Begoña Errazti, presidenta de Eusko Alkartasuna
Celebramos el 1 de mayo con cifras negativas sobre el comportamiento del mercado de trabajo en el primer trimestre del año. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) referentes al citado periodo, el número de personas paradas ha aumentado en Hego Euskal Herria en más de 11.000, mientras que la población ocupada ha bajado en unas 10.500 personas. Y si la tasa de paro global (9,43%) no resulta optimista, la femenina es preocupante.

En Araba y Bizkaia el índice de paro femenino es del 14,81% y 14,70%, triplica, prácticamente, al masculino. En Gipuzkoa, la tasa de desempleo entre las mujeres es del 9,58% frente al 5,16% entre los hombres, mientras que en Nafarroa la tasa femenina es del 8,64%, frente al 4,27% de tasa masculina. Cifras que reflejan la clara desventaja que sufre la mujer respecto al hombre en el mundo laboral, realidad que se traduce también en el hecho de que la mujer sea, junto con los jóvenes, la principal víctima de la precariedad laboral. Sin duda, las causas de esta situación desfavorecida son diversas, pero no resultan ajenas a una realidad laboral estructural que discrimina a la mujer. Todavía hoy, y pese a la incorporación masiva de nuestro género al mundo laboral, se calcula que las mujeres obtenemos por el mismo trabajo que nuestros compañeros hombres alrededor de un 30 % menos de salario.

Por otra parte, el peso de las responsabilidades domésticas sigue recayendo fundamentalmente sobre nosotras. Ciertamente se han producido algunos avances en la conciliación de la vida laboral y familiar; así, por ejemplo, hoy el padre puede solicitar en las mismas condiciones que la madre la baja laboral para el cuidado de sus hijos recién nacidos. Sin embargo, muy mayoritariamente seguimos siendo las mujeres las que la pedimos, bien por deseo propio o porque nuestros compañeros no están dispuestos a renunciar a posibilidades de promoción laboral en plena carrera profesional, que generalmente coincide con la edad elegida para tener hijos .

Este problema viene agravado por el escaso desarrollo del Estado de Bienestar, cuestión fundamental en la liberación de la mujer, un paso previo y necesario para que nosotras podamos centrar nuestro esfuerzo y atención en el desarrollo laboral propio, sin costes personales innecesarios ni sentimientos de culpa inducidos.

La privatización de servicios públicos, denunciada por los sindicatos los días pasados, y las importantes carencias asistenciales en aspectos como el cuidado de la tercera edad y de los niños condicionan de forma clave la emancipación laboral de la mujer, y el bienestar del conjunto de la familia, ya que hoy, el sueldo de la mujer es, en la mayoría de los hogares, además de una cuestión de libertad y desarrollo personal, un recurso económico imprescindible para el sostenimiento familiar.

Planteamientos como el defendido por la derecha de que ?el Estado llegue sólo allí donde no llegan las familias? perjudica muy directamente a la mujer, que es quien tradicionalmente ha venido realizando esa función asistencial. Sobre ella se pretende hacer recaer, en buena medida, el peso de los problemas derivados del envejecimiento de la población así como el cuidado infantil de las nuevas generaciones. Abuelas o empleadas del hogar acaban sustituyendo a los padres y madres. Las abuelas, para ayudar a sus hijas, vuelven a cargar con responsabilidades maternales en un momento de su vida que deberían dedicar al disfrute; mientras que otras mujeres aceptan trabajos como empleadas del hogar, a menudo a cambio de salarios bajos o de forma ilegal, con el fin de que la apuesta laboral de la mujer resulte económicamente razonable para la familia.

Y, curiosamente, ese mismo Estado que descarga sobre la mujer sus responsabilidades asistenciales tampoco reconoce después los servicios prestados. Mujeres que han destinado su vida a la crianza y educación de sus múltiples hijos, han realizado innumerables labores del hogar; han contribuido enormemente al ahorro familiar y al bienestar común en el ámbito doméstico, llegan a la tercera edad y se ven obligadas a vivir de la pensión de su marido. Y si quedan viudas, el Estado les retira el 55% de la pensión sin ninguna consideración, sin tener en cuenta sus necesidades más básicas ni su aportación a la sociedad, sencillamente, porque a lo largo de su vida nadie remuneró su trabajo ni contribuyó por ellas a la Seguridad Social. No es casualidad que hoy muchas personas viudas, la mayoría mujeres, formen parte de ese porcentaje de pobreza que en los cuadros estadísticos aparece como marginal, pero que esconde auténticos dramas personales y familiares.

El 1 de mayo es una jornada de reivindicación necesaria en el actual sistema capitalista y neoliberal. Una jornada que personalmente aprovecho para exigir justicia social, y un sistema que asiente sus bases sobre la dignidad humana, y no únicamente en el lucro privado. La denuncia del alto índice de precariedad laboral, que afecta de forma especial a jóvenes y mujeres, y de la alta tasa de siniestralidad en el trabajo, tan preocupante en Navarra, deben compartir cartel en esta jornada con la exigencia de medidas correctivas eficaces a la situación de desventaja que vive la mujer en el mundo laboral.

Porque entiendo que, del mismo modo que nosotras debemos asumir como propio el problema de los accidentes en un sector tan típicamente masculino como la construcción, por ejemplo, nuestros compañeros de trabajo, profesión y vida deben asumir como suyas nuestras reivindicaciones por un trabajo más digno. Y si hoy el ?mobbing? es una práctica denunciable, el sondeo sobre las intenciones de maternidad que muchas empresas han recuperado en sus entrevistas debería ser denunciable y denunciado.

Especial atención nos merece la explotación laboral de las personas inmigrantes que se encuentran en situación ilegal, una realidad que requiere un tratamiento específico pero intenso por parte de las instituciones, con gran dedicación y sensibilidad por parte de partidos, sindicatos y Estado.
También dentro de este colectivo las mujeres suelen ser las peor tratadas, víctimas del abuso, y en muchas ocasiones, de las redes de prostitución, personas que no tienen garantizada ni su libertad ni, a menudo, su propia vida. Ellas representan la evidencia más clara y sangrante de que la esclavitud todavía existe, y de forma tolerada, en nuestras sociedades avanzadas del siglo XXI.

Por todas ellas, por el avance y el progreso del conjunto de la sociedad, la lucha por la justicia social y la dignidad laboral que representa el 1 de mayo debe ser también una lucha por los derechos personales y sociales de la mujer, del inmigrante, del anciano, del pensionista y del niño. Porque sólo así conquistaremos y construiremos un sistema laboral que respete la dignidad de todas las personas, sin excepciones.

Fuente: Begoña Errazti