I.- PREÁMBULO.
II.-
PRIORIDADES PROGRAMATICAS DEL NUEVO EJECUTIVO TRIPARTITO.
1.- Los principios compartidos para la paz, la convivencia
y la normalización política.
2.- Los compromisos en materia de sociedad integrada
y contra la exclusión.
3.- Las actuaciones
específicas y generales en materias sectoriales relativas a vivienda, medio
ambiente y sociedad del conocimiento.
Un enfoque social
de la política de Vivienda.
Una apuesta por el
medioambiente.
La
sociedad del conocimiento al servicio de la ciudadanía vasca.
4.- Otros ejes de acción pública para la nueva sociedad
vasca.
III.- MODIFICACIONES A LA ORGANIZACIÓN
Y ESTRUCTURACIÓN INTERNA DEL GOBIERNO. DECRETO DE ÁREAS Y ASIGNACIÓN DE FUNCIONES.
IV.- ADHESIÓN DE EB-IU A LOS
PRINCIPIOS Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL ACTUAL ACUERDO DE GOBIERNO ENTRE EAJ-PNV
Y EA SUSCRITO EL 6 DE JULIO DE 2001.
V.- DE LOS PRINCIPIOS RECTORES
DE LA ACCIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL.
I.-
PREÁMBULO
EB-IU comparte con EAJ-PNV y EA su confianza en el presente y en el futuro de
Euskadi, así como su esperanza en que la paz y la normalidad política sean definitivamente
los rasgos cotidianos de nuestra sociedad.
La sociedad vasca merece que sus legítimos anhelos no estén acompañados por
el fantasma de la violencia y su secuela de dolor y frustración, por ello tanto
los partidos que hoy forman el Gobierno Vasco como EB-IU comparten la responsabilidad
de actuar y de trabajar por un escenario donde las disputas políticas y la confrontación
de proyectos se haga dentro de los cauces de diálogo y compromiso propios de
una sociedad civilizada y tolerante como la vasca.
Las elecciones de 13 de mayo pasado abrieron una nueva etapa en la política
vasca. Como consecuencia de los resultados electorales y fruto de los acuerdos
preceptivos EAJ-PNV y EA alcanzaron el 6 de julio de 2001 un acuerdo para la
formación de un gobierno de coalición en la Comunidad Autónoma de Euskadi conscientes
de la importancia de esta VIIª legislatura que se inicia y de los desafíos que
la sociedad vasca tiene por delante.
Ello sin embargo, en el acuerdo citado para la formación de gobierno ambas formaciones
no buscaron una fórmula exclusivista de hacer política sino que desde los principios
programáticos compartidos establecieron una Disposición Final mediante la cual
y de acuerdo con los objetivos previstos en las normas de coordinación de la
acción política institucional, se comprometieron a abrir un proceso de búsqueda
de fórmulas de consenso con otras fuerzas políticas que posibilite la estabilidad
política e institucional durante esta legislatura.
Pues bien, el presente documento viene a concretar los extremos mediante los
cuales tanto el Lehendakari como EAJ-PNV, EA y EB-IU acuerdan y consensúan la
particular y específica adhesión de EB-IU al programa de Gobierno vigente y
los extremos en que se concreta la incorporación de esta última formación política
al Gobierno Vasco ya constituido compartiendo la convicción de que un pilar
fundamental para construir una Euskadi normalizada y progresista es el respeto
a la pluralidad social y política que las diferentes consultas electorales han
consolidado. Esa pluralidad es fruto de nuestra historia y ha dado forma y expresión
a Euskadi tal y como hoy la conocemos.
El Lehendakari y las fuerzas
políticas que mediante este documento acordamos la configuración de un Gobierno
tripartito compuesto por EAJ-PNV, EA y EB-IU somos parte indispensable de una
sociedad que piensa su futuro buscando sumar y no restar. La pluralidad social
y política debe ser un precioso instrumento al servicio de dar respuesta a nuestros
principales desafíos: la paz, una convivencia normalizada y una clara voluntad
pública de asegurar las mayores cotas posibles de bienestar para la inmensa
mayoría.
Pensamos que estos desafíos se cumplirán en esta nueva etapa si las instituciones
gozan de la mayor estabilidad posible transmitiendo confianza y seguridad a
la ciudadanía. Por eso, se apuesta por una fórmula que debe enviar un mensaje
muy claro a esa ciudadanía: por encima de otras consideraciones y de los legítimos
intereses partidarios, las instituciones y organizaciones que suscribimos este
acuerdo apostamos por una voluntad de encuentro que acerque tanto el fin del
problema irrespirable de la violencia como el futuro de una sociedad más justa,
solidaria y ecológicamente sostenible.
La incorporación de EB-IU al Gobierno Vasco quiebra la lógica de confrontación
que tan obstinadamente algunos se empeñan en perpetuar. Su presencia es la expresión
de que en la construcción de Euskadi presente y futura no sobre nadie y que,
bien al contrario, son necesarios más compromisos y puntos de vista diferentes.
Todos somos conscientes de que ensayamos una fórmula novedosa en una situación
compleja que precisará de esfuerzos y de la asunción de riesgos. Pero estamos
muy dispuestos a afrontar esas dificultades con la ilusión de contribuir a un
futuro mejor para nuestro pueblo. Si grandes son las dificultades, los problemas
y las incertidumbres, aún es mayor la preocupación por el mantenimiento de una
situación que tanto daño hace a nuestra sociedad y a la sociedad que esperamos
legar a las próximas generaciones.
