ELECCIONES
GENERALES	2008

Eusko Alkartasuna

PROGRAMA 1.6

PROGRAMA ELECTORAL DE EUSKO ALKARTASUNA

ELECCIONES A CORTES GENERALES DE 9 DE MARZO DE 2008

(versión 6 – fecha 2008/02/20)

1	EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO Y EL DERECHO A DECIDIR DE LA SOCIEDAD VASCA	8

2	JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	12

3	PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS PARA LA PRÓXIMA LEGISLATURA	16

3.1	POLÍTICAS EN MATERIA SOCIAL	16

3.1.1	INSERCIÓN LABORAL, EMPLEO Y SOLIDARIDAD	16	
3.1.2	POLÍTICA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL	22	

3.2	POLÍTICAS EN MATERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	33

3.2.1	PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	33	
3.2.2	FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	35	
3.2.3	POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA	39	
3.2.4	TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS VINCULADAS	40	

3.3	POLÍTICAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN AMBIENTAL	43

3.3.1	LA VISIÓN INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA	43	
3.3.2	LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE EN MATERIA DE		
RESIDUOS	45

3.3.3	LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS ESPACIOS DE VALOR NATURALÍSTICO Y LA
GARANTÍA DE LA BIODIVERSIDAD	46

3.3.4	LA POLÍTICA ENERGÉTICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO	48

4	DEFENSA DE LOS DERECHOS DE EUSKAL HERRIA, PAZ, COOPERACIÓN Y DESARROLLO,
EJES DEL PROGRAMA DE EA EN MATERIA INTERNACIONAL	52

PREÁMBULO

La  legislatura  que  ahora  termina  ha  sido  especialmente  dura  para  las  esperanzas  de  la sociedad vasca de lograr la paz y alcanzar un nivel de normalización política acorde con sus demandas.

Un nuevo gobierno socialista, surgido casi por sorpresa,  anunciaba su voluntad en avanzar
en el respeto a los derechos individuales y sociales y   generaba nuevas expectativas tras años  de  gobierno  del  Partido  Popular  caracterizados  por  el  renacimiento  de  una  visión ultranacionalista  de  la  política  española  y  por  el  enfrentamiento  desde  el  Estado  contra cualquier  ansia  de  desarrollo  de  autogobierno  por  parte  de  las  Comunidades  Históricas  y especialmente  hostil  con  las  demandas  del  Pueblo  Vasco  a  través  de  sus  instituciones democráticas.

Estas  expectativas  de  cambio  y  renovación  duraron,  sin  embargo,  muy  poco.  Tras  la aprobación  por  la  mayoría  absoluta  del  Parlamento  Vasco  del  nuevo  Estatuto  Político,  se pudo comprobar cómo no habían cambiado las cosas en el Estado. El rechazo frontal con que  la  representación  institucional  de  la  sociedad  vasca  se  encontró  en  los  órganos  del Estado  y  en  la  generalidad  de  los  partidos  de  obediencia  estatal  española,  negándose  a cualquier cambio del status político de la CAV sin tan siquiera una tentativa de negociación
por tímida que ésta fuera, nos enseñó  hasta dónde llegaban los nuevos aires aportados por
el Presidente Zapatero.

Nuevos aires que volvieron a mostrarse viciados cuando asistimos a un cierre en falso en materias  tan  sensibles  como  la  memoria  histórica  y  la  ausencia  de  cumplimiento  en cuestiones como la devolución de la documentación depositada por el régimen dictatorial en Salamanca,  la  anulación  de  juicios  de  la  época  franquista,  la  atención  efectiva  a  quienes sufrieron la represión por parte del franquismo, etc.

Ni siquiera en el reconocimiento de la realidad pluricultural del Estado, sus diversas lenguas oficiales,  e  incluso  cuestiones  especialmente  simbólicas  como  el  reconocimiento  de  las selecciones deportivas de las comunidades históricas, el Gobierno socialista demostró una voluntad diferente de sus antecesores conservadores.

Sin embargo,  todavía debía producirse una situación aún más frustrante que lo acontecido
en  el  Congreso  de  los  Diputados.  El  inicio  del  proceso  negociador  entre  Estado  y  ETA, acompañado de la declaración de tregua permanente de ésta, parecía que podía llevarnos a una nueva situación en la que   acabase la permanente situación  de violencia que hemos vivido   en   las   últimas   décadas.   Las   declaraciones   realizadas   desde   el   Estado   y especialmente desde el Partido Socialista parecían sugerir un nivel de maduración en los contactos   previos   que   garantizasen   un   proceso   con   bases   ciertas,   laboriosamente trabajadas y con posibilidades altas de finalizar con éxito.

Sin  embargo,  el  tiempo  las  ha  situado  en  su  verdadera  dimensión.  Muchas  de  aquellas afirmaciones  e  insinuaciones  se  han  revelado  como  puramente  retóricas  y  encaminadas exclusivamente a instrumentalizar el proceso para beneficio político de las partes sentadas
en  la  mesa  negociadora.  Una  forma  más,  lamentablemente,  de  tratar  de  dejar  fuera  del
proceso a los legítimos representantes de la sociedad vasca.

Así, la ruptura de las negociaciones y la vuelta de ETA a la vía execrable de la amenaza y el asesinato,  con  el  atentado  realizado  en  la  terminal  T-4  del  aeropuerto  de  Barajas,  ha supuesto un auténtico mazazo para las esperanzas de la sociedad vasca de asistir al final
de la violencia.

La inmediata respuesta del Gobierno Central y del Partido Socialista ha sido la de retornar al camino  iniciado  por  el  Partido  Popular  en  la  pasada  legislatura,  tratando  de  limitar  los previsibles efectos electorales negativos del retorno de la violencia de ETA. Y demostrando que, desgraciadamente, poco han aprendido de la experiencia.

Desde  Eusko  Alkartasuna  hemos  defendido  siempre  la  necesidad  de  la  negociación  y  el acuerdo entre los legítimos representantes de la ciudadanía vasca y española. Sin obviar la necesidad  de  negociar  con  ETA  el  final  de  la  violencia,  la  negociación  política  debe desarrollarse  entre  los  verdaderos  actores  políticos,  los  que  ejercitan  una  representación popular refrendada en las urnas.

Y  esta  representación  popular,  encabezada  por  el  Ejecutivo  vasco  y  refrendada  por  la mayoría  del  Parlamento  de  Gasteiz,  ya  puso  sobre  la  mesa  una  propuesta,  que  fue lamentablemente  ninguneada  por  los  partidos  de  obediencia  estatal  española.  Este  grave error,  que  esconde  un profundo  desconocimiento  de  la  realidad  vasca y  una  preocupante debilidad  de  la  raíz  democrática  de  estos  partidos,  debe  ser  reconducido  en  la  próxima legislatura.

Eusko  Alkartasuna  apoya  la  propuesta  del  Gobierno  Vasco  de  iniciar  un  nuevo  proceso negociador con el Estado, proceso que inexcusablemente debe acabar con la presentación ante  la  sociedad  vasca  de  una  consulta  que  determine  sin  género  de  duda  cuál  es  su
voluntad.

Este  apoyo tiene  unas  bases  obvias  que  a  nadie  se  ocultan.  Esta  propuesta  ha formado parte  de  los  programas  electorales  de  la  Coalición  que  ha  gobernado  la  Comunidad Autónoma  Vasca  en  las  dos  últimas  legislaturas.  Pero  más  allá  de  la  paternidad  de  la misma, la raíz última de esta posición se halla en el convencimiento de que la única manera
de  solucionar  los  problemas  es  la  de  la  negociación  y  el  entendimiento  entre  diferentes desde  el  compromiso  del  respeto  a  la  voluntad  mayoritaria  de  una  sociedad;   y  la  única forma   de   conocer   realmente   lo   que   opina   esa   sociedad,   especialmente   cuando   las interpretaciones  llegan  a  ser  tan  opuestas,  es  la  de  preguntárselo  directamente.  Dar  la posibilidad a la ciudadanía vasca que exprese, de forma directa y clara, cuál es su exacta voluntad; una cuestión, en definitiva, de pura exigencia democrática.

En  esta  legislatura  a  punto  de  iniciarse,  la  representación  de  Eusko  Alkartasuna  en  las Cortes  Generales  será  la  voz  que  defienda  sin  equívocos  esta  propuesta,  la  de  exigir  el respeto del derecho que tiene el Pueblo Vasco a decidir su futuro.

Es  éste  un  reto  que  asumimos  con  la  seguridad  de  la  labor  desarrollada  en  sucesivas legislaturas,  defendiendo  estos  principios  junto  con  propuestas  concretas  para  mejorar  la calidad de vida de la generalidad de la población, no sólo en nuestro ámbito territorial sino
de todo el Estado.

Los	principios	programáticos	de	Eusko	Alkartasuna,	como partido	progresista y socialdemócrata,  orientado  a  la  construcción  de  una  sociedad  más  justa,  libre  y  solidaria sobre la base de la igualdad de oportunidades y el acceso a los bienes y servicios propios
del  Estado  del  Bienestar,  han  dirigido  la  acción  de  sus  representantes  en  los  órganos
parlamentarios   del   Estado,   promoviendo   iniciativas,   enmiendas   y   negociaciones   para materializar propuestas de mejora de la calidad de vida de toda la población, especialmente
de los sectores más desfavorecidos.

Esta posición de defensa de los valores de justicia social, libertad y solidaridad, adaptados
a la dinámica realidad de finales del siglo XX y  primeros años del siglo XXI, combinados con
la  defensa  del  autogobierno  que  el  Estado  todavía  hoy  adeuda  a  la  sociedad  vasca,  han marcado  la  acción  política  de  su  representación  en  las  Cortes  Generales.  Y  lo  seguirán haciendo en esta próxima legislatura, más aún cuando han sido reafirmados en el reciente Congreso celebrado en Donostia el pasado mes de diciembre.

A la hora de estructurar algunas de las principales propuestas y líneas de acción  que Eusko
Alkartasuna  va  a  defender  en  los  próximos  cuatro  años  en  las  instituciones  de  ámbito estatal, adquiere especial relevancia un principio que ha hecho suyo prácticamente desde su aparición,  que  ya  estuvo  presente  en  anteriores  programas  electorales  pero  que  hoy mantiene plena vigencia como elemento nuclear de la actuación institucional de todo aquél que se reclama progresista: el principio del Desarrollo Sostenible.

Es éste un principio que supera visiones sectoriales para constituirse como modelo integral
de  reflexión  en  el  que  adquieren  el  mismo  nivel  las  políticas  económicas,  las  políticas sociales y las ambientales, ejerciendo de elemento estructurante de una realidad poliédrica
en la que todos estos aspectos están interrelacionados.   Y, por tanto, donde cada una de estas políticas debe ser abordada desde el mismo momento que las demás, desapareciendo
la anterior conceptualización que las dividía entre primarias o de acción y de reparación.

Desde esta visión, las propuestas de Eusko Alkartasuna  para la próxima legislatura se van
a articular en tres grandes apartados: social, económico y ambiental.

Políticas en materia social

	Inserción laboral, empleo y solidaridad

	Política social y de bienestar social

	Administración de Justicia cercana y humana

Políticas en materia de desarrollo económico

	Promoción y desarrollo económico

	Formación, investigación y sociedad del conocimiento

Política fiscal y financiera

	Transporte e infraestructuras vinculadas

Políticas en materia de protección y valorización ambiental

	La visión integral del ciclo del agua

	Las políticas de prevención, reutilización y reciclaje en materia de residuos

	La  protección  efectiva  de  los  espacios  de  valor  naturalístico  y  la  garantía  de  la biodiversidad

La política energética y el cambio climático

1	EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO Y EL DERECHO A DECIDIR DE LA SOCIEDAD VASCA

Una de las cuestiones centrales del debate político dentro de Euskadi y el producido entre éste y el Estado español ha sido precisamente la del alcance de  la capacidad del Pueblo Vasco, la Sociedad Vasca si se prefiere, de decidir su propio futuro.

La  llegada  de  la  democracia  al  Estado  español  tras  uno  de  sus  periodos  más  oscuros conoció  en  esta  materia  la  búsqueda  de  un  consenso,  de  un  punto  de  encuentro  de mínimos,  que  cristalizó  en  la  aprobación  del  Estatuto  de  Gernika.  Frente  a  las  difíciles condiciones del momento, con una tasa de paro absolutamente disparada, una economía en crisis  con  los  sectores  en  que  había  descansado  su  despegue  económico  en  absoluta desintegración,   con escasas expectativas de mejora y en un ambiente político de absoluta incertidumbre, hubo voluntad y capacidad suficientes para avanzar en el reconocimiento de una realidad pretérita, unos derechos históricos, y una voluntad popular en los cuales basar
un primer punto de encuentro, una solución de medio plazo, para dotar a este País de unos mínimos  elementos  de  estabilidad  para  recomponer  la  maltrecha  situación  en  que  se encontraba.  Una  solución  de  medio  plazo  que  quedaba  expresada  en  su  Disposición Adicional que literalmente decía: “La aceptación del régimen de autonomía que se establece
en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le
hubieran  podido  corresponder  en  virtud  de  su  historia,  que  podrán  ser  actualizados  de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico”.

