, su presidente y miembros de la Mesa? Para el PP y su perrito faldero, el PSOE, sigue valiendo todo con tal de seguir atacando y denigrando nuestras posiciones políticas, y sembrando entre la opinión pública española la especie de que el nacionalismo vasco está en connivencia con el terrorismo y con quienes no lo denuncian. Lo han hecho estos últimos años y lo seguirán haciendo, pues ése es el ‘‘leit motiv’’ del llamado Pacto por las libertades y contra el terrorismo. A mayor gloria del aznarismo y de la bolsa electoral en España, nos amenazan, nos advierten y atropellan. Bajo la excusa del terrorismo, una nueva Triple A se abate esta vez contra el nacionalismo democrático vasco.

Fuente: Gorka Knörr