II.- PRIORIDADES PROGRAMATICAS DEL NUEVO EJECUTIVO TRIPARTITO
Tal y como se especificaba en el Acuerdo de gobierno suscrito por EAJ-PNV y
EA, EB-IU comparte con estas formaciones la perspectiva de que las prioridades
programáticas para la próxima legislatura son la pacificación y el autogobierno.
Ahora bien, las tres formaciones que suscriben el presente documento consideran
que la articulación social y la lucha contra la exclusión deben, asimismo, presidir
las actuaciones prioritarias de un ejecutivo en los albores del siglo XXI. Los
tres objetivos suponen un gran desafío pero son también una gran esperanza para
nuestro pueblo.
Por ello, con independencia de compartir los principios programáticos ya establecidos
en el ejecutivo tales como el crecimiento económico sostenible, el modelo de
formación y empleo, el modelo pluricultural y plurilingüe, de autogobierno,
etc
, todos ellos de público conocimiento, es necesario especificar en el presente
documento los compromisos que asumen quienes lo suscriben con el fin de concretar
algunos ejes y proyectos que serán la contribución de este tripartito a la gobernabilidad
del País Vasco en el convencimiento de que todo ello redundará en beneficio
del conjunto de la ciudadanía de Euskadi y en su compromiso para con los demás
pueblos del mundo.
Así, se comparte abordar los siguientes ejes:
1.- Los principios compartidos para la paz, la convivencia y la normalización
política.
2.- Los compromisos en materia de sociedad integrada y contra la exclusión.
3.- Las actuaciones específicas y generales en materias sectoriales relativas
a vivienda, medio ambiente y sociedad del conocimiento.
4.- Otros ejes de acción pública para la nueva sociedad vasca.
1.- LOS PRINCIPIOS COMPARTIDOS PARA LA PAZ, LA CONVIVENCIA
Y LA NORMALIZACIÓN POLÍTICA.
La
sociedad vasca se encuentra ante una situación particularmente difícil, cuyo
elemento más singular es la persistencia de la violencia y la conculcación de
los derechos humanos que está provocando el terrorismo de ETA. El rastro de
dolor y muerte que está legando a nuestro pueblo es la evidencia más palmaria
de su desprecio por la voluntad mayoritaria del pueblo vasco. No hay razones
éticas ni políticas que justifiquen el asesinato como forma de acción política.
El amedrentamiento, la extorsión y la amenaza violan derechos humanos inalienables,
quiebran la convivencia democrática y alejan la posibilidad de avanzar en nuestra
identidad y en nuestro compromiso de justicia social.
Por ello, EAJ-PNV, EA y EB-IU, reafirmando la validez de las declaraciones realizadas
por el Lehendakari el 25 de octubre de 2000 (compromiso democrático), 20 de
diciembre de 2000 (compromiso ético) y 8 de febrero de 2001 (compromiso social),
reiteramos que son tres los pilares sobre los que en definitiva se sustentará
la actuación en la materia de pacificación, convivencia, dialogo y normalización
política del Gobierno Vasco: un compromiso ético con la defensa de la vida y
de los derechos humanos de todas las personas sin distinción, un compromiso
político con el diálogo como instrumento para lograr la paz y la convivencia
y un compromiso democrático con el respeto a las decisiones de la ciudadanía
vasca.
En este sentido, EAJ-PNV, EA y EB-IU defenderemos:
1.
El rechazo ético y la deslegitimación política de toda forma de violencia
física, asesinato, amenaza o persecución de las personas. Compartimos la iniciativa
de impulsar un manifiesto interinstitucional en defensa de la convivencia plural
y democrática y frente a la violencia.
2.
La defensa prioritaria de los Derechos Humanos, la seguridad y las libertadas
ciudadanas de todos aquellos que se sientan o se puedan sentir amenazados, perseguidos
o privados de los derechos que las leyes les reconocen. EAJ-PNV, EA y EB-IU
defienden la necesidad de una colaboración activa y leal de todas las fuerzas
y cuerpos de seguridad en la lucha contra el terrorismo. Defendemos igualmente
la participación de la Ertzaintza en los foros de cooperación entre los Estados
español y francés y en aquellas instituciones y foros europeos, especialmente
en los derivados del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen donde se
debata y se tomen decisiones sobre material policial relacionada con Euskadi.
Creemos que la confianza interinstitucional es una garantía de éxito en la lucha
contra el terrorismo.
3.
El apoyo y solidaridad sin matices hacia las víctimas de la violencia,
incluyendo las ayudas económicas, sociales y psicológicas que no estén debidamente
cubiertas por otras instancias. Las víctimas del terrorismo en cualquiera de
sus manifestaciones deberán sentirse protegidas y amparadas por el Gobierno
como representación de la sociedad en su conjunto.
4.
El rechazo y la denuncia tanto de los intentos de legitimar la violencia
y el terrorismo, como su utilización política para confrontar a unas organizaciones
con otras. Por el contrario, el propio Gobierno será un agente para aglutinar
las respuestas unitarias que generen espacios de mayoría social y política contra
la violencia.
Uno de los aspectos más dramáticos de la violencia es que sustituye el diálogo
y el debate público por una dinámica de exclusión y confrontación que significa
la quiebra de la confianza social en la que se fundamenta nuestra convivencia.