Este primer momento de reconocimiento de una realidad distinta pronto comenzó a conocer inquietantes  ejemplos  de  reconsideración  y  retroceso.  Los  acuerdos  entre  los  partidos  de obediencia estatal de rebajar el status de las Comunidades Históricas mediante la fórmula
del “café para todos” fue acompañada de una reinterpretación del acuerdo alcanzado en los primeros momentos de la democracia por parte de los poderes estatales, utilizando la vía de
la legislación básica en unos casos y la reinterpretación constitucional en otros, iniciando así 
una  campaña  de  continuo  recorte  de  los  derechos  reconocidos  al  Pueblo  Vasco  y	que tienen como primera evidencia el incumplimiento de las previsiones de transferencias a la CAV   que el propio Estatuto de Gernika, refrendado por la sociedad vasca y ratificado por las  Cortes Generales, viene sufriendo desde su aprobación.

Paralelamente,  se  ha   ido   asentando  desde  el  nacionalismo  español un discurso machaconamente repetido según el cual el actual marco de autogobierno vasco es el límite
al  que  se  puede  llegar  por  ser  ya  extraordinariamente  elevado  y  que  además  no  se corresponde a un derecho pretérito sino que es algo que graciosamente se le ha otorgado desde el Estado y que por tanto el Estado puede recortar, limitar y reducir a su libre albedrío.
Se trata, pues, de crear desde los intereses de una visión nacionalista española una teoría
política sobre la base de que aquí hay un único Pueblo, el español, y que el actual  modelo autonómico  responde  exclusivamente  a  una  voluntad  de  ese  Pueblo  de  descentralizar administrativamente la gestión de los intereses públicos y en ningún caso al reconocimiento
de otras realidades nacionales a las que corresponden derechos específicos de ningún tipo.

Esta revisión de lo que fue un primer punto de encuentro tras la dictadura franquista choca,
sin embargo, con la cruda realidad del reconocimiento expreso de unos Derechos Históricos
en el propio texto de la Constitución Española y el Estatuto de Gernika (que no olvidemos
fue  ratificado  en  Cortes  Generales  y  conforma  parte  del  núcleo  de  constitucionalidad española),  reconocimiento  que  no  hace  sino  trasladar  a  la  legislación  constitucional  una realidad histórica perfectamente  conocida y documentada.

Por si este reconocimiento no fuera suficiente, no hay que olvidar que el Estado español ha ratificado   acuerdos   internacionales,   incorporándolos   a   su   Ordenamiento   interno,   que reconocen el Derecho de Autodeterminación de los Pueblos. Derecho que ha servido para reconocer nuevas realidades políticas en otros ámbitos geográficos y que paradójicamente
se  niega  al  Pueblo  Vasco,  con  nuevas  construcciones  teóricas  que  pretenden  limitar  su
aplicación sólo a determinadas realidades, retorciendo este principio hasta convertirlo en un derecho de aplicación a la carta, que sirve estrictamente como justificación de las acciones desarrolladas por los Estados en virtud de sus intereses políticos de cada momento. Y que
ha  llevado,  incluso,  hasta  el  extremo  de  negar  la  propia  existencia  del  Pueblo  Vasco  con objeto de negarle este Derecho.

Aún  así  y  por  encima  de  estas  manipulaciones,  cuidadosamente  elaboradas  en  algunos casos y absolutamente groseras en otros, subsiste un principio de ámbito internacional que nos refuerza en nuestro inequívoco compromiso con el Pueblo Vasco y que sirve de nueva reafirmación de su  derecho a decidir su propio futuro. Se trata del Principio Democrático.

Si el Derecho de Autodeterminación, en su reelaboración por parte de los defensores de la primacía de los Estados y sus intereses a través de una  lectura limitativa de la concepción de Pueblo y Nación así como su falta de reconocimiento expreso en los textos legales, ha ido progresivamente reduciendo su significado en el plano internacional a los procesos de descolonización de los territorios que conformaban los imperios coloniales decimonónicos de las grandes potencias capitalistas, el Principio Democrático hunde sus raíces precisamente  en  los  principios  inspiradores  de  todas  las  Constituciones  democráticas. No requiere la preexistencia de una Nación, ni   su   reconocimiento.   Basta   la   decisión democrática.   Por   otra   parte,   como   principio   inspirador   de   todas   las   Constituciones  democráticas   se   infiere   del   propio   Ordenamiento,   sin   necesidad   de   formulación   o reconocimiento expresos.

Este Principio, surgido de dos países de indiscutible tradición democrática como son Gran Bretaña  y  Canadá,  engarza  perfectamente  con  los  presupuestos  ideológicos  de  Eusko Alkartasuna  y  con  la  defensa  que  del  derecho  de  decisión  del  Pueblo  Vasco  venimos realizando desde nuestra constitución como partido.

Como señalaba el Informe Kilbrandon, elaborado en Gran Bretaña en 1973 y que sirvió de base  para  la  elaboración  del  Libro  Blanco  sobre  Democracia  y  Devolución  de  Poderes  a Escocia  y  Gales,  al  buscar  la  determinación  de  los  requisitos  exigibles  para  que  una comunidad  pueda  ser  considerada  como  nación  “…los  mejores  jueces  son  los  pueblos 

mismos,  de  forma  que  si  un  colectivo  popular  piensa  de  sí  mismo  como  una  nación separada, nada más es necesario para demostrar la existencia de tal nación…”

Sobre esta misma base argumental, la doctrina de la Corte Suprema de Canadá avanza en
las consecuencias democráticas de la voluntad consciente de una sociedad para decidir su propio futuro. Ante el desarrollo de un importante movimiento independentista en  Québec, y
a pesar de entender que no tiene reconocido en el Ordenamiento Jurídico un reconocimiento
expreso de su derecho de autodeterminación ni de secesión unilateral, señala que si en un referéndum  realizado  entre  los  ciudadanos  de  Québec  y  ante  una  pregunta  clara  sobre secesión  se  obtienen  resultados  positivos,  el  Gobierno  de  Canadá  en  virtud  del  principio democrático  de  respeto  a  las  mayorías  tiene  la  obligación  de  negociar  con  Québec  esta cuestión, al igual que éste debe necesariamente negociar o pactar la solución con Canadá antes de proceder de forma unilateral.

Eusko  Alkartasuna  coincide  con  estas  expresiones  de  indudable  raíz  democrática  y  se compromete  con  la  sociedad  vasca  a  defenderlas  en  las  Cortes  Generales  que  se constituyan  tras  las  próximas  elecciones  de  marzo.  No  se  trata,  por  otro  lado,  de  un
compromiso  que  no  venga  ya  ejercitando  en  pasadas  legislaturas,  pues  engarza  con  sus principios ideológicos desde su constitución como partido político.

Sin embargo, la propuesta del Gobierno Vasco de iniciar un proceso de negociación con el
Gobierno que surja de las próximas elecciones generales y que culmine con una consulta a
la sociedad vasca otorga especial relevancia a la labor que como partido y especialmente a través  de  su  representación  en  las  Cortes	va  a  desarrollar  en  esta  próxima  legislatura, manteniendo  como  es  su  costumbre  una  posición  clara,  sin  dobleces,  de  defensa  de  los valores democráticos y pacíficos desde el respeto  a los derechos humanos y a la voluntad mayoritaria de nuestra sociedad.

Se  abre  un  periodo  intenso  y  difícil  pero  obligado  tras  los  acontecimientos  de  los  últimos años  a  los  que  se  hace  referencia  en  el  Preámbulo  de  este  programa.  Y  en  estas circunstancias,  la  labor  de  Eusko  Alkartasuna  y  su  compromiso  con  la  Sociedad  Vasca acreditados  a  lo  largo  de  décadas  de  su  defensa,  no  pocas  veces  en  solitario,  se  hacen imprescindibles.

2	JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Las  políticas  nucleares  de  derechos  humanos  no  deberían  de  ser,  en  teoría,  materia  de confrontación  electoral. Y  menos  aún  en  un  país  que  se  pretende  un  consolidado  Estado social  y  democrático  de  Derecho.  Pero  la  deriva  represiva  que  vive  la  legislación  penal española   y,   particularmente,   la   de   índole   específicamente   antiterrorista,   convierte   en obligado  un  compromiso  ante  los  ciudadanos  para  el  impulso,  sincero  y  efectivo,  de determinados pasos en la promoción de los derechos humanos de primera generación con
el ánimo sólo de ganar el terreno perdido. Con el ánimo de cancelar pasos atrás y devolver
así  al  ejercicio  de  los  derechos  fundamentales  (de  asociación,  de  libertad  de  expresión, ideológica,  de  participación  política…)  espacios  que  nunca  deberían  haber  sido  objeto  de incriminación.

Desde nuestra posición ideológica de defensa radical de los Derechos Humanos entendidos como  un  conjunto  independiente  e  indivisible  que  exige  la  denuncia  de  todo  tipo  de vulneraciones, en todos los órdenes de la vida social, política, económica, laboral y cultural, urgimos al Estado español –y a tal fin vamos a comprometer nuestra acción política como partido-:

	A la presentación de un Plan de Acción en materia de Derechos Humanos. Es un compromiso que ya adquirió el Gobierno del PSOE en la anterior legislatura y que ha sido una vez más objeto de flagrante incumplimiento. Así se lo  viene reivindicando Amnistía Internacional de forma constante y haciendo, en tal caso, de recordatorio de
las obligaciones internacionales en esta materia. El Gobierno Vasco, por el contrario,
presentó en mayo de 2006 el Plan de Paz y Convivencia que es, en el ámbito vasco, nuestro Plan de Acción en Derechos Humanos.

	A la presentación de un Plan de Educación en Derechos Humanos como una de las partes nucleares del Plan de Acción en Derechos Humanos. No basta con el impulso
de  la  asignatura  de  Educación  para  la  ciudadanía  y  los  derechos  humanos.  La educación  en  derechos  humanos  es  mucho  más  y  requiere  de  un  compromiso  de acción mucho más allá de la escuela. El Gobierno Vasco ya ha aprobado su propio Plan  Vasco  de  Educación  para  la  Paz  y  los  Derechos  Humanos  en  diciembre  de
2007.

	A la presentación de un Plan de Acción contra la Tortura. Frente a la versión oficial
de  que  no  existe  la  tortura  fuentes  de  plena  solvencia  y  casos  dramáticamente recientes son evidencias incontestables de su existencia y no como algo puramente anecdótico y  aislado.  Incluso aunque  no  existiera  tortura –que  no  es  el  caso-  toda democracia   está   obligada   a   mantener   estándares   preventivos   perfectamente operativos que, en el caso del Estado español, deberían incluir:

a.   La instalación de cámaras de grabación de forma generalizada en todos los centros de detención.

b.   La  modificación  y  efectiva  implementación  de  protocolos  forenses  en  las detenciones con amplia participación de forenses de confianza.

c.   La modificación radical de la actitud ante el enjuiciamiento e investigación de presuntas torturas. La impunidad es el principal factor criminógeno.

d.   La implementación del protocolo facultativo que permita la personación en los centros  de  detención,  retención  y  prisiones.  Desde  junio  del  año  2007  el Estado   español   está   incumpliendo   las   obligaciones   que   impone   dicho protocolo y que pasan por la creación de mecanismos de protección nacional que deberían ser, en cualquier caso, de estructura federal.

	Y, por último, a la presentación de un Plan de Acción en derechos civiles y políticos que  deshaga  la  malla  jurídico-represiva  y  que  tenga,  entre  sus  objetivos,  una modificación legislativa en profundidad de los siguientes instrumentos legales:

a)   Reformas jurídico-penales de índole sustantivo

1.-	Derogación   del   delito   de   amenazas   colectivas   por   su   excesiva inconcreción (derogación del art. 170 del Código Penal).

2.-	Delimitar   jurídicamente   lo   que   debe   entenderse   por   organización terrorista (Modificación del art. 515.2 Código Penal) y revisión de la pena por asociación ilícita terrorista (Modificación del art. 516 Código Penal).

3.-		Revisión  y  ajuste  de  los  supuestos  y  penas   contemplados  en  el conjunto de los artículos 571-579.

3.1.-  Modificación  del  delito  de  terrorismo  con  estragos  o  incendios
terroristas, exigiéndose adicionalmente la puesta en peligro para la vida o integridad de las personas (Modificación del art. 571 Código Penal).

3.2.-  Derogación del art. 574 por su absoluta indefinición.

3.3.-  Modificación   y   concreción   de   un   tipo   sobre   financiación   de organizaciones terroristas (Modificación del art. 575 Código Penal).

3.4.-  Modificación  del  delito  de  colaboración  terrorista  reduciendo  la pena y suprimiendo cláusulas generales imprecisas (Modificación del art. 576 Código Penal).

3.5.-  Derogación  del  tipo  denominado  de  terrorismo  individual,  por incluir en el núcleo duro de la legislación antiterrorista conductas materialmente	de	menor	gravedad	y	cualitativamente	no equivalentes (Derogación del artículo 577 Código Penal).

3.6.-  Modificación  y  concreción  del  delito  de  apología  del  terrorismo
(Derogación del artículo 578 Código Penal). b)   Reformas penitenciarias
1.-	Derogación del régimen excepcional de cumplimiento efectivo de la pena
para delitos de terrorismo (Artículos 76.1.d/78.2 Código Penal).

