Gorka Knörr. Secretario General de Eusko Alkartasuna

El pasado día 18 de Diciembre, y como consecuencia de la inquietud suscitada en el seno de lo diferentes grupos políticos – y, singularmente, en el Grupo Verdes/Alianza Libre Europea, que fue el que solicitó solemnemente que se creara una Comisión de Encuesta- se celebraba en el pleno del Parlamento Europeo un debate sobre la crisis del “Prestige”.

En ese debate hubo quienes se pronunciaron claramente a favor de constituir una Comisión de Investigación; oradores verdes (Monica Frassoni, Dhaene) y de la Alianza Libre Europea (formación a la que pertenece EA), como Camilo Nogueira; algunos liberales –como el flamenco Sterckx o el italiano Costa; y socialistas, como por ejemplo, el inglés Brian Simpson, o el portugués Vairinhos. También tuvo una intervención enérgica Rosa Miguélez, socialista gallega, de la que copio unas líneas de su intervención: “el Grupo del PPE en esta Cámara persiste en negarnos la posibilidad de esclarecer lo ocurrido, de evaluar los daños, de proponer programas de emergencia y de gestión de crisis a nivel europeo que puedan servir a todos los europeos”.

A continuación, Rosa Miguélez se quejaba amargamente del tono empleado minutos antes por el portavoz del PP, Gerardo Galeote, quien había reprochado a los socialistas españoles su falta de solidaridad con el gobierno español: “Compatriota no es lo mismo que cómplice, y no queremos ser cómplices. No nos insulte pidiéndonos complicidad con las decisiones de un Gobierno que durante un mes ha intentado minimizar esta catástrofe y que ha sido incapaz de movilizar a las instituciones comunitarias”.

Los distintos oradores de la Izquierda Unida Europea, incluído el español Salvador Jové, centraron su crítica en la necesidad de una normativa severa para combatir los desmanes empresariales y para proteger a los afectados.

Por supuesto, todos los oradores del PPE, incluídos el mallorquín Ripoll o el gallego Varela, presidente de la Comisión de Pesca (quien, por cierto, se autodefine en su intervención como “europeo y gallego”), se opusieron, como su jefe de filas Galeote, a la Comisión de Investigación, argumentando que este es un instrumento previsto para casos de quebranto del derecho comunitario. Según Galeote, la Comisión de Investigación no tenía sentido, porque “lo que se ha dicho aquí es que se pretende dirimir las responsabilidades del Gobierno de España en la catástrofe del Prestige”.
¿Pues de qué se debía de tratar, sino de eso mismo también?

El debate finalizó sin que interviniera la Presidenta de la delegación Socialista española, Rosa Díez más que al final, para reprochar a Gerardo Galeote su intervención, pero en ningún caso para recabar la Comisión de Investigación.

Esto abonaría la tesis que corría por los pasillos del Parlamento Europeo de que, una vez más, los grandes grupos del Parlamento, el Popular y el Socialista, habrían pactado, al menos a través de sus ramas españolas, un debate de “baja intensidad”, cuyo objeto sería evitar dicha Comisión de Investigación, mientras que, de acuerdo con la consultas previas llevadas a cabo por el grupo proponente de dicha Comisión (Verdes/Alianza Libre Europea), una mayoría de diputados de los distintos grupos estaría de acuerdo en que se constituyera una Comisión de Investigación sobre lo sucedido.

Llega la chapapuza.

Tras el debate, se debía proceder a la votación en pleno el jueves 19 de Diciembre, a las 11,30 horas. Y aquí viene la chapapuza. La votación para constituir la Comisión de Investigación se pierde por 4 votos, estando ausentes 8 socialistas españoles, incluída su presidenta, Rosa Diez. Al parecer, por lo que se pudo saber después por los medios de comunicación, tenían un asunto de extrema urgencia, y de más urgencia que la catástrofe del “Prestige”: la presentación de la candidata socialista a la alcaldía de Madrid, Trinidad Jiménez. Así de grave, y así de irrespetuoso con todos quienes estamos padeciendo las consecuencias de esta catástrofe, que según los propios socialistas, es un asunto de alcance europeo.

Se dijo días después que el partido socialista iba a tomar cartas en el asunto. Aquí en Euskadi, Rodolfo Ares afirmó en el debate radiofónico de los sábados de Radio Euskadi, que no le cabía ninguna duda de que su partido tomaría medidas; en el mismo espacio, el sábado 25 de Enero, la también socialista Isabel Celaá repetía lo mismo, añadiendo que “no se ha podido hacer, porque, como todo el mundo sabe, el Parlamento Europeo no está abierto en Enero…”.

Vamos a ver. Para tomar medidas o imponer sanciones, nada tendría que ver que el Parlamento Europeo estuviera o no abierto. Pero es que, además, Enero es mes hábil en el Parlamento Europeo (solamente está de vacaciones en Agosto), y, más concretamente, ha celebrado Plenos en Estrasburgo del 13 al 16 de Enero (entre otras cosas para votar el Informe Napolitano sobre las regiones), y otro más en Bruselas, los días 29 y 30 (en el que, por cierto, se ha aprobado un texto de reprobación de la anunciada guerra contra Irak).

Si tomarán o no medidas por haber hecho dejación de sus responsabilidades en un tema de tamaña gravedad, es algo que compete al partido socialista. Pero en honor a la verdad no cabe que se pongan excusas de inactividad del Parlamento Europeo durante el mes de Enero. Antes se pilla al mentiroso que al cojo. Más chapapuza no, gracias.

Fuente: Gorka Knörr