La persistencia de la violencia produce indeseables consecuencias en todos los
órdenes. Desde EAJ-PNV, EA y EB-IU defendemos que el diálogo es una herramienta
insustituible para la resolución de los conflictos políticos y de las situaciones
donde la violencia que se justifica mediante explicaciones políticas goza de
un apoyo social significativo.
Creemos que Gobierno Vasco debe ser un agente de pacificación que busque aunar
voluntades y acuerdos para fortalecer la democracia y la paz. No tenemos ninguna
duda respecto a la necesidad de incorporar en este proceso de pacificación a
todos aquellos sectores que consideren que la defensa de los proyectos políticos
debe realizarse mediante métodos pacíficos. La política y nuestro sistema democrático
pueden hacer mucho más a favor de la paz y la convivencia que una actitud de
simple espera a que las cosas cambien.
Nuestras ideas en este terreno pueden resumirse en las siguientes:
1.
La persistencia de la violencia no debe imposibilitar los espacios de
diálogo entre las formaciones políticas democráticas, sino más bien acrecentarlos.
En la misma dirección, entendemos que la paz no puede someterse a la imposición
de ningún proyecto político.
2.
El escenario del diálogo requiere por parte de todos el reconocimiento
de la legitimidad de todos los proyectos políticos que se articulen por vías
políticas y con respeto a los Derechos Humanos.
3.
Es necesario iniciar un proceso de distensión y acercamiento entre los
partidos políticos, tendiendo los puentes necesarios para superar la etapa de
confrontación que hemos vivido y afrontar una nueva presidida por el diálogo
y el acuerdo.
4.
Hablamos de un diálogo sin limites a priori, no condicionado por agentes
externos y con la participación de todas las fuerzas políticas que apuesten
por la vía del diálogo político y desde el respeto a los derechos humanos.
Desde otra perspectiva, tanto
EAJ-PNV, EA como EB-IU defendemos que la aplicación completa y consecuente del
Estatuto es una exigencia de carácter democrático. Por ello, compartiendo plenamente
el planteamiento realizado por el Lehendakari en el Discurso de Investidura
el 11 de julio de 2001, todas las organizaciones firmantes entendemos oportuno
y conveniente el debate a propósito de la actualidad del Estatuto y sus eventuales
modificaciones tal y como éste mismo instrumento jurídico-político contempla.
Entendemos que las posibilidades que brinda el Estatuto para su desarrollo y
reforma deben ser entendidas y aceptadas desde un compromiso democrático que
entiende que lo político es transformación constante.
Por último, creemos
que debe formalizarse la participación de las Comunidades Autónomas en aquellos
ámbitos e instituciones de la Unión Europea en los que se tomen decisiones que
las afecten.
El objetivo de este
debate es el respeto y la aceptación de la voluntad de la sociedad vasca expresada
a través de las instituciones que la representan. Al tiempo, debates de esta
naturaleza sirven de ejemplo en realidades plurinacionales que aparecen, falsamente,
como identidades irreconciliables y sustraídas al diálogo.
2.- LOS
COMPROMISOS EN MATERIA DE SOCIEDAD INTEGRADA Y CONTRA LA EXCLUSIÓN.
Compartimos la preocupación
por las consecuencias humanas de las decisiones políticas, económicas y sociales.
Y creemos también que las instituciones vascas deben servir al bienestar de
su ciudadanía. Sus decisiones en materia económica y social deben generar el
mayor bienestar posible para el mayor número. La meta del establecimiento de
una sociedad democrática avanzada, que incorpore los derechos plenos de una
ciudadanía social, forma parte de nuestra voluntad política.
Dar respuesta a esta
premisa en nuestro mundo globalizado sólo puede ser entendido como un desafío.
Y estamos en condiciones de abordarlo. Desde EAJ-PNV, EA y EB-IU defendemos
la necesidad de cohonestar la economía vasca a las necesidades de los ciudadanos
y ciudadanas vascas. Es la economía la que debe estar al servicio del bienestar
de las personas y no la ciudadanía al servicio de los intereses económicos.
El movimiento social
por otra globalización ha puesto de relieve una voluntad muy implantada por
limitar los aspectos más nocivos del actual proceso de mundialización en curso
y abrir el debate sobre otras opciones y modelos. Parte de este debate escapa
a las posibilidades de nuestra intervención, pero no nos es ajeno.
Por otra parte, defendemos
que la exclusión y la marginación son un importante riesgo para nuestra democracia
y para la convivencia. Y pensamos que es obligación de las administraciones
públicas intervenir para impedir la consolidación de fenómenos que condenan
a importantes sectores sociales a situaciones de riesgo. Entre estos últimos
tenemos que incluir, de manera creciente, a las personas inmigrantes.
Necesitamos de toda
nuestra inteligencia para diseñar políticas que favorezcan la integración social
y política de ciudadanos de otros países y tradiciones culturales, personas
que conviven y trabajan con nosotros y que deben ser considerados ciudadanos
a todos los efectos. No es un desafío sencillo. En nuestro caso, esa integración
debe ir de la mano de una recreación de nuestras tradiciones históricas y culturales.
El resultado debe ser una sociedad más diversa, pero integrada, más compleja,
probablemente, pero no por ello, más dividida o menos gobernable.