2.-	Derogación de los presupuestos obstáculo excepcionales para el acceso
al  tercer  grado  de  presos  por  delitos  de  terrorismo  (Artículos  36.2/78.3
Código Penal y Artículo 72.6 Ley Orgánica General Penitenciaria).

3.-	Derogación de los presupuestos obstáculo excepcionales para el acceso
a  la  libertad  condicional  de  presos  por  delitos  de  terrorismo  (Artículos
78.3/90.1/91.1 y 91.2/93.2 y 3 Código Penal).

4.-	Derogación de la posibilidad de clasificación/derivación excepcional a los Departamentos de primer grado para presos y preventivos por delitos de terrorismo (Derogación del Artículo 102.5.c Reglamento Penitenciario).

5.-	Desactivación de facto de la política de dispersión

c)   Reformas de índole procesal,  menores y ley de partidos

1.-	Desaparición del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (Art. 62 ss.
Ley Orgánica del Poder Judicial).

2.-	Desaparición  de  la  Audiencia  Nacional  como  órgano  centralizado  para enjuiciar e instruir los delitos de terrorismo, tanto para adultos como para menores. (Art. 62 ss. Ley Orgánica del Poder Judicial 1985)

3.-	Derogación  de  los  regímenes  excepcionales  de  la  legislación  penal  de menores por delitos de terrorismo (Art. 1.4/Art. 7.1.ñ/10.2 Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menores).

4.-	Limitación de los plazos de detención en materia de delitos de terrorismo (Derogación parcial del art. 520 bis.1 –su párrafo 2- Ley de Enjuiciamiento Criminal).

5.-	Derogación  del  régimen  de  incomunicación  (art.  520  bis.2/527  Ley  de
Enjuiciamiento Criminal).

6.-	Derogación  de  la  Ley  Orgánica  de  Partidos  Políticos  o,  en  su  caso, derogación parcial y modificación del artículo 9.

3	PROPUESTAS	PROGRAMÁTICAS	PARA	LA	PRÓXIMA LEGISLATURA

3.1	POLÍTICAS EN MATERIA SOCIAL

3.1.1	INSERCIÓN LABORAL, EMPLEO Y SOLIDARIDAD

En  relación  con  la  situación  del  empleo,  nos  encontramos  tanto  a  nivel  del  Estado  como especialmente  en  la  CAPV  y  Navarra,  con  unas  condiciones  desde  el  punto  de  vista cuantitativo que no habíamos conocido en épocas precedentes. Sin embargo, no es menos cierto que, desde un punto de vista cualitativo, los datos no son igualmente satisfactorios. La alta tasa de temporalidad, la siniestralidad laboral, la pérdida cada vez mayor del peso de los  salarios  en  el  PIB,  demuestran  un  retroceso,  o  al  menos  un  estancamiento,  en  los indicadores  de  calidad  del  mercado  de  trabajo.  Si  bien  la  CAPV	presenta  una  posición relativa mejor que la del conjunto del Estado, debido fundamentalmente a las políticas que en   esta   materia   ha   venido   desarrollando   el   Gobierno   Vasco   con   recursos   propios adicionales, es necesario reconocer el importante esfuerzo que debemos hacer para mejorar estos indicadores en el futuro.

Nos  encontramos  por  el  contrario  ante  un  área  de  competencias,  la  de  las  relaciones laborales y la protección social, en la que con mayor claridad se han venido incumpliendo
los supuestos establecidos en el Estatuto de Gernika y en el Amejoramiento de Navarra. En
unos casos por la nula voluntad del Gobierno Central en profundizar en éstas materias; en otros, en Navarra, por la actitud complaciente de los distintos Gobiernos con clara renuncia
a las capacidades establecidas en el Amejoramiento, fundamentalmente desde el punto de vista financiero.

Aspectos tan importantes para el desarrollo económico de un País y para la consolidación
de una sociedad cohesionada y solidaria, como las políticas activas de empleo, la formación ocupacional, la formación continua ( herramientas básicas para la mejora de la cualificación
y  empleabilidad  de  los  ciudadanos  y  ciudadanas  vascas  y  para  la  adaptación  de  sus
conocimientos  a  un  entorno  económico  cada  vez  más  competitivo),  la  gestión  de  las prestaciones por desempleo o la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, así como  la  Inspección  de  trabajo,  han  sido  negados  reiteradamente  en  algunos  casos  o planteados en condiciones inasumibles desde el punto de vista competencial en otros.

Nos encontramos en estos momentos ante una situación de cambio, ante la necesidad de
lograr un nuevo marco de relaciones con el Gobierno Central que sustituya al marco jurídico actual.  Un  nuevo  marco  que  garantice,  de  forma  efectiva,  la  capacidad  de  la  CAPV  y Navarra   para   gestionar   políticas   sociales   y   económicas   que   permitan   seguir   dando respuesta a las necesidades básicas de nuestra ciudadanía en el área del empleo y de la protección  social,  ayudando  de  ésta  forma  al  crecimiento  del  empleo  y  la  mejora  de  las condiciones del mismo en aspectos básicos como la conciliación de la vida laboral y familiar, la estabilidad en el empleo o la siniestralidad laboral  y todo ello dentro de un marco propio de relaciones laborales que permita la definición de políticas sectoriales en colaboración con todos los agentes con clara representación social.

Consciente de la importancia que dichas áreas de actuación conllevan, de la necesidad de adoptar medidas concretas necesarias para el logro de esos objetivos, de la búsqueda de un tejido económico altamente competitivo basado en la formación y el conocimiento, solidario con  los  colectivos  más  desfavorecidos  y  con  alto  riesgo  de  exclusión  social,  abierto  e integrador con la inmigración, Eusko Alkartasuna, desde una actitud progresista y solidaria,
se compromete a:

	 Reivindicar un nuevo marco de relaciones laborales y de protección social.

	A la espera de la materialización del nuevo marco y al amparo del Estatuto de Gernika y del Amejoramiento del Fuero Navarro, impulsar las transferencias en materia de políticas activas y pasivas de empleo, mediante la transferencia de las cuotas recaudadas en el ámbito de las dos comunidades autónomas y la aplicación de la fórmula de Cupo en la parte financiada vía impuestos.

 Inspección de trabajo

 Gestión del régimen económico de la Seguridad Social

El objetivo de EA es consolidar una situación de pleno empleo, en un espacio competitivo y que éste sea de calidad y seguro. Para ello, EA propugnará medidas legislativas para:

a)   En materia de calidad y seguridad:

	Reducir  la  precariedad,  incentivando  las  modalidades  de  contratos  fijos  a  jornada completa y/o parcial, cuando ello permita la conciliación de la vida laboral y familiar y facilite a los jóvenes el acceso al mercado laboral sin renunciar a la formación.

	Prohibir	la	contratación	de	trabajadores	mediante	ETTs	por	parte	de	la
Administración, de las empresas y sociedades públicas y de los entes y fundaciones donde la participación de las mismas sea mayoritaria.

	Elevar  el  salario  mínimo  interprofesional  a  cuantías  equivalentes,  en  unidades  de poder adquisitivo equivalente, a los países más desarrollados de la Unión Europea.

	Reducir la siniestralidad laboral mediante la implantación de sistemas de prevención
de riesgos, principalmente en las PYMES, fomentando la formación y sensibilización
de  la  sociedad  en  general  y  de  los  trabajadores,  empresarios  y  directivos  en particular  ,  aumentando  los  recursos  en  materia  de  Inspección,  actualizando  las sanciones  establecidas  en  materia  de  infracciones  de  orden  social,  impulsando  el compromiso  de  las  empresas  en  materia   de  prevención  de  riesgos   laborales mediante  la  inclusión  de  clausulas  de  carácter  social  en  los  pliegos  y  condiciones para  la  contratación  con  la  Administración,  fomentando  la	investigando  de  las causas   de   siniestralidad   producida,   ampliando   el   número   de   especialistas   en medicina del trabajo y reforzando la actuación de los servicios de prevención ajenos

b)   En materia de equiparación real e igualdad de oportunidades:

	Adoptar medidas tendentes a asegurar la igualdad de las condiciones laborales de
las personas que desempeñan el mismo trabajo; eliminando las desigualdades por razón de género y limitando la subcontratación a razones de especialización.

	Fomentar la igualdad de oportunidades y la homologación salarial entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida laboral (retribución, promoción, condiciones laborales,  acceso  al  trabajo,…)  mediante  instrumentos  de  conciliación  de  la  vida laboral y familiar, ayudas a la reincorporación al mercado de trabajo y actividades de inspección y sanción.

	Garantizar  el  respeto  a  la  diversidad  racial  y  cultural  en  el  mundo  del  trabajo, combatiendo las discriminaciones que se produzcan.

	Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de reserva de puestos
de   trabajo   para   personas   con   discapacidad,   exigiendo   la   realización   de   las adaptaciones  necesarias  para  ello,  tanto  en  las  empresas  públicas  como  en  las privadas.

	Impulsar la participación de los trabajadores en todo tipo de empresas de economía
social (Cooperativas y SALES).

	Equiparar   los   derechos   de   los   trabajadores   contratados   a   través   de   terceras empresas  o  por  las  mismas  de  forma  temporal,  si  continúan  desempeñando  sus funciones para la misma empresa o grupo de empresas en un período inferior a un año desde la última extinción de relación laboral con la citada empresa o grupo. Se pretende  evitar  la  práctica  que  realizan  numerosas  empresas  que  para  evitar  la generación y pago del derecho de la antigüedad, realizan la contratación por medio
de  empresas  intermedias,  ETTs  o  subcontratación;  o  haciéndolo  directamente, ponen  fin  a  la  relación  laboral  para  seguidamente  realizar  un  nuevo  contrato, impidiendo con todo ello la generación del derecho a la percepción de la antigüedad.

	Equiparar a los autónomos, a las empleadas de hogar y a los trabajadores agrarios a
las  condiciones  de  los  trabajadores  del  Régimen  General  en  materias  tales  como
Incapacidad Transitoria , tabla de cotizaciones, etc.

	Reconocer de forma efectiva la lengua de signos, posibilitando la integración real de las personas con discapacidad auditiva.

c)   En materia de creación de empleo:

El  objetivo  señalado  de  consolidar  una  situación  de  pleno  empleo  requiere  como condición sine qua non la creación de nuevo empleo. Para ello,  Eusko Alkartasuna propone
la implementación a nivel de todo el Estado de  las siguientes políticas activas:

	Impulsar  la  creación  de  nuevas  empresas  fundamentalmente  en  las   áreas  del conocimiento,	la	innovación,	las	nuevas	tecnologías	y	explorar	nuevos yacimientos de empleo en el campo de los servicios sociales y de atención a la dependencia.

	Impulsar la creación de empresas de inserción integradas por un número mínimo
de  trabajadores  que  pertenezcan  a  colectivos  con  mayores  dificultades  de inserción,  adoptando  asimismo  programas  de  inserción  laboral  dirigidos  a  los colectivos más desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.

	Potenciar  la  creación  de  nuevas  empresas  mediante  la  creación  de  viveros  de empresas, simplificación de la tramitación para la creación de nuevas empresas, asesoría técnica gratuita, adecuada política de subvenciones, etc.

	Subvencionar la contratación de determinados colectivos como: demandantes de
primer  empleo,  parados  de  larga  duración,  mujeres,  mayores  de  45  años, personas con discapacidad, etc.

	Reducir  las  cargas  sociales  en  aquellos  salarios  más  bajos  para  fomentar  la contratación y aligerar el IVA sobre los servicios intensivos de mano de obra para que aflore la economía sumergida.

	Introducir mecanismos que estimulen el empleo a los perceptores de renta social, reduciendo  la  posibilidad  de  que  se  establezcan  de  forma  cronificada  en  el empleo sumergido,  de baja calidad y sin garantías.

La  utilización  de  fórmulas  empresariales  de  economía  mixta  constituye  un  instrumento adecuado que facilita la creación de empleo, al mismo tiempo que supone la adquisición por parte  del  trabajador  de  un  compromiso  con  el  desarrollo  económico  y  social  del  país,  al posibilitar que el desarrollo integral del trabajador crezca simultáneamente al de la empresa. Por ello, nos proponemos impulsar la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, en la propiedad y en los órganos de administración.

Sin  embargo,  estas  medidas  por  sí  solas  no  bastan  para  garantizar  el  modelo  de  pleno empleo en condiciones de calidad suficiente para toda la población trabajadora.

Para garantizar no sólo un mejor y mayor acceso al mercado laboral, sino la estabilidad en
el mismo, la mejora de las condiciones laborales, el incremento sostenido de la renta, así como  la  capacidad  de  reinserción  laboral   devenida  como  consecuencia  de  la  pérdida  de empleo  en  procesos  de  reestructuración  en  sectores  maduros  fruto  de  las	tendencias deslocalizadoras  y  de  globalización,  debemos  dar  especial  importancia  a  la  formación, adaptando al trabajador a las nuevas formas y cualificaciones demandadas por el mercado. Para ello EA propone las siguientes políticas activas destinadas a mejorar la empleabilidad y
la promoción profesional:

	Dirigir la formación hacía sectores con mayores índices de empleabilidad.

	Incrementar   la   formación   ocupacional   destinada   a   colectivos   con   mayores dificultades de inserción implementándola con la realización de prácticas.

	Ofrecer  un  servicio  de  orientación  ajustado  a  cada  demandante  de  empleo haciendo un seguimiento del mismo.

	Promover la realización de cursos de formación y reciclaje profesional destinados
a facilitar la promoción profesional y  la adaptación a las nuevas exigencias del mercado.

	Actualizar  con  nuevas  titulaciones  profesionales  y  con  la  adaptación  de  los contenidos  curriculares  la  oferta  formativa  con  objeto  de  afrontar  las  nuevas oportunidades del mercado fruto de las demandas del tejido productivo.

Consideramos clave instituir una formación continua gestionada desde el respeto al ámbito autonómico y a los acuerdos que a nivel de dicho ámbito se establezcan, financiándose con
las  cuotas  de  formación  satisfechas  en  el  propio  ámbito  territorial  del  acuerdo  y,  por supuesto, siempre desde el acuerdo interprofesional entre los agentes socioeconómicos. Es
la  única  manera  de  garantizar  que  la  población  trabajadora  renueve  sus  capacidades  de forma  constante,  adaptándose  a  las  necesidades  que  establece  el  mercado  sin  perder posiciones en la calidad de su empleo.

Por  último,  Eusko  Alkartasuna  considera  que  el  objetivo  de  alcanzar  una  economía competitiva  de  gran  eficacia  económica  ha  de  ser  compatible  con  la  justicia  social,  la solidaridad  intergeneracional,  la  búsqueda  de  la  cohesión  social  y  el  mantenimiento  del estado   de   bienestar,   todas   ellas   símbolos   de   las   tradiciones   y   costumbres   de   la socialdemocracia	europea.  Por  ello  EA  propone  hacer  frente  y  poner  freno  a  ciertas tendencias   preocupantes   derivadas   de   un   modelo   neoliberal   que   ha   descuidado   la dimensión de la justicia social, tales como la precarización creciente del mercado de trabajo,
la preocupante extensión de políticas de contención del gasto social y el debilitamiento de
las políticas redistributivas, junto con la  pérdida de poder de los salarios en relación con el producto interior bruto.

Además, la protección social debe ser consciente de las nuevas problemáticas derivadas del cambio   social   que   están   experimentando   todas   las   sociedades   de   nuestro   entorno, especialmente el progresivo envejecimiento de la población, la aparición y asentamiento de nuevas estructuras familiares, así como nuevas formas de empleo y desempleo.

Por ello,  Eusko Alkartasuna

	impulsará  aquellas  medidas  que  garanticen  el  sostenimiento  en  el  largo  plazo  del sistema  público  de  seguridad  social,  la  adopción  de  medidas  que  fortalezcan  su financiación  en  una  economía  en  la  que  para  los  salarios  cada  vez  es  más  difícil garantizar el futuro como única forma de financiación,

	promoverá  modelos  de  cobertura  de  desempleo  que  den  respuesta  a  las  nuevas
necesidades creadas como consecuencia de una mayor movilidad en el empleo. Si garantizar  la  duración  en  el  mismo  empleo  o  puesto  de  trabajo  es  cada  día  más difícil,   buscar   fórmulas   que   cubran   las   necesidades   reales   en   momentos   o situaciones  de  transición  en  el  empleo  se  convierte  en  una  necesidad  ineludible. Debemos  evitar  que  estas  situaciones,  más  allá  de  una  situación  transitoria  de inactividad, condicionen la estabilidad de las formas de vida familiar.

		Así mismo, impulsará la generalización de las pensiones complementarias entre la población   trabajadora,   como   complemento   del   pilar   básico   y   para   nosotros irrenunciable del sistema público de la seguridad social, a través de la implantación
de sistemas colectivos de empleo, con la negociación colectiva como eje motor. Ello permitirá garantizar el mantenimiento del nivel de vida en la etapa de jubilación.

3.1.2	POLÍTICA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL

La política social de Eusko Alkartasuna está dirigida a construir una Euskadi del bienestar,
de la solidaridad, de la justicia social y del reparto equitativo de la riqueza que generamos.

Desde Eusko Alkartasuna nos comprometemos a defender, cada uno en su propio ámbito
de   responsabilidad   política   o   institucional,   los   derechos   sociales   que   consideramos irrenunciables  y  el  punto  de  partida  de  las  políticas  sociales  progresistas.  Nos  hemos comprometido  como  partido  político  a  desarrollar  el  modelo  del  Estado  de  Bienestar  y, consecuentemente,  a  defender  y  proteger  los  derechos  sociales  en  la  convicción  de  que constituyen los pilares básicos e irrenunciables para construir una sociedad de todos y para todos:

El Estado del Bienestar se nos presenta, no sólo como garante de los derechos cívicos y políticos sino también y sobre todo de los derechos sociales, concretamente en la protección
y tutela de los bienes materiales, garantías de rentas, protección de la familia en su sentido más amplio, de la salud, de las contingencias sociales (enfermedad, viudedad, desempleo, etc.), de la protección de la educación, del derecho a la vivienda, de los derechos de las personas consumidoras, etc.

A la hora de abordar esta cuestión resulta clave definir los ámbitos o niveles de la protección social con objeto de determinar un sistema de protección de derechos sociales.

Según la metodología SEEPROS (Sistema europeo de estadísticas de protección social) los
ámbitos de protección social son:

-	Invalidez – vejez – desempleo  (sistema de trabajo y seguridad social).

-	Enfermedad – sanidad  (sistema sanitario).

-	Familia – juventud  (sistema de protección a la familia).

-	Vivienda  (sistema de protección a la vivienda).

-	Exclusión social – discapacidad  (sistema de garantía de rentas).

Estas necesidades sociales son consideradas como básicas y como derechos universales a proteger por la Administración Pública, independientemente de la condición social, cultural o
de opción sexual, mediante la puesta en marcha de los Sistemas de Protección Social.

Consecuentemente   los   sistemas   prestacionales   y   sectoriales   se   convierten   en   un instrumento  de  redistribución  de  rentas,  de  igualdad  y  de  integración  social.  Este  modelo parte  de  la  convicción  de  que  los  derechos  civiles,  políticos  y  los  derechos  sociales  son “interdependientes e indisociables”.

Sobre esta base general, definimos nuestras propuestas en esta materia:

a)   Aprobación  de  un  catálogo  de  derechos.  Desde  un  posicionamiento  progresista exigiremos  la  aprobación  de  un  catálogo  de  derechos  subjetivos  y  universales exigibles a la Administración Pública:

-	Derecho a la educación: desde el tramo 0-3 años hasta la universidad.

-	Derecho a la salud: ampliación del catálogo de enfermedades a proteger.

-	Derecho al trabajo o a rentas sociales: calidad del trabajo y generalización
de rentas sociales, cuando falten las de trabajo.   Derecho a la seguridad social  digna:  pensiones  sobre  el  umbral  de  pobreza,  sobre  todo  las  de viudedad.

-	Derecho  a  la  vivienda,  haciendo  hincapié  en  el  alojamiento  de  alquiler social.

-	Derecho  a  una  garantía  de  rentas  y  a  la  inclusión  social:  priorizando  la
atención  de  personas  dependientes,  violencia  de  género,  acogida  e inclusión  de  inmigrantes,  drogadicción  y  expresos,  jóvenes  en  situación
de riesgo, familias monoparentales, pensionistas, etc.

-	Derechos   de   la   familia:   subvenciones   económicas   y   servicios   de conciliación  (infancia, juventud, familia).

La  defensa  de  estos  derechos  y  la  construcción  del  Sistema  de  Protección  y  Bienestar
Social, constituyen los valores de la socialdemocracia europea y vasca, donde se ubica EA,
y desde donde se construye nuestra Política Social, progresista, solidaria y de justicia social.

b)   Aseguramiento de un sistema público de justicia social y para el bienestar social.

Como  objetivo  final  o  general  de  la  política  social  se  debiera  corregir,  dentro  de  nuestros ámbitos competenciales, el déficit existente en relación al gasto en protección social de la media europea.

Los partidos que han gobernado el Estado español han desarrollado un modelo residual de bienestar  social,  que  ignora  los  derechos  sociales  y  convierte  la  protección  social  en asistencia social que estigmatiza a los usuarios.

Así, el gasto del Estado español en política social, se sitúa en el 20,0% del P.I.B. frente al
28% de la U.E., siendo uno de los más bajos de la Unión Europea (UE 15).

Con relación a la Comunidad Autónoma del País Vasco, la política de protección social se encuentra  actualmente  excesivamente  vinculada  a  la  intervención  estatal  y  sufre  las consecuencias de las competencias no transferidas en Seguridad Social y políticas activas y pasivas  del  INEM.   Consecuentemente,  el  52,8%  del  gasto  en  protección  social  ya  viene vinculado  al  sistema  de  Seguridad  Social  y  un  9,1%  vinculado  a  las  políticas  activas  y pasivas  del  I.N.E.M.,  se  concluye  que  más  del  61%  del  gasto  en  políticas  de  protección social actualmente depende del Estado.

Ello no obstante, el País Vasco destinó, según los últimos datos oficiales del EUSTAT, un total   de   7.230   millones   de   euros   al   Sistema   de   Protección   Social:   salud,   familia, discapacitados,  tercera edad,  vivienda  y  exclusión  social.  Este  esfuerzo  en  Política  Social hace que el País Vasco abone 5.079 € por habitante frente a los 4.087 del Estado español, lo que supone una diferencia del 21,7%.

Desde esta realidad contrastada, entendemos de deben abordarse como más urgentes las
siguientes respuestas sectoriales desde una visión progresista de la política social.

1)	Protección de la salud.

España tiene el gasto sanitario más bajo de toda la Unión Europea, después de Grecia y
Portugal (5,8% del PIB, siendo la media europea el 7,2%).

Es necesario ampliar el catálogo de actuaciones sanitarias protegidas, incluyendo la salud integral de la boca, de la vista y aparatos auditivos, crear nuevos servicios para personas dependientes  y  el  tratamiento  de  nuevas  enfermedades,  creando  unidades  de  Alzheimer, desarrollo del espacio Socio-Sanitario, etc.

2)	Protección a las familias.

La política de familia en España tienen el gasto más bajo, en relación al PIB, de la Unión
Europea, el 0,5% frente al 2,1% de la media de la Unión.

Los gobiernos del PP y del PSOE han sido incapaces de crear un sistema de protección a la familia.   Prevalecen  las medidas  aisladas   y  oportunistas   (2.500€  por hijo,  cheque bebé) renunciando  a  la  creación  de  sistemas  integrales  de  apoyo  a  la  familia  habituales  en  la Unión  Europea,  como  son  las  ayudas  económicas  directas  desde  el  nacimiento  hasta  la emancipación, así como en el ámbito de las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral, excedencias y reducciones de jornada para el cuidado de los hijos, y sobre todo se olvidan de la creación de la red educativa asistencial para los menores de 0 a 3 años.

El Estado español tiene el nivel más bajo de la U.E. en cuanto a la cobertura de escuelas infantiles en el tramo 0-3 años: Sólo el 8% de los menores españoles entre 0 y 3 años tienen plaza en escuelas de titularidad pública (Dinamarca 44%, Suecia 40%, Francia 23%).   Hay
un déficit de 430.000 plazas en España.

En Euskadi los niveles de cobertura y escolarización nos ponen al nivel de los países más avanzados de Europa, el 52,5% de cobertura para los menores entre cuatro meses y tres años.

La familia ocupa un papel central, tanto para la población en general como en el discurso político (un 78% de la población considera a la familia como el elemento más importante en
su vida). Pero las aportaciones y ayudas del Estado son mínimas.

3)	Protección de acceso a vivienda.

España es el país de la Unión Europea con el gasto más bajo en  relación con el PIB en vivienda   social,   0,2%   frente   a   la   media   de   la   UE   del   0.6%.	Frente   a   ello,   nos comprometemos  a  aprobar  una  Ley  de  Vivienda  de  la  Comunidad  Autónoma  Vasca  que contemple  una  intervención  agresiva  a  favor  de  las  viviendas  sociales  de  alquiler  y propiedad y trasladaremos a las Cortes este modelo para su implementación en el Estado.

Es  necesaria  la  creación  de  un  parque  de  vivienda  social  de  alquiler,  promovido  por  el Estado,  las  Comunidades  Autónomas,  Ayuntamientos,  etc.,  para  posibilitar  alojamiento  y vivienda  a  la  población  en  general  y  a  los  jóvenes  y  personas  con  escasos  recursos  en particular.

4)	Lucha contra la exclusión social.

España es el país de la Unión Europea con el porcentaje de gasto más bajo, en relación con
el PIB, en lucha contra la exclusión social.   La CAV destina el 0,45%, el estado español el
0,19% y la media de Unión Europea es del 0,39%.

Es	necesaria  la  puesta  en  marcha  de  unas  políticas  prestacionales  que  garanticen  una renta básica a la población en riesgo de exclusión que se sitúe por encima del umbral de la pobreza. Hay, pues, que poner en marcha las siguientes prestaciones y programas:

Renta  Básica  generalizada  como  derecho  subjetivo  de  ciudadanía  para  las  personas  en situación de necesidad, según el modelo del País Vasco  (evitando el efecto llamada cuando una  comunidad  responde  de  forma  positiva  a  dicha  protección).	Generalización  de  la protección a las rentas más bajas.

Complemento  de  vivienda  para  aquellas  personas  que  no  tienen  resuelto  el  tema  del alojamiento-vivienda y se encuentran en proceso de inserción (convenios de Inserción).

Políticas  activas  de  formación  y  empleo,  según  el  modelo  de  Inclusión  Socio-Laboral  del País  Vasco,  que  posibiliten  a  la  ciudadanía  en  situación  de  exclusión  socio-laboral  una posición de igualdad de oportunidades ante el mercado laboral y ante la sociedad: Programa Auzolan, fomento de empresas de inserción, etc.

En  Renta  Básica  el  País  Vasco  gasta  más  de  34,7%  del  gasto  total  del  Estado  en  este mismo concepto.   Y en AES gastamos más del 60% de lo que gasta el Estado.   Hay que considerar que Euskadi tiene el 5,3% de la población, con los índices de pobreza más bajos

del Estado, 3,7% de la población, siendo la media española del 7% y la media de la Europa
del 5%.

5)	Protección de las prestaciones de supervivencia (viudedad, invalidez, vejez).

El  Estado  español  es  uno  de  los  países  que  menor  porcentaje  del  PIB  gastan  en  este concepto, 0,8% frente a la media europea del 1,3%. Las actuales pensiones de viudedad se sitúan bajo el umbral de pobreza severa, al tiempo que el  envejecimiento de la población ha provocado que el déficit del gasto se esté acentuando.

Desde Eusko Alkartasuna exigimos unas pensiones dignas situadas sobre el umbral de la pobreza: 900 € mensuales. Actualmente la pensión media de viudedad no llega a los 600€ y
las  pensiones  no  contributivas  están  entre  los  260  y  los  300€  mensuales.  Y  es  que
precisamente son las pensiones quienes definen la calidad de vida de la población mayor.
El déficit en gasto social en vejez (8,3% del P.I.B. frente al 10,9% de la U.E.) se explica por
la baja cobertura de las pensiones.

Del mismo modo, se hace imprescindible la puesta en marcha de planes de previsión social complementaria,  similares  a  los  que  a  puesto  en  marcha  la  CAV,  considerando  que  el mantenimiento del sistema público de pensiones es incuestionable, esencial e irrenunciable. Estos	planes	posibilitan	la	generalización,	la	democratización,	de	las	pensiones complementarias, extendiéndola a la mayoría de la población trabajadora de nuestro país, garantizando un nivel de bienestar social para los trabajadores, pensionistas y sus familias.

6)	Protección de prestaciones por desempleo.

Según  datos  del  I.N.E.M.  y  de  la  E.P.A.,  más  de  la  mitad  de  los  parados  en  España  no tienen  ningún  tipo  de  cobertura  frente  al  paro  y  aquéllos  que  la  tienen  disponen  de aportaciones bajas, fundamentalmente  prestaciones asistenciales.

Reivindicamos un S.M.I. situado en el 60% de la renta media, tal y como se contempla en
los  países  europeos  más  avanzados.   Exigimos  una  garantía  de  rentas  que  proteja  a  los parados de larga duración y la puesta en marcha de políticas activas de integración socio- laboral.  No  olvidemos  que  actualmente,  cualquier  tipo  de  pensión  que  no  sobrepase  la Renta Básica recibe en nuestra Comunidad un complemento económico para corregir este déficit,  cuando  la  solución  definitiva  debe  resolverse  por  quien  tiene  la  responsabilidad competencial.

7)	Servicios de apoyo a la tercera edad

Entendemos clave actuar en materia de servicios de ayuda a domicilio, esto es,  priorizar y
generalizar   la   atención   domiciliaria   de   las   personas   mayores   y   con   cierto   nivel   de dependencia.

El  Estado  español  tiene,  una  vez  más,  el  nivel  más  bajo  de  cobertura  de  servicios domiciliarios para mayores, 1,5% de los mayores de 65 años (24% en Dinamarca, 17% en Suecia, 5,52% en el Reino Unido).  Aunque en el País Vasco la situación es distinta, pues la atención domiciliaria a mayores de 65 años alcanza al 4,5%, llegando al 16% en mayores de
80 años, consideramos que el objetivo debe ser llegar a los porcentajes de atención de los
países  más  avanzados.	Pasar  del  4,5%  de  la  población  mayor  de  65  años  al  5%,  y aumentar la intensidad de atención, de 4 horas semanales a 9 horas (Propuesta realizada desde  la  Sociedad  de  Geriatría).  No  hay  que  olvidar,  además,  que  el  desarrollo  de  este servicio generaría una importante creación de empleo

Si  bien  apostamos  como  partido  por  la  preservación  para  las  personas  mayores  de  su entorno  natural,  no  podemos  abstraernos  de  la  necesidad  de  disponer  de	residencias  y centros de día como complemento obligado de una atención adecuada a las personas de edad.   El  objetivo  que  proponemos  en  esta  materia  es,  una  vez  más,  el  de  alcanzar  los ratios medios de la U.E., tanto de válidos como de dependientes.

Consideramos  imprescindible  apostar  por  una  política  social  desarrollista  y  universalista, escapando del modelo asistencialista que Partido Popular y Partido Socialista han asentado, desarrollando  un  modelo  residual  de  bienestar  social  que  ignora  los  derechos  sociales  y convierte  la  Política  Social  en  asistencia  social,  algo  que  estigmatiza  a  los  usuarios  al rebajarlos ante la ciudadanía a la categoría de menesterosos.

c)   Otras   necesidades   emergentes   en   la   sociedad   del   siglo   XXI:	Dependencia, inmigración y familias monoparentales

Estas serían las líneas básicas de nuestra actuación en el ámbito de la protección social, pero, hoy en día, la sociedad en que vivimos   ha alcanzado un estado de evolución social que  demanda  un  abanico  concreto  de  servicios  sociales  y  prestaciones,  sobre  todo  en  el ámbito del desempleo, de las personas mayores, de dependientes e inmigrantes.

El envejecimiento de la población, el aumento de personas dependientes y el fenómeno de
la inmigración exigen un incremento de prestaciones económicas y servicios especializados.

Como consecuencia del reparto desigual de la riqueza, así como de la falta de empleo en
los países en vías de población y de la globalización, se está incrementando el fenómeno social de la inmigración, imponiéndose por parte de los países desarrollados barreras para que no accedan a sus respectivos países ciudadanos y ciudadanas de los países en vías de desarrollo. El pueblo vasco ha sido a lo largo de su historia un pueblo emigrante, tanto por razones  económicas  y  políticas,  y  sus  habitantes  han  sido  recibidos  casi  siempre  con  los brazos  abiertos  en  los  países  de  acogida.  Por  ello,  Eusko  Alkartasuna,  muestra  su solidaridad con los habitantes de otras partes del mundo que accedan a nuestras tierras en busca de trabajo y un mejor porvenir para sí mismos y para sus familias, así como expresa
su  rechazo  a  las  barreras  que  se  están  poniendo  en  los  países  ricos  del  mundo  a  la
inmigración y, en particular, por parte de los países de la UE.

En   esta  línea,  Eusko  Alkartasuna  hace  una apuesta  por  el  fomento  del  emprendizaje  en estos   sectores   con   dificultades   de   inserción   laboral,   mediante   la   elaboración   de metodologías adaptadas a cada realidad y necesidad, sin perder en la medida de lo posible
el carácter empresarial de la iniciativa, intentando que sea ésta una opción de autoinserción
proactiva más que de mera dependencia del sistema de bienestar social.

Otros temas como el protagonismo y la igualdad de oportunidades  de las mujeres con su incorporación  al  mercado  laboral,  la  incorporación  del  tejido  asociativo  en  el  campo  de  lo social  y  la  participación  cada  vez  más  activa  de  las  organizaciones  de  voluntariado,  la aprobación  de  una  Ley  de  Servicios  Sociales,  protectora  de  derechos  sociales…  son  los retos que se plantean en el ámbito de la Protección Social y de las Políticas Sociales, tanto
en la C.A.P.V. como en el Estado y a nivel europeo.   La respuesta a estos retos requiere
una  política  proactiva  que  ha  de  medirse,  entre  otros  parámetros,  por  la  proporción  del gasto. Lamentablemente, el gasto del Estado español en política social, tal y como hemos dicho anteriormente, se sitúa en el 20,0% del P.I.B., siendo la media de la Unión Europea
del 27,3%.

Consideramos que en lo nacional y en lo social hay diferentes formas de hacer política, hay diferentes modelos para abordar los problemas que afectan a la ciudadanía.  Es posible que
la izquierda y la derecha tal y como las conocimos en el siglo pasado hayan desaparecido. Pero  lo  que  está  claro  es  que  los  valores  esenciales  defendidos  por  una  y  otra  siguen vigentes.

3.1.3	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CERCANA Y HUMANA

El modelo social que Eusko Alkartasuna defiende, del bienestar, solidario y justo,  no puede admitir en su seno un sistema de Administración de Justicia decimonónico, anquilosado e incapaz  de  dar  una  respuesta  cercana  y  rápida  a  las  demandas  de  la  sociedad  vasca  y mucho menos garantizar un enfoque de su política penitenciaria dirigida prioritariamente a la prevención y la reinserción de las personas que han delinquido.

Por ello, y a la espera del nuevo modelo de relación entre Euskadi y el Estado español que preconizamos,  reclamamos  la  inmediata  puesta  en  práctica  de  una  reorientación  de  la realidad   actual   basada   en   dos   aspectos   fundamentales,   la   descentralización   de   la Administración de Justicia y la transferencia de la competencia “de prisiones”.

a)   Descentralización de la Administración de Justicia.

La   descentralización   de   la   Administración   de   Justicia   puede   comprender   los siguientes aspectos:

1.- Que el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi sea la última instancia en la que se agoten  los  procesos  en  todos  los  órdenes  de  la  jurisdicción  y  que,  asimismo,  sea competente  para  conocer  los  Recursos  de  Casación.  El  Tribunal  Supremo  quedaría únicamente para unificación de Doctrina.

2.- Que, tanto la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia como la Fiscalía Superior, sean elegidos por la Comunidad Autónoma.

3.-  Que  para  el  nombramiento  de  Jueces,  Magistrados  y  Fiscales  el  conocimiento  del idioma cooficial y del Derecho Propio –Derecho Civil Foral y Derecho Autonómico- sean
un requisito y no un mérito.

4.- Que el personal al servicio de la Administración de Justicia –Gestores, Tramitadores y Auxilio  Judicial-  pierdan  su  condición  de  Cuerpos  Nacionales  y  sean  plenamente transferidos a la Comunidad Autónoma, de quien dependerán orgánica y funcionalmente.

5.- Que el Cuerpo de Secretarios Judiciales sea transferido plenamente a la Comunidad
Autónoma.

6.- Que se cree un Consejo Judicial Vasco con competencias propias y plenas, cuya
relación con el Consejo General del Poder Judicial sea en un plano de igualdad, regido por el principio de competencia y no de jerarquía.

7.-Que  la  Comunidad  Autónoma  tenga  plena  competencia  y  exclusiva en  materia  de Planta  Judicial,  demarcaciones  territoriales  y  fijación  de  su  capitalidad,  disponiendo, asimismo,  de  plenas  facultades  para  crear  nuevos  órganos  judiciales  y  nuevas Secciones en los mismos.

b) Transferencia de la competencia “de prisiones”.

EA,  el  Gobierno  Vasco  y  la  sociedad  vasca  han  demandado  el  cumplimiento  de  las transferencias pendientes de modo reiterado y por todos los medios posibles prácticamente desde la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de la CAV

El  Estatuto  de  Gernika,  que  forma  parte  del  bloque  de  constitucionalidad,  permanece incumplido  en  buena  parte  de  sus  preceptos.  El  art.  12.1º  del  Estatuto  prevé  que  la Comunidad   Autónoma   ostentará   la   competencia   para   ejecutar   la   legislación   penal   y penitenciaria;  el  art.  10.14º  que  tendrá  la  competencia  de  organización  y  gestión  de  los centros penitenciarios.

Desde  el  año  1979  está  por  tanto  pendiente  de  cumplirse  esta  ley,  de  modo  que  sea  el
Gobierno Vasco quien ejecute las penas y medidas de seguridad, los trabajos en beneficio
de la comunidad, etc., así como la gestión de los centros penitenciarios.

Exigimos el cumplimiento de la ley por respeto al Estatuto, pero también porque cree en otra forma de cumplir las sentencias penales, en otro modelo de sistema de ejecución de penas,
en  otro  modelo  de  centros  penitenciarios,  porque  cree  que  los  ciudadanos  y  ciudadanas
vascas  tienen  derecho  a  un  sistema  penal  basado  en  los  principios  de  humanidad  y dignidad, de respeto a los derechos de los penados y de reinserción social.

Con esa finalidad, el Departamento de Justicia, gestionado por EA, emplea todos los años, dentro del marco que el actual incumplimiento estatutario permite, esfuerzos y fondos en la mejora de las condiciones de vida en la prisión, en el apoyo a las asociaciones que trabajan
en la inserción social de las personas presas, en la búsqueda de alternativas a la prisión
dentro del sistema penal, en impulsar la mediación penal, etc.