La sociedad vasca
es una sociedad en crecimiento y con indicadores económicos altos. Por ello,
desde el Gobierno Vasco los suscribientes de este documento estamos obligados
y en buenas condiciones para afrontar aquellos retos sociales que se hacen necesarios
en la medida en que conviven en nuestra sociedad elementos de injusticia social
y económica. Se trata de alcanzar un Gobierno para todos, pero sobre todo para
los que más necesitan y dependen de los recursos públicos para alcanzar unas
condiciones de vida dignas y satisfactorias.
Creemos que un horizonte
deseable y factible es acercar nuestros niveles de desarrollo de los servicios
sociales a la media europea. Estamos hablando de reforzar, ampliar y, en su
caso, universalizar algunos servicios de titularidad pública, incorporando la
iniciativa social y cohonestando la utilización de la iniciativa privada cuando
fuere necesaria. EAJ-PNV, EA y EB-IU plantearán las medidas necesarias para
aumentar la aportación pública en el mantenimiento y mejora de los servicios
sociales procurando extender el catálogo de prestaciones de estos servicios.
Defendemos la conveniencia
de debatir la modernización de la Carta de Derechos Sociales, reflexionando
sobre aquellos aspectos que comprometan al Gobierno Vasco con medidas de claro
componente social y redistributivo que ya se encuentran en el Acuerdo de Gobierno
que suscribieron EAJ-PNV y EA el 6 de julio de 2001: fórmulas concretas para
la reducción de la jornada laboral; medidas para el reparto del empleo; propuestas
para adelantar la edad de jubilación y reconocimiento del derecho a percibir
una Renta Básica digna.
En términos más concretos,
las propuestas serían las siguientes:
a) Defendemos la adecuación
e incremento de la cuantía de la Renta Básica de conformidad PRIMERO Con
independencia de los incrementos que pueda experimentar el salario mínimo interprofesional,
EAJ-PNV, EA y EB-IU acuerdan incluir en el proyecto de ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma un incremento anual y progresivo de la cuantía de la
renta básica de modo que el porcentaje de 75% establecido en el artículo 7 de
la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de carta de derechos sociales será para
el año 2002 del 79% quedando garantizado para aplicarse con efecto 2006 el 86%.
SEGUNDO Sin perjuicio
de ulteriores adaptaciones a acordar con consenso de las organizaciones suscribientes,
se adquiere el compromiso de mantener el resto de los porcentajes establecidos
en el artículo 7 de la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de carta de derechos
sociales.
b) Reafirmamos la
voluntad manifestada en el vigente Acuerdo de Gobierno de adecuar y desarrollar
el marco legal que conforman la Ley contra la Exclusión Social y la Ley que
aprueba la Carta de derechos Sociales con el fin, ya también expresado, de procurar
la ampliación de los colectivos beneficiarios de estas normas de tal forma que
la renta básica, con carácter de complemento, esté dirigida también a las personas
mayores en situación de pobreza y dependientes de pensiones no contributivas,
viudas y otros colectivos que dependen de pensiones claramente insuficientes.
Se propondrán
modificaciones normativas al efecto de adecuar la naturaleza de las unidades
de convivencia y la edad de percepción mínima de la prestación con carácter
general reduciéndola de 25 a 23 años.
c) Proponemos la elaboración
de un paquete de medidas, debatidas con los agentes sociales, para la limitación
de la siniestralidad laboral, incluyendo medidas concretas que penalicen a las
empresas involucradas en esos siniestros que incurran en comportamientos reiterados.
d) Acordamos el impulso de
medidas orientadas al reparto de trabajo en el sector privado (reducción de
la jornada laboral a la jornada de 35 horas y prohibición de horas extraordinarias),
estimulando para ello el diálogo social en el seno de los órganos de concertación
social y en los ámbitos específicos de la negociación colectiva. Extensión de
la jornada de 35 horas a las empresas públicas de conformidad a los compromisos
adquiridos por el Gobierno Vasco con los agentes sociales en el acuerdo de 28
de junio de 2000.
Implementación de las medidas
sobre empleo público de la CAPV (concurso de traslados, estabilización de plantillas
presupuestarias, consolidación del empleo temporal de carácter estructural,
no amortización de plazas cuyas funciones sean necesarias y que puedan derivar
en subcontratación de empresas de servicios, convocatoria de OPEs, prohibición
de horas extraordinarias y de contratar con Empresas de Trabajo Temporal en
el sector público como medida ejemplificadora, etc.) contempladas en el mencionado
acuerdo de 28 de junio de 2000.
e) Proponemos la aprobación,
junto con los agentes sociales, de propuestas que favorezcan la reducción de
la jornada de trabajo y la creación de empleo estable. Estas medidas proporcionarían
incentivos fiscales y económicos a aquellas empresas que procedieran a la contratación
de mujeres, jóvenes y otros colectivos desfavorecidos.
f) Seguir con los
proyectos de la pasada legislatura en relación con el dimensionamiento de la
Administración Institucional y la posibilidad de que la Administración general
recupere parcelas hoy atendidas desde esta administración institucional. Las
pérdidas de capital público que se produzcan garantizarán un sector público
fuerte, anclado territorialmente en Euskadi y con proyección de crecimiento
en los ámbitos estatal e internacional.
3.- LAS
ACTUACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES EN MATERIAS SECTORIALES RELATIVAS A VIVIENDA,
MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.
Un enfoque social de la política
de Vivienda.
El Gobierno Vasco debe facilitar
a los jóvenes las condiciones para crear su propio modelo de vida. Y somos conscientes
de que hoy la principal limitación para hacer posible esta legítima aspiración
es la vivienda. Pensamos que, con unas dotaciones presupuestarias suficientes
y adecuadas a las intervenciones a acometer, los ejes de una nueva política
de vivienda deben descansar sobre los siguientes puntos:
a.- En el marco del
Plan Director de Vivienda 2000-2003 y de los instrumentos de planificación que
lo sucedan, se incrementará la oferta de viviendas protegidas, principalmente
de viviendas sociales para su cesión en alquiler. En este mismo sentido, se
priorizará el impulso del alquiler como sistema de acceso a la vivienda para
atender las necesidades de aquellos colectivos necesitados de vivienda que no
cuentan con los suficientes recursos para adquirirla.
Por otro lado, se
acometerá la adaptación y regulación del marco normativo que afecta a la vivienda
tanto en lo referido a su régimen de protección como en materia urbanística.
En tal sentido, se procederá a la elaboración de una ley que regule la vivienda
protegida, que defina la necesidad de vivienda, que regule la tipología de actuaciones
protegidas y establezca nuevas figuras de protección, los agentes operadores,
los requisitos de las viviendas protegidas, el régimen de infracciones y sanciones,
los derechos de adquisición preferente de la Administración en los casos de
transmisiones de viviendas protegidas, los mecanismos de obligatoriedad de información
de los Notarios en caso de transmisiones de viviendas protegidas, así como la
información obligatoria a suministrar a los compradores e inquilinos. Asimismo,
se abordará una Ley del Suelo que dote a la Comunidad Autónoma de Euskadi de
una normativa propia en materia de régimen del suelo y ordenación urbana y que
integre en un texto la normativa sobre la materia y, especialmente, en lo relativo
a los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, la participación de
la Comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística, los aprovechamientos
de suelo para viviendas protegidas y los Patrimonios Públicos del Suelo.
b.- En el marco del
Plan Director de Vivienda 2000-2003 y de los instrumentos de planificación que
lo sucedan, se adoptarán las medidas tendentes a la movilización de la vivienda
vacía como unas de las fórmulas para impulsar el número de viviendas en oferta.
En tal sentido, en
el caso de viviendas protegidas dicha situación se perseguirá con todos los
medios disponibles, tanto mediante el control de la ocupación efectiva de las
viviendas protegidas como de la revisión del régimen de sanciones aplicables
y la recuperación de la vivienda por la Administración.
En el caso de las viviendas
libres, para fomentar que tales viviendas salgan al mercado se acometerán actuaciones
en un doble sentido. Así, por un lado, se incentivará el alquiler protegido
de dichas viviendas mediante ayudas económicas por el alquiler por un mínimo
de 5 años, ayudas a la rehabilitación de viviendas, la puesta en marcha de sistemas
de cesión de viviendas vacías a operadores públicos o la aplicación de incentivos
fiscales en colaboración con las Diputaciones Forales.
Por otro lado, se acuerda
abordar fórmulas en relación con la desincentivación de la existencia de viviendas
vacías a través de medidas sustantivas o de orden financiero y fiscal.
c.- La razón primordial
de la política de vivienda será atender las necesidades sociales. Lógicamente,
el nivel de atención deberá ser proporcional al nivel de la necesidad, de manera
que los más necesitados reciban una atención proporcionalmente más intensa.
Por tal razón, el
sector público centrará sus prioridades en aquellas actuaciones de mayor contenido
social, dirigidas a aquellos colectivos más necesitados, de mayor marginación
y de mayor riesgo tales como minusválidos, jóvenes menores de 35 años, unidades
monoparentales con cargas familiares, familias numerosas y perceptores de la
renta básica.
Para alcanzar este
objetivo general de acentuar el objetivo social de la política de vivienda se
impulsará el alquiler protegido, se orientarán las actuaciones de cada agente
según su contenido social, se revisarán los criterios de acceso a la vivienda
protegida, se coordinarán las actuaciones con las políticas de inserción social
y se revisará la política de precios de las viviendas.
Una apuesta por el medioambiente.
Desde EAJ-PNV, EA,
EB-IU defendemos la necesidad de una acción de gobierno que respete al máximo
los equilibrios medioambientales. Es una responsabilidad con nuestras
generaciones venideras. Con ellas tenemos una obligación moral contraída: legarles
un planeta que, al menos, sea tan habitable como el que nosotros nos encontramos.
Es obvio que se trata de un desafío que tiene dimensiones planetarias, pero
en el cual no estamos incapacitados para intervenir.
·
Una mentalidad ecológica se preocupará por mejorar los niveles
de eficiencia en el uso de los recursos naturales y energéticos.
·
Una mentalidad ecológica defenderá la necesidad de intensificar
los controles de impacto ecológico en todas las actividades e infraestructuras
y de garantizar el cumplimiento de la normativa europea vigente en esta materia.
Una concepción de este tipo
implica medidas concretas de intervención en diferentes ámbitos, fundamentales
para una estrategia de desarrollo sostenible como por ejemplo políticas económicas
que incrementen el uso de energías alternativas limpias y renovables, y políticas
de promoción del reciclado y reutilización de productos y materiales.
Respecto a la política energética,
EAJ-PNV, EA y EB-IU continuarán garantizando el respeto a la normativa territorial,
urbanística y medioambiental vigente en cualquier proyecto energético actual
o que se pueda proyectar en el futuro. Ello sin embargo y por lo que respecta
a la política específica de plantas incineradoras y centrales térmicas, cada
grupo mantendrá sus legítimas posiciones tanto ideológicas como de práctica
política e institucional.