Este  Departamento  de  Justicia  no  está  quieto  esperando  a  que  se  cumpla  el  Estatuto. Además de lo anterior y de exigir la transferencia, el Departamento se ha preparado para ejercer  la  competencia,  ha  adaptado  su  organización  administrativa,  presta  servicios  en
materia  de  alternativas,  ha  encargado  estudios  sobre  la  materia  y  ha  definido  las  líneas
políticas básicas de un modelo propio y distinto de hacer cumplir las leyes penales, en un documento que ha sido ampliamente divulgado socialmente.

El pequeño tamaño de nuestro país y de nuestra población penitenciaria, la cohesión y el nivel de protección social existente, la sensibilidad y el compromiso político en esta materia
en las instituciones y en la sociedad, nos colocan en una situación óptima para implantar un modelo de ejecución penal menos punitivo pero más eficaz en la prevención, con centros de pequeño  tamaño  y  especializados,  con  una  atención  educativa,  sanitaria,  laboral,  etc. 

 de mejor   calidad,   con   un   potente   sistema   de   alternativas   a   la   prisión   que   eviten   el encarcelamiento  innecesario,  con  un  personal  suficiente,  especializado,  formado  y  no dedicado meramente a la custodia y a la seguridad, y con un importante nivel de implicación comunitaria.

Y mientras se cumple el Estatuto y se transfiere la competencia, exigimos también que no se nos  imponga  un  modelo  penitenciario  y  unas  prisiones  que  no  queremos  que  hipotequen nuestro futuro; exigimos que las infraestructuras que se aborden en Euskadi se expliquen y
se acuerden con las instituciones vascas; y exigimos que se reconozca que la competencia
es del Gobierno Vasco como modo de abordar una negociación y una cooperación leales en esta materia.

3.2	POLÍTICAS EN MATERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

3.2.1	PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Dentro  del  marco  de  la  UE  y  de  la  economía  globalizada  en  que  nos  encontramos,  la sociedad vasca tiene que decidir su futuro para poder enfrentarse a los verdaderos debates
del siglo XXI y conseguir una sociedad inclusiva y solidaria donde todos los ciudadanos se
encuentren  cómodos  y  disfruten  del  bienestar.  Y  para  ello,  necesitamos  una  sociedad moderna y competitiva, abierta a la globalización, que genere riqueza y empleo de calidad que nos garantice ese nivel de bienestar para toda la sociedad, sin exclusiones.

En los últimos años ha mejorado sensiblemente la situación económico financiera del tejido empresarial  vasco,  que  ha  conseguido,  a  su  vez,  notables  avances  en  su  proceso  de internacionalización,  máxime  si  tenemos  en  cuenta  la  reducida  dimensión,  en  general,  de nuestras empresas.

Pero  esta  evolución  satisfactoria,  lejos  de  conducirnos  a  la  autocomplacencia,  nos  debe alertar  sobre  las  amenazas  que  desde  hace  unos  años  se  perciben  como  una  serie  de cambios y crisis muy sutiles que ya están afectando y van a seguir afectando a la economía vasca.  El  proceso  de  globalización  generalizada  que  afecta  a  todas  las  actividades  de  la empresa  (ventas,  compras,  finanzas...),  el  acceso  a  toda  la  información  mundial,  acceso generalizado,  fácil  y  barato,  la  entrada  en  la  UE  de  nuevos  Estados,  la  competencia  de nuevos  países  emergentes  como  los  del  Este  europeo,  China,  India  y  otros  asiáticos,  la emergencia de nuevos sectores económicos basados en las TICs y en los descubrimientos
de las biociencias, etc… son elementos a tener en cuenta.

Este  conjunto  de  amenazas  va  acompañado,  como  siempre,  de  oportunidades  que  la sociedad  vasca  va  a  saber  aprovechar  de  forma  creativa,  como  lo  ha  hecho  siempre, aunque ahora con nuevas claves que nada tienen  que ver con el pasado.

En el marco de la economía del Estado, la economía vasca tiene ante sí un doble reto. Por
un lado, y a nivel que hoy ya deberemos considerar interno, resituarse ante este contexto globalizado. Y, por otro lado, poner y desarrollar las bases de una economía basada en el emprendizaje,  la  innovación  y  en  el  conocimiento.  Es  decir,  una  economía  competitiva medida  en  términos  de  capacidad  de  producir  y  proveer  servicios  de  cada  vez  más  valor añadido,   donde   el   espíritu   emprendedor,   la   participación   de   las   personas   en   las organizaciones empresariales, la implantación de nuevas técnicas de gestión avanzadas, y
la  apuesta definitiva por  la  innovación,  tecnológica  y  no tecnológica (procesos, marketing, organizacional), sean las características de nuestro tejido empresarial.

En otras palabras, nos encontramos ante un escenario que va a determinar parte de nuestro futuro,   por   lo   que   más   allá   de   ciertas   valoraciones   agoreras   y   ciertos   peligros   de complacencia social, la sociedad vasca en general, y el tejido socio-económico en particular, debe  asumir  que  partiendo  de  unas  sólidas  bases  debe  hacer  un  esfuerzo  extraordinario para  definir  un  nuevo  comportamiento  económico  y  empresarial  basado  en  la  apertura  y consolidación  de  mercados  abiertos  e  internacionales  a  través  de  la  inversión  en  la innovación, la formación, la productividad y la calidad.

Pero estos objetivos económicos no son fines en sí mismos sino medios para alcanzar un fin: el bienestar de nuestros ciudadanos.

En este camino, debemos abordar también una necesaria reconsideración de otros sectores económicos  más  vinculados  con  nuestro  mercado  interno  y  nuestra  economía  tradicional. Así, no hemos de olvidar la necesidad de reconducir la actividad agroganadera de nuestro País  bajo  el  prisma  de  la  necesaria  dignificación  de  este  sector.  El  fenómeno  de  la globalización y las importaciones masivas de productos agroalimenticios a precios con los que  es  imposible  competir  debe  llevarnos  a  un  enfoque  distinto  de  la  producción  propia, basada en la calidad. En ese camino, apostamos por el fomento de la ganadería extensiva bajo parámetros de calidad sobre el actual modelo de producción “en cadena”. En la misma línea,  consideramos  necesaria  la  profundización  en  el  concepto  de  producción  agrícola respetuosa con el medio y de calidad frente a la sobreexplotación de la tierra.

Este mismo enfoque ha de aplicarse a otros sectores de nuestra economía, particularmente
el relativo al turismo, sector emergente y  encaminado en la  buena dirección en el caso de
la CAV, en el que consideramos que debe desarrollarse una acción decidida de búsqueda
de fórmulas de mayor valor añadido y de menor impacto ambiental y social, huyendo de los fenómenos  de  masificación  que  han  caracterizado  a  nivel  de  Estado  a  este  sector  en  la segunda mitad del siglo XX.

Finalmente, un sector de gran peso económico en el pasado reciente e  íntimamente ligado
a la propia idiosincrasia de nuestro País, que ha conocido una profunda crisis   que en los últimos  años  no  ha  hecho  sino  profundizarse,  es  el  de  la  pesca.  El  agotamiento  de  los caladeros por una sobreexplotación brutal a escala planetaria debe llevarnos a   un nuevo enfoque  de  esta  actividad,  el  que  deben  establecerse  mecanismos  que  permitan  una actividad  responsable,  en  colaboración  con  el  sector,  controlando  las  importaciones  de
pescado  congelado  extracomunitario  y  promoviendo  nuevas  experiencias  en	materia  de piscifactorías que superen sus actuales limitaciones.

3.2.2	FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Eusko  Alkartasuna  tiene  como  horizonte  y  modo  de  desarrollo  sostenible  una  Euskadi Innovadora y competitiva, comprometida con la generación de riqueza y empleo de calidad que tenga como fin el bienestar y la cohesión social de toda la población vasca.

Por ello Eusko Alkartasuna apuesta por el conocimiento y la innovación como motores del crecimiento  sostenible  y  como  elementos  clave  para  la  construcción  de  una  sociedad plenamente integradora, que dé respuesta a dos retos básicos:

	A la competitividad de nuestra economía y nuestras empresas y la creación de empleo de calidad.
	La calidad de vida de la población y la inclusión social.

Porque  desde  Eusko  Alkartasuna no  contemplamos  la  innovación  sin  cohesión  social.  No puede  haber  una  minoría  que  manejen  instrumentos  de  innovación  y  una  mayoría  que quede fuera de los estándares de vida.

El capital humano es nuestra gran materia prima y tiene que ser nuestro mayor activo. El desarrollo económico sostenible va a depender cada vez más del grado de capacitación y formación y de su capacidad de adaptación y de respuesta efectiva a los cambios sociales y tecnológicos.

Para Eusko Alkartasuna es una prioridad la inversión en formación de calidad, en educación, como garantía de futuro para el País, haciendo especial hincapié en el acceso e igualdad de oportunidades,  para  lo  que  debemos  realizar  los  esfuerzos  necesarios  que  hagan  posible que todos los ciudadanos tengan acceso a los recursos, las condiciones y las capacidades necesarias para que la igualdad teórica de oportunidades sea real y significativa.

Apostamos igualmente desde Eusko Alkartasuna, por desarrollar el concepto de ciudadanía activa, sujetos de sus derechos y deberes, mediante la capacitación y desarrollo en la forma
de participar de las personas, integrando su desarrollo personal, el desarrollo económico y
competitivo y la cohesión social y territorial.

Debemos  ser  capaces  de  generar  una  sociedad  que  utilice  las  nuevas  tecnologías  de
manera  inteligente,  que  le  ayude  a  mejorar  la  competitividad  y  la  calidad  de  vida  de  las personas  y  especialmente  sirvan  a  los  menos  favorecidos  a  facilitarles  los  procesos  de inclusión social.

Desde Eusko Alkartasuna tenemos el compromiso de apoyar a las empresas, universidades
y personas que trabajan en la promoción del conocimiento como motor del cambio así como
en el impulso de la innovación como soporte de la competitividad y el desarrollo empresarial.

Desde  Eusko  Alkartasuna  apostamos  para  que  seamos  un  referente  en  innovación  y conocimiento para hacer de Euskalherria una sociedad próspera, solidaria y cohesionada.

Nuestro gran reto es convertir nuestras inversiones en I+D y en conocimiento en resultado tangible y en riqueza y para ello debemos fomentar todas las acciones públicas y privadas
en  este  ámbito,  fomentando  una  cultura  de  la  innovación  donde  cooperen  los  distintos
agentes.

Desde Eusko Alkartasuna intentaremos que los resultados financieros y el enriquecimiento personal no desplacen los valores de compromiso mutuo y colaboración social al servicio de
la empresa.

Cualquier sociedad como la vasca que quiera crear riqueza y bienestar para sus ciudadanos debe basar su desarrollo y crecimiento en la innovación y el conocimiento. Las economías desarrolladas necesitan la innovación para estimular el crecimiento, un crecimiento que es necesario que sea sostenible, para crear empleo y riqueza duradera.

Por ello en  un mundo dominado por la innovación permanente es fundamental que todos entendamos que no hay competitividad posible sin profesionales que apuesten por estar en
la  vanguardia  mundial  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  sin  emprendedores  que  inventen, desarrollen  nuevas  ideas  e  innoven,  y  sin  empresas  que  arriesguen  en  los  mercados internacionales con nuevos productos y servicios.

Sin  innovación  no  hay  futuro  sostenible  y  debemos  entender  que  es  fundamental  para mantener y mejorar el nivel de vida de la ciudadanía.

Desde  Eusko  Alkartasuna  vamos  a  trabajar  desde  todas  las  instituciones  y  por  supuesto igualmente  en  el  Congreso  de  Diputados  y  Senado  de  Madrid  para  ayudar,  defender  y promocionar a todos los agentes implicados de nuestro País en el ámbito de la innovación y
el conocimiento, así como las políticas que incidan directamente en esa línea.

Eusko Alkartasuna apoyará y defenderá:

	Políticas de Aprendizaje a lo largo de toda la vida que actúe como motor del cambio,
y como la mejor garantía de participación activa de la ciudadanía en la sociedad.

	Desarrollo de la Inteligencia Emocional, tanto en el mundo educativo como familiar, empresarial y organizacional.

	Promoción   del   Conocimiento,   incidiendo   especialmente   en   la   formación   del profesorado ante el nuevo rol educativo, movilidad transnacional, preparar recursos humanos para la I+D+i, difusión social del conocimiento, nuevas formas innovadoras de organización laboral.

	Apoyo a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se encuentran los centros	tecnológicos,	centros	sectoriales,	unidades	de	I+D	empresariales, Universidades y otras entidades dedicadas a la investigación.

	Defensa  y  apoyo  de  proyectos  de  investigación  estratégica,  especialmente  los
centros  de  investigación  cooperativa  que  aglutinan  a  todos  aquellos  grupos  de investigación,  empresas  y  agentes  que  trabajan  en  una  línea  de  investigación estratégica  para  generar  masa  crítica  y  poder  ser  un  nodo  en  esas  líneas  en  el espacio europeo de investigación.