En materia de transporte, se
procurará la planificación conjunta de los diferentes modos de transporte para
no duplicar inversiones, vertebrar el territorio desde un punto de vista social,
limitar el crecimiento de la movilidad y trasvasar tráfico de la carretera al
ferrocarril.
El proyecto de nueva Red Ferroviaria
Vasca (conocido también como ‘Y’ vasca o Tren de Alta Velocidad) será
elaborado desde el rigor jurídico-ambiental evitándose el acometer la ejecución
del proyecto en tanto no se formule Declaración de Impacto Ambiental para tal
expediente, y de acuerdo con la legislación vigente. En cualquier caso, se abordará
el impulso del proyecto citado ampliando el actual consenso del ejecutivo a
todos los partidos que lo componen en función de las legítimas posiciones y
propuestas de cada uno.
Finalmente, EAJ-PNV, EA y EB-IU
habrán de coordinar desde el ejecutivo todos los Planes de Transporte de la
Comunidad Autónoma, a fin de impulsar las alternativas al uso del vehículo privado.
La sociedad
del conocimiento al servicio de la ciudadanía vasca.
Las nuevas tecnologías
y la nueva sociedad del conocimiento son una realidad que ha transformado poderosamente
nuestras vidas. La creciente complejidad social precisa de una información adecuada
y veraz. La información y la comunicación se han convertido en esenciales para
la actividad económica, pero también para la consolidación de una sociedad democrática.
No hay sociedad madura democráticamente sin una opinión pública desarrollada,
y esto es impensable sin que la información sea considerada un bien público
que hay que proteger y garantizar.
Sin embargo, no podemos
ni debemos permitir que la innovación y los desafíos de la información y el
conocimiento se conviertan en un elemento más de división que reproduzca la
vieja geografía de la pobreza o recree una nueva frontera de exclusión. Las
Administraciones públicas y el Gobierno Vasco en particular se preocuparán por
que esto no ocurra, teniendo en cuenta que el impacto de lo nuevo afecta a diferentes
ámbitos que deben ser contemplados de manera coordinada.
4.- OTROS
EJES DE ACCIÓN PÚBLICA PARA LA NUEVA SOCIEDAD VASCA.
Para terminar con los ejes
que se han descrito EAJ-PNV, EA y EB-IU entienden imprescindible, siquiera
de modo breve, impregnar de perspectivas y actuaciones concretas aquellas parcelas
sectoriales que, siendo servicios públicos esenciales, tienen los principios
de actuación establecidos en el actual Acuerdo de gobierno y son compartidos
por las organizaciones firmantes de este documento. Del mismo modo, algún enfoque
concreto de los derechos individuales de las personas y de los colectivos son
importantes. Así,
En materia de
Educación: El Gobierno Vasco favorecerá el debate social sobre
el modelo de Universidad adecuado para la sociedad del conocimiento. Proponemos
una discusión en la que participen los agentes sociales sobre la actualidad
de la formación para el empleo y la formación continua en un nuevo modelo de
Consejo Vasco de Formación Profesional de naturaleza pública con competencia
en la fijación y diseños de las políticas formativas. Habrá de avanzarse en
la igualdad y universalidad de la educación infantil incrementándose los apoyos
públicos a la oferta de guarderías infantiles en cumplimiento del Plan de Familia
aprobado por el Gobierno Vasco este mismo ejercicio.
En materia de Sanidad:
Nos reafirmamos en la apuesta por un sistema sanitario público vasco que
garantiza el aseguramiento y la provisión de servicios sanitarios bajo los criterios
de universalidad, solidaridad y equidad, con el ciudadano y la ciudadana como
eje y centro del sistema.
En la CAPV se garantizará la
existencia de una dotación de recursos de titularidad pública adecuada a las
necesidades sanitarias, realizándose su planificación con criterios de racionalización
de recursos.
Los anteriores criterios se
plasmarán en la disponibilidad de un nuevo Plan de Salud que responda a las
necesidades prioritarias, atendiendo en su desarrollo a la consolidación y mejora
del catálogo público vasco de prestaciones sanitarias, así como a un mayor desarrollo
de la atención primaria, de los planes asistenciales en salud mental y en cuidados
paliativos, de la interconexión con los servicios sociales y de la promoción
de la salud desde la educación sanitaria y el fomento de estilos de vida saludables.
En materia de
Libertad afectivo-sexual: El Gobierno Vasco impulsará y promoverá
la igualdad real y efectiva de las personas en el ámbito de la libertad afectivo-sexual,
la remoción de los obstáculos que la impiden y la eliminación de todas las formas
de discriminación por dicha razón. Se elaborarán las propuestas de reformas
legislativas dirigidas a eliminar las trabas que impidan o dificulten la libertad
afectivo-sexual, así como la creación del Registro de Parejas de Hecho.
En materia de
juventud: Con respecto a las políticas que afectan de modo prioritario
a las personas jóvenes, desde el Gobierno impulsaremos iniciativas como las
contenidas en el Plan Joven, destinadas a dar respuestas globales a la problematíca
de este sector de la población en aspectos tan esenciales y diversos como el
empleo, la formación, la vivienda, etc.
Por otro lado, impulsaremos
también campañas informativas y educativas sobre las drogas incluyendo el alcohol
y el tabaco, así como debates acerca de la problemática sobre la despenalización
de las drogas y el uso terapéutico de las mismas.
En materia de
profundización democrática y participación: EAJ-PNV, EA y EB-IU defienden
la necesidad de desarrollar nuestro sistema democrático y de facilitar la participación
de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos. Estos son tiempos para
favorecer el compromiso con los problemas comunes, y es responsabilidad de las
Administraciones favorecer y estimular esa participación.
De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 18.5 del Estatuto de Autonomía de Gernika, afirmamos el compromiso
de impulsar e implementar los mecanismos de participación social y democrática
de todos los interesados en el ejercicio de las competencias asumidas por la
CAPV en materia de políticas sociales.
A tal fin, se impulsarán las
reuniones y el funcionamiento regular del Consejo de Relaciones Laborales, así
como de los Consejos consultivos de participación social creados en el seno
de la organización administrativa de la CAPV, garantizándose la participación
social previa tanto en la elaboración de Planes sectoriales como en la evaluación
y control de su ejecución.
Por otra parte, la
sociedad vasca en su conjunto tiene contraída una deuda moral con quienes, por
razón de su compromiso con la democracia y la libertad, sufrieron prisión y
represión política durante el franquismo. Por esta razón, el Gobierno Vasco
regulará el establecimiento de ayudas para los vascos y vascas que, en estas
circunstancias, no hayan podido acogerse a las establecidas en su día a nivel
estatal.
En materia de
inmigración: Compartiendo la necesidad ya detectada de elaborar un Plan
Vasco de Inmigración y a través de las dotaciones presupuestarias adecuadas
y suficientes para las actuaciones a acometer, creemos urgente que la Comunidad
Autónoma defina una estrategia propia en materia de inmigración y proponga qué
tipo de acciones y medidas va poner en marcha en los próximos años.
En este sentido, sostenemos
que cualquier política de inmigración pasa no sólo por determinar la política
de flujos migratorios y las condiciones de residencia de los inmigrantes, sus
derechos y deberes, sino por establecer políticas acertadas de integración social
y ciudadana de los inmigrantes.
Las Administraciones
Vascas y el Gobierno Vasco en particular deben establecer como responsabilidad
propia las políticas de integración social y laboral de las personas inmigradas,
dirigidas a asegurar unos niveles de integración y bienestar mínimos para estas
personas.
No obstante, resulta
una necesidad coordinar las diferentes instancias que intervienen en materia
de inmigración a través de un órgano de coordinación entre la Administración
Vasca y la estatal en el marco de un convenio de cooperación interadministrativa
que tenga como objetivos el acceso a información administrativa y la coordinación
de las autoridades vascas entre sí y con las autoridades estatales.
Una vez establecida
esta cooperación, la política vasca de inmigración deberá actuar en al menos
las siguientes áreas:
1.
Intermediación en los flujos migratorios que llegan a la CAPV, acogida
e inserción primaria.
2.
Incorporación de los inmigrantes a los sistemas de protección social
con especial atención a la integración de las mujeres y escolarización de los
jóvenes.
3.
Políticas de sensibilización de la población de acogida y apoyo a las
actividades asociativas e interculturales.
4.
Participación ciudadana y de las administraciones locales. Los Ayuntamientos
deben jugar un papel esencial en las políticas de integración, para lo cual
se precisan recursos y coordinación.
En materia de
cooperación: Euskadi ha tenido y debe seguir teniendo una vocación abierta
y solidaria. Nuestro compromiso con la solidaridad debe encontrar en la política
de cooperación un reflejo de nuestra voluntad de construir un mundo diferente.
Por ello, la cooperación para el desarrollo debe configurarse tratando de dar
respuesta a las necesidades del receptor y sin que los principios de posible
interés político, económico o cultural sean relevantes.
EAJ-PNV, EA y EB-IU
entienden que la cooperación pública vasca debe tender a que el concepto de
desarrollo sólo pueda ser considerado en términos de desarrollo humano, con
la persona como referente fundamental de cualquier iniciativa de desarrollo.
La promoción de los derechos humanos, la participación social y la perspectiva
de género serán consideradas como un enfoque estratégico implícito a todo proyecto
de desarrollo.
Los programas, proyectos
e iniciativas de cooperación para el desarrollo deben contemplar siempre la
sostenibilidad de los mismos: el respeto al medio ambiente, la capacidad de
asunción de los proyectos, su perdurabilidad en el tiempo, su positivo impacto
en la microeconomía local y la continuidad y seguimiento debidos.
La cooperación para
el desarrollo debe incardinarse en una actitud sociopolítica que trabaje por
la erradicación de las causas estructurales de la pobreza y de las diferencias
Norte – Sur.
Al objeto de dar cuerpo
a las citadas ideas, los suscribientes entienden necesaria la Ley Vasca de Cooperación
que, además de los fines públicos definidos y compartidos pueda incluir algunos
de los siguientes aspectos:
·
Una opción por la diversificación, en sus diferentes aspectos.
·
Un esfuerzo en detectar y, en lo posible, incorporar a nuestros
programas de cooperación elementos diferenciales de nuestra Comunidad que permitan
enriquecer la calidad de la cooperación.
·
La simplificación y racionalización de los mecanismos burocráticos
de control y seguimiento de los proyectos y programas de cooperación.
·
La absoluta transparencia en la gestión integral de las diferentes
iniciativas de cooperación participadas de financiación de fondos públicos.
·
La progresiva participación de la sociedad civil en cuanto a conocimiento
e implicación en los diferentes aspectos de la cooperación solidaria.