	Promoción del Emprendizaje y la cultura emprendedora.

	Apoyo a la creación de empresas de base tecnológica y/o innovadora.

	Desarrollo de nuevas formas de financiación en el proceso de creación empresarial, potenciando el capital-riesgo responsable y comprometido con el País.

	Apoyo   a   estructuras   que   ayuden   al   desarrollo   empresarial,   como   Parques
Tecnológicos y Polos de Innovación.

	Simplificación  de  los  trámites  burocráticos  y  administrativos  en  los  procesos  de creación y constitución de nuevas empresas.

	Fomentar  nuevas  formas  de  gestión  dirigidas  a  promover  la  participación  de  las personas en las empresas, fundamentalmente PYMES.

	Apoyar   los   proyectos   de   internacionalización   de   nuestras   empresas,   tanto   en implantación como en el lanzamiento de nuevos productos y servicios.

En el ámbito de la Sociedad de la Información desde Eusko Alkartasuna defenderemos:

	Apoyo  al  desarrollo  de  estrategias  dirigidas  a  la  incorporación  avanzada  de  las tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  en  nuestras  empresas,  incidiendo especialmente en las PYMES y Micropymes, para la mejora de su competitividad.

	Desarrollar  productos  y  servicios  educativos  basados  en  el  uso  intensivo  de  TICs para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

	Promover el nuevo rol de las Universidades en la sociedad del conocimiento a través de  la  incorporación  de  las  TICs  en  la  transmisión  del  conocimiento  y  coordinación con las estrategias locales y de País.
Conseguir en Euskalherria una Sociedad de la Información verdaderamente inclusiva para todas las personas.

	Como  oportunidad  para  ayudar  al  logro  de  la  cohesión  social  y  el  fomento  de  la calidad de vida.

	Como  medio  para  que  ninguna  persona  con  discapacidad  u  otras  necesidades especiales quede fuera de los beneficios de la Sociedad de la Información.
	Eliminar  los  desfases  que  se  producen  en  el  acceso  a  las  nuevas  tecnologías  en función del género, nivel de instrucción, o de renta.

Por  ello  lucharemos  por  una  sociedad  donde  todas  las  personas  tengan  un  acceso  fácil, equitativo   y   accesible   al   potencial   creativo   de   las   tecnologías   de   la   información   y comunicación, con el objeto de mejorar sus vidas y avanzar en una sociedad mas igualitaria y democrática, donde la sociedad de la información sea un factor de progreso y cohesión social con una visión más justa y solidaria para el desarrollo económico y social.

Eusko Alkartasuna ha denunciado, denuncia y denunciará el incumplimiento sistemático del pacto  estatutario.  En  esta  materia  igualmente  se  ha  incumplido  el  Estatuto  al  no  ser transferido  los  bienes  y  servicios  para  ejercer  nuestra  competencia  en  el  ámbito  de  la investigación científica y la promoción económica.

Sólo en los últimos años este incumplimiento ha supuesto para la Comunidad Autónoma del País Vasco un déficit de 1000 millones de euros entre lo que aportamos vía cupo para la investigación y lo que retorna del Estado para ello.

Eusko Alkartasuna reivindicará la transferencia en esta materia de vital importancia para el desarrollo y futuro de nuestro País.

Igualmente, defenderá una política fiscal que fomente la innovación y la investigación como compromiso de desarrollo de nuestro País y beneficio de la sociedad.

3.2.3	POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

En  esta  materia,  poco  podemos  aportar  desde  la  perspectiva  de  la  CAV  salvo  exigir  el respeto que, de acuerdo con las determinaciones constitucionales y con el marco estatutario vigente, corresponde la soberanía fiscal de la CAV y de Navarra por parte del Estado y la propia Unión Europea.

Resulta  hiriente  que,  enarbolando  un  pretendido  fervor  constitucionalista	y  un  aparente respeto del Estatuto de Gernika, las fuerzas del Estado han ido reelaborando su contenido, tratando  de  convertir  un  derecho  vinculado  a  un  pacto  entre  Euskadi  y  España  en  una generosa liberalidad que puede ser requerida para su devolución cuando al Estado interese. Una  visión  que  ha  sido  traslada  a  las  instituciones  europeas,  interesadas  en  mantener  la preeminencia  de  los  Estados  y,  por  tanto,  determinando  que  sólo  éstos  tienen  capacidad normativa plena en materia fiscal.

Por ello, exigimos el reconocimiento y respeto que corresponde a nuestra soberanía fiscal y, consecuentemente,  nuestra  presencia  en  rango  de  igualdad  en  los  ámbitos  de  decisión europeos en materia fiscal.

Y, por supuesto, consideramos lamentable que a día de hoy todavía queden pendientes de transferir instrumentos económicos como crédito y banca, seguros, crédito oficial y mercado
de valores. Poco puede añadirse a lo que ya se ha señalado a lo largo de este programa electoral en materia de transferencias.

No  obstante,  y  desde  la  visión  progresista  y  socialdemócrata	que  caracteriza  a  Eusko Alkartasuna,   aportaremos   en   nuestra   labor   institucional   en   las   Cortes   una   serie   de propuestas que encajan con lo que venimos propugnando en las instituciones fiscalmente soberanas de la CAV y de Navarra.

Así, apostamos por una acción en materia fiscal y financiera al servicio de la lucha contra la fractura  social  y  consecuentemente  con  ello,  abogamos  por  la  reconsideración  de  la tendencia  generalizada  en  toda  la  Unión  Europea  de  un  incremento  progresivo  de  la imposición indirecta frente a la directa.

Igualmente,  la incorporación del concepto de fiscalidad verde al sistema impositivo español constituye   una apuesta firme de Eusko Alkartasuna por el desarrollo sostenible entendido
en  su  verdadera  dimensión,  pues  es  precisamente  aquí,  en  el  sistema  fiscal,  donde  los conceptos  de  economía,  sociedad  y  medio  ambiente  confluyen  en  un  mismo  plano  de políticas públicas   y donde puede quedar definido el verdadero carácter progresista de los
agentes institucionales.

3.2.4	TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS VINCULADAS

Ante la previsión de los expertos de que entre 2000 y 2010 la demanda de transporte interno
en  la  Comunidad  Europea  crecerá  un  40  por  ciento,  la  Unión  Europea  elaboró  el  Libro Blanco  del  Transporte  con  objeto  de  diseñar  las  soluciones  que  eviten  los  dramáticos efectos que sobre el Medio Ambiente y la salud puede generar tal incremento del transporte intracomunitario así como el colapso que puede suponer para sus infraestructuras viarias.

Se hacía necesario encontrar modos de transporte alternativos y soluciones logísticas con mayor capacidad de crecimiento que posibilitasen un desarrollo sostenible.

El  Libro  Blanco  del  Transporte  de  la  Unión  Europea  pretende  establecer  las  estrategias viables que rompan la relación entre el crecimiento económico y el de la movilidad, con los objetivos generales de reequilibrar los distintos modos de transporte, suprimir los puntos de estrangulamiento y gestionar la globalización del transporte.

Para   conseguir   dichos   objetivos,   se   desarrollan   60   propuestas.   De   ellas,   las   más significativas que se refieren al transporte de mercancías son:

   Revitalizar el ferrocarril
   Fomentar el transporte marítimo y fluvial
   Materializar la intermodalidad.

En la  misma línea, el Consejo de Ministros de Transportes de la UE de 31 de mayo y 1 y 2
de junio de 2002 señalaba su apuesta por el transporte marítimo  de corta distancia como opción  fundamental  para  aliviar  el  crecimiento  del  tráfico  por  carretera  y  contribuir  a  la reducción  de  la  congestión,  los  accidentes,  el  ruido  y  la  contaminación  del  aire  que  ésta supone.  Para  ello  señala  la  necesidad  y  el  compromiso  de  promover  la  la  intermodalidad marítimo-ferroviaria.

No ha de olvidarse que, dentro del ámbito de la Europa Comunitaria, en la última década del siglo XX el transporte marítimo de corta distancia fue el único modo de transporte capaz de mantenerse al nivel del crecimiento rápido del transporte por carretera, aumentando ambos por encima del 25%. En 2001 el transporte marítimo de corta distancia representó el 40% de todas las toneladas-kilómetro de Europa, mientras que la cuota del transporte por carretera
fue del 45.

Esta realidad se complica en el caso de los puertos vascos al encontrarnos que el régimen competencial reserva la titularidad de Pasajes y Bilbao dentro de la Sociedad de Puertos del Estado, sin que se hayan articulado mecanismos suficientes de coordinación con las redes
de transporte ferroviario, donde encontramos titularidades y características técnicas diversas que dificultan una adecuada intermodalidad puerto-ferrocarril.

Así  pues,  esta  visión  de  escala  europea  se  hace  especialmente  adecuada  al  observar  la problemática del Estado español y más en concreto en los casos de la CAV y de Nafarroa. Además,  hay  que  añadir  aquí  la  debilidad  del  transporte  público  frente  a  los  medios  de locomoción   privados,   cuyo   peso   porcentual   en   el   transporte   de   viajeros   ha   ido incrementándose  en  las  últimas  décadas,  aumentando  un  problema  ya  por  sí  de  difícil solución.

Más aún ante un modelo urbanístico generalizado en el que se ha potenciado la salida de
los núcleos urbanos de los espacios destinados a actividades económicas, tanto productivas como terciarias, de manera que se incrementan exponencialmente los desplazamientos en
la vida cotidiana de nuestra ciudadanía, desplazamientos que siguiendo la tónica general se
caracterizan por ser eminentemente de carácter privado.

Un  peculiar  ejemplo  de  esta  situación  nos  la  marca  nuestro  sistema  aeroportuario.  A  la ausencia de una planificación conjunta motivada por una reserva estatal de la titularidad de estas  infraestructuras  mal  gestionada,  con  lo  cual  se  hace  inviable  establecer  un  sistema coordinado	para	dar	adecuada	respuesta	a	las	necesidades	de	una	población proporcionalmente escasa (menos de tres millones de personas) para cuatro aeropuertos, cinco  si  incluimos  al  de  Biarritz-Parma,  situados  en  una  circunferencia  de  menos  de  200 kilómetros de diámetro, se le suma la ausencia de un sistema público de transporte para dar acceso a la población de su ámbito de influencia, con lo que los desplazamientos privados suponen la práctica totalidad de los viajes complementarios a los vuelos que ofrece la red de aeropuertos de nuestro entorno inmediato.

La  puesta  en  marcha  de  la  nueva  red  ferroviaria  vasca  dará  una  respuesta  importante, aunque  parcial,  a  esta problemática  y  por  ello Eusko  Alkartasuna  otorga  su  apoyo  a  este sistema infraestructural que comienza a implementarse en estas fechas. En cualquier caso, considerando  imprescindible  la  reconsideración  integral  de  la  actitud  mantenida  por  el Estado  ante  esta  problemática  global  del  transporte  y  sus  infraestructuras  vinculadas, proponemos entre otras medidas las siguientes:

   Potenciación  del  tráfico  marítimo  y  ferroviario  como  respuesta  al  crecimiento  de  la demanda del transporte interno en la Unión Europea.
   Impulso al transporte público frente a los medios de locomoción privados.
   Reconsideración de los modelos urbanísticos y territoriales con objeto de reducir la necesidad de desplazamientos.
   Transferencia  a  la  CAV  de  la  titularidad  de  los  puertos  de  Bilbo  y  Pasaia,  de  la
totalidad de las líneas férreas y de los aeropuertos de Hondarribia, Loiu y Foronda con   objeto   de   crear   sistemas   integrados   de   transporte   y   logística,   tanto   de mercancías como de pasajeros.

3.3	POLÍTICAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN AMBIENTAL

3.3.1	LA VISIÓN INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA

La consideración de la cuestión del agua desde una perspectiva integral, superando visiones reduccionistas  del  pasado  reciente,  conforma  uno  de  los  elementos  clave  de  la  visión  de Eusko Alkartasuna en esta materia.

Desde  una  perspectiva  histórica,  incluso  muy  cercana  en  el  tiempo,  el  enfoque  de  la cuestión del agua se ha caracterizado por una visión fragmentada de la misma. En ella, se abordaba  de  forma  separada  la  garantía  del  abastecimiento  de  agua,  entendida  como  un mero recurso más a disposición de la actividad económica y social, recurso por otra parte caracterizado por ser ilimitado, naturalmente renovable y que por tanto no requiere acciones
de restitución, de la solución de las aguas residuales generadas por la actividad humana y que acababa en los cursos hidráulicos o directamente en el mar. Desde  esta  perspectiva,  el  papel  de  la  Administración  se  limitaba  a la  ejecución	de infraestructuras  de  traída  de  aguas  al  servicio  de  la  actividad  social  y, en su  caso,	de

infraestructuras  de  recogida  de  las  mismas  una  vez  utilizadas  y  contaminadas  para  su
derivación  a  los  cursos  y  masas  de	agua.  Ya  muy  recientemente  se  ha  incorporado  la ejecución  de  infraestructuras  de   depuración  de  las  aguas  residuales  antes  de  su  vertido definitivo, infraestructuras todavía insuficientemente desplegadas a lo largo de la geografía estatal.