III.-
MODIFICACIONES A LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN INTERNA DEL GOBIERNO. DECRETO
DE ÁREAS Y ASIGNACIÓN DE FUNCIONES.
El Lehendakari y los
partidos EAJ-PNV, EA y EB-IU acuerdan modificar la actual estructura departamental
y la asignación de funciones derivada del Acuerdo de 6 de julio de 2001 y del
subsiguiente Decreto de Áreas del Lehendakari en los siguientes extremos:
1.- Las áreas de actuación
que se citan a continuación pasarán a ser gestionados por un Consejero nombrado
por EB-IU.
-
Suelo y Urbanismo.
-
Vivienda.
-
Arquitectura, edificación y calidad en la construcción.
-
Cooperación al Desarrollo.
-
Voluntariado.
-
Bienestar Social (servicios de mediación familiar, promoción de las condiciones
que faciliten la libertad afectivo-sexual)
-
Servicios sociales.
-
Inmigración.
-
Drogodependencias.
2.- Por lo tanto,
como consecuencia del Documento de Participación de EB-IU en el Gobierno Vasco
y de adhesión del mismo al Acuerdo de coalición que suscribieron los Partidos
Políticos EAJ-PNV y EA para la formación del Gobierno Vasco (VII Legislatura),
la organización interna del Gobierno y la asignación de funciones actualmente
en vigor queda modificada de la siguiente manera:
a) El Gobierno constará
de los siguientes miembros y departamentos, siendo sus responsables y titulares
los propuestos por los partidos coaligados que se señalan:
1.- Lehendakari ………………………………………………..EAJ-PNV
1.- Vicelehendakari ………………………………………….. (tendrá
asignada una de las carteras de EAJ-PNV)
2.- Hacienda y Administración Pública ……………………
EAJ-PNV
3.- Educación, Universidades e Investigación
……………EA
4.- Interior ………………………………………………………EAJ-PNV
5.- Industria, Comercio y Turismo …………………………EAJ-PNV
6.- Vivienda y Asuntos Sociales ……………………………EB-IU
7.- Justicia, Empleo y Seguridad Social ………………….EA
8.- Sanidad …………………………………………………….EAJ-PNV
9.- Cultura ………………………………………………….. EAJ-PNV
10.- Ordenación del Territorio y Medio Ambiente …………EA
11.- Transportes y Obras Públicas …………………………EAJ-PNV
12.- Agricultura y Pesca …………………………………… EAJ-PNV
b) El esquema organizativo
subsiguiente a la reestructuración funcional que supone el punto anterior será
objeto de tratamiento en un nuevo Decreto de Áreas modificatorio del anterior,
propiciándose las medidas necesarias para la urgente reordenación de los recursos.
IV.-
ADHESIÓN DE EB-IU A LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL ACTUAL ACUERDO
DE GOBIERNO ENTRE EAJ-PNV Y EA SUSCRITO EL 6 DE JULIO DE 2001.
EB-IU se suma a las disposiciones
que establecen el modo de funcionamiento y acuerdo en el Gobierno.
Del mismo modo, EB-IU
participará en igualdad de condiciones y representación en la Comisión de seguimiento
creada en el Acuerdo de Gobierno vigente.
V.-
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACCIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL.
Las normas de coordinación
de la acción política institucional tanto en el Gobierno como en el Parlamento
serán las mismas que rigen en la actualidad y tendrán en cuenta los siguientes
principios que son asumidos y reiterados en su vigencia por EAJ-PNV, EA y EB-IU:
1.
Las pautas de acción institucional y las iniciativas en que se plasme
se definirán mediante el debate interno y se desarrollarán y ejecutarán de manera
unitaria, tanto en cuanto al sentido del voto, como a su explicación y comunicación
a la opinión pública.
2.
La defensa de los principios y valores que integren la ideología de cada
formación se desarrollará sin comprometer, cuestionar o menoscabar, directamente
o a través de polémicas y debates públicos, el marco fijado en el Acuerdo de
Coalición y en el presente Acuerdo, la acción política del Gobierno, la de cualquiera
de sus miembros o los acuerdos parlamentarios.
3.
Los Grupos parlamentarios de EAJ-PNV, EA y EB-IU mantendrán una comunicación
constante y se organizarán y coordinarán permanentemente para garantizar mediante
su presencia y apoyo efectivo, en todas las actividades institucionales y el
desenvolvimiento de la acción del Gobierno.
4.
Las diferencias de criterio que se susciten entre ellos se resolverán
acercando posturas a través del diálogo y el acuerdo.
5.
La acción de los Grupos se llevará a cabo con estricto respeto hacia
el pluralismo político representado en el Parlamento Vasco.
Adicionalmente, las
normas de acción política institucional se interpretarán y aplicarán con la
flexibilidad que requiera el caso, a la luz de los principios citados y con
criterios de reciprocidad y lealtad, de modo que se eviten tanto actitudes obstruccionistas,
como imposición de criterios, y se procure en todo momento realizar el esfuerzo
de negociación, diálogo y transacción necesarios.
Su aplicación se hará
sin merma de la libertad de cada Grupo parlamentario para exponer e impulsar
las actuaciones que propugne de acuerdo con las posiciones ideológicas
y programáticas de su Partido o Coalición siempre que se trate de iniciativas
lealmente acordadas en el seno del Gobierno Vasco.
Fuente: Eusko Alkartasuna