La preocupación del equilibrio ecológico de los cursos fluviales y sus entornos no ha surgido sino  hace  apenas  unas  décadas,  siendo  abordado  de  forma  diferenciada  a  las  otras cuestiones señaladas.

Eusko Alkartasuna, en perfecta sintonía con la Directiva Marco del Agua, apuesta por una visión  radicalmente  diferente,  en  la  que  se  aborde  el  ciclo  del  agua  en  su  integridad, entendiendo que no puede separarse abastecimiento, saneamiento y equilibrio ecológico de
las cuencas y masas de agua. Esta posición, lejos de responder a posiciones más o menos
teóricas, ha sido demostrada en la práctica con la reciente aprobación de la Ley Vasca del Agua,  promovida  desde  el  Departamento  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio, perfecto ejemplo de los principios programáticos de nuestro partido en esta materia.

Así, frente a esa visión del agua como recurso de carácter económico, sobre el que debe
realizarse un incremento progresivo de la oferta, aumentada en la misma proporción en que
se   incrementan   las   demandas   de   una   sociedad   opulenta   y   despilfarradora,   Eusko Alkartasuna  propugna  una  reconducción  de  la  actividad  pública  hacia  la  gestión  de  la demanda, asegurando que el consumo de agua se realice sobre la base de las necesidades reales,  entendidas  de  forma  estricta  y  ponderadas  sobre  la  capacidad  natural  de  la naturaleza  para  renovar  este  recurso  de  vida,  no  sólo  para  la  sociedad  urbana  que  nos caracteriza sino para la  globalidad de la fauna y flora del territorio del que formamos parte.

Esta  apuesta  debe  ser  trasladada a  la  generalidad  del  territorio  estatal,  tanto  mediante  la traslación de las medidas incorporadas en la legislación de la Comunidad Autónoma Vasca como  en  la  determinación  de  políticas  activas  dirigidas  a  la  reconducción  de  la  incesante demanda vinculada a grandes operaciones urbanísticas de carácter especulativo diseñadas y ubicadas sin tomar en consideración la capacidad real de acogida del territorio donde se pretenden asentar, generando sucesivos requerimientos de aporte de agua proveniente de sistemas  hidráulicos  cada  vez  más  alejados,  provocando  conflictos  interterritoriales  e interinstitucionales que nunca debieron haberse producido.

Todo  ello  desde  un  punto  de  vista  de  escrupuloso  respeto  a  los  valores  naturales  a preservar, garantizando la pervivencia y, en su caso, la regeneración y valorización de los ecosistemas vinculados a los cursos de agua, elemento fundamental para la preservación
de la vida con mayúsculas, en la que la presencia humana no es  sino un elemento más,
limitando en la medida de lo posible la alteración que sobre el equilibrio general del sistema produce una sociedad humana desarrollista y despilfarradora.

Desde esta perspectiva, Eusko Alkartasuna defenderá e impulsará en la Cortes Generales las siguientes medidas:

-	Modificación  de  la  legislación  estatal  vigente,  adaptándola  de  forma estricta a las Directivas  europeas.

-	Reestructuración de la organización administrativa del agua para adaptarla a los requerimientos de una nueva política integral que aborde esta problemática.

-	Reclamación  de  la  transferencia  integral  de  esta  materia  a  la  CAV  que garantice la adecuada gestión de  la política del agua en nuestra Comunidad.

-	Determinación  de  políticas  activas  desde  la  Administración  del  Estado
para promover como prioridad pública la gestión de la demanda.

-	Impulso  de  instrumentos  de  planificación  que  garanticen  la  adecuada ordenación territorial de los focos de demanda urbana, adecuándola a la capacidad de acogida real del espacio donde se ubiquen.

-	Desarrollo de campañas de concienciación que avancen en la extensión entre  la  población  de  una  nueva  cultura  del  agua,  entendida  como  una visión integral de su problemática.

3.3.2	LAS  POLÍTICAS  DE  PREVENCIÓN,  REUTILIZACIÓN  Y  RECICLAJE  EN  MATERIA  DE RESIDUOS

Una  de  las  consecuencias  más  graves  del  modelo  socioeconómico  característico  de  los países  económicamente  más  desarrollados  es  el  de  la  gestión  de  sus  residuos.  La concentración  de  la  población  en  grandes	núcleos  urbanos,  el  incremento  del  poder adquisitivo  acompañado  de  un  consumismo  enfermizo,  la  proliferación  por  razones  de marketing y de optimización de las ventas de productos envasados en tamaños cada vez más  pequeños,  la  búsqueda  de  envases  llamativos  donde  concentrar  la  atención  del consumidor  y  atraer  su  consumo...el  modelo,  en  definitiva,  propio  de  las	sociedades desarrolladas  de  fines  del  siglo  XX  y  principios  del  XXI,  ha  generado  un  problema  de magnitud exponencialmente creciente: la generación y acumulación de los residuos.

Para  hacer  frente  a  este  problema,  la  Estrategia  Comunitaria  para  la  Gestión  de  los Residuos,  ya  en  su  formulación  original  jerarquizaba  la  gestión  de  los  residuos  en  tres grandes  escalones,  que,  por  orden  de  preferencia  eran  la  reducción,  la  reutilización  y  la recuperación.  Es  lo  que  se  ha  venido  conociendo como  el  “Principio  de  las  tres  erres
comunitarias (3Rs)”. En virtud de este principio, la producción de residuos debe evitarse o limitarse en origen siempre que sea posible, en particular mediante el uso de tecnologías y productos  no  contaminantes  o  que  generen  pocos  desperdicios;  los  residuos  que  se generen  deben  ser  reutilizados  y,  si  ello  no  es  posible,  recuperados  de  forma  tal  que  se aprovechen, al menos, parte de los materiales que los componen o la energía calorífica de
los  mismos;  sólo  en  último  lugar,  cuando  todo  lo  anterior  no  sea  posible,  los  residuos deberán eliminarse en condiciones seguras.

Actualmente   la revisión de la directiva europea marco de residuos incluye en su actual
borrador  una  novedad  cualitativa  en  materia  de  planificación:  la  previsión  de  planes específicos de prevención, dejando libertad a los Estados Miembros en cuanto a la forma
de realizar éstos, sea mediante planes específicos para la prevención de los residuos, sea mediante el desarrollo de capítulos específicos sobre prevención dentro de la planificación sobre residuos.( de PNIR 2008-2015).Asimismo la DMR reformula la jerarquía de gestión
de  residuos,  que  pasa  de  tres  a  cinco  escalones:  reducción,  preparación  para  la
reutilización,  reciclaje,  valorización  y  eliminación  en  condiciones  seguras.  e  introduce  la idea del ciclo de vida en la política de residuos, de manera que la anterior jerarquía puede verse  modificada,  caso  por  caso,  en  virtud  de  lo  que  sea  preferible  desde  la  óptica integradora  de  las  variables  económicas,  sociales  y  ambientales.	En  EA  estamos absolutamente  de  acuerdo  con  esta  formulación	e  impulsaremos  actuaciones  en  este sentido.
En  este  sentido,  Eusko  Alkartasuna,  desde  su  representación  en  las  Cortes  requerirá  e impulsará  las siguientes medidas:

	Promoción  de  procesos  de  fabricación  que  generen  menos  residuos  y  de  menor peligrosidad por unidad de producto puesto en el mercado

	Impulso   a   la   I+D+i   en   nuevos   procesos   productivos   que   favorezcan   tanto   la reducción del uso de materias primas como la utilización de materiales reciclados

	Incorporación  del  Concepto  de  Ciclo  de  Vida  en  la  definición  de  las  diferentes estrategias y planes de gestión de residuos

	Impulso al aprovechamiento de la materia orgánica residual.

	Establecer sistemas de incentivación a la prevención de residuos ( Modelo Pay as
You Throw o similar…)

3.3.3	LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS ESPACIOS DE  VALOR NATURALÍSTICO Y LA GARANTÍA DE LA BIODIVERSIDAD

El  mantenimiento  de  los  ecosistemas,  la  recuperación  de  sistemas  degradados  y  la conservación  de  flora,  fauna  y  su  hábitat  natural  constituyen  un  elemento  programático  y definitorio de Eusko Alkartasuna ya desde su constitución como partido político, integrando uno de los ejes de acción prioritarios de las ponencias de su Congreso Constituyente.

La protección, recuperación y garantía de la biodiversidad, inseparable de la protección de
los  espacios  de  valor  naturalístico,  constituye  una  prioridad  insoslayable  para  nuestro partido, más aún si tenemos en cuenta la delicada situación en   que se encuentra a escala planetaria. El aumento de la urbanización y de las infraestructuras, la explotación excesiva
de los recursos, las distintas clases de contaminación y la introducción de especies exóticas
en  los  ecosistemas  dañan  enormemente  la  biodiversidad.  En  la  Conferencia  Internacional sobre Biodiversidad, celebrada en París en enero de 2005, se contabilizaron más de 15.000 especies animales y otras 60.000 especies vegetales en riesgo de extinción.

Coherentemente  con  esta  definición  ideológica,  los  responsables  institucionales  de  Eusko Alkartasuna en el Departamento de Medio Ambiente  y Ordenación del Territorio de la CAV han  desarrollado  una  resuelta  actuación  proactiva,  cubriendo  incluso,  una  vez  más,  las lagunas de la legislación estatal en esta materia.

Para  ello,  ha  servido  de  especial  referencia  el  Convenio  Mundial  sobre  la  Diversidad Biológica,  firmado  en  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Medio  Ambiente  y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992. Este Convenio proporcionó el primer marco global para conservar la diversidad de todo el planeta. Reconocía el valor intrínseco de la biodiversidad   y   fomentaba   el   uso  sostenible  y   equitativo   de   esos   recursos   para   su conservación.

A su vez,  la Unión Europea, tras advertir que en todo el continente europeo se hallaban en peligro el 42% de los mamíferos, el 15% de las aves y el 52% de los peces de agua dulce, además de unas mil especies vegetales, creó una red de lugares protegidos, la red “Natura
2000”, al tiempo que determinó la protección de la biodiversidad como uno de los objetivos
Prioritarios de	su Sexto	Programa	de	Acción	en	Materia	de	Medio	Ambiente. Posteriormente, la producción normativa comunitaria se ha ido ampliando a la vez que se han puesto en marcha iniciativas como el Plan de acción a favor de la biodiversidad (2006-2010)

La  reciente  aprobación  de  la  Ley  42/2007  del  Patrimonio  Natural  y  de  la  Biodiversidad intenta  corregir  varias  lagunas  de  la  legislación  estatal  a  la  hora  de  trasponer  normativa europea  como  la  Directiva  Hábitats  y  diversos  convenios  internacionales  suscritos  por  el Estado en esta materia, como es el caso del Convenio sobre diversidad biológica.

No ha de olvidarse que el español es uno de los Estados europeos más diversos en flora y fauna gracias a sus condiciones especiales de orografía, extensión y situación geográfica,
con  casi  80.000  taxones  clasificados.  Dos  ejemplos  de  esta  riqueza  lo  constituyen  las
plantas  vasculares  y  los  vertebrados.  Las  plantas  vasculares  existentes  en  el  Estado alcanzan las 8.000 especies, lo que representa más del 80% de las existentes en la UE y el
59% de las existentes en el continente europeo, de las que 1.500 son endemismos. Por su parte, están presentes más del 50% de las especies de fauna de las presentes en Europa.

Esta ley, que reconoce que el patrimonio natural y la biodiversidad desempeñan una función clave  por  su  estrecha  vinculación  con  la  salud  y  el  bienestar  de  las  personas  y  por  su aportación  al  desarrollo  social  y  económico,  supone  una  puesta  al  día  de  la  normativa estatal en esta materia. Sin embargo, se hace necesaria la puesta en marcha de acciones concretas   de   forma   inmediata.   Por   ello,   reclamamos   en   esta  materia   las   siguientes cuestiones:

-	Elaboración	inmediata	del	Catálogo	de	hábitats	en peligro	de desaparición.

-	Confección  urgente  del  Listado  de  Especies  en  Régimen  de  Protección
Especial.

-	Creación  del   Fondo  para  el  Patrimonio  Natural  y  la  Biodiversidad,  con una dotación económica acorde con la magnitud del problema a abordar.

-	Puesta en marcha del Catálogo  de Especies Exóticas Invasoras.

3.3.4	LA POLÍTICA ENERGÉTICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

La legislatura que comienza tras estas elecciones generales   es crucial en la lucha global contra el Cambio Climático dado que se debe negociar el denominado “Post-kioto”, en elq que  se  va  a  definir  el  modelo  económico  y  energético  de  los  próximos  20  años.  Las decisiones que adoptemos hoy son las que definirán el modelo del mañana.

La  problemática  del  cambio  climático  ha  irrumpido  con  fuerza  a  lo  largo  de  la  pasada legislatura en todos los órdenes de la vida ciudadana a escala mundial.  El cambio climático,
o si se quiere,  la variación global del clima de la Tierra se ha producido a lo largo de la vida
en le Tierra debido a causas naturales. Sin embargo, en el último siglo ha irrumpido sobre la evolución  natural  del  clima  la  acción  del  hombre,  incidiendo	a  muy  diversas  escalas  de tiempo  y  sobre  todos  los  parámetros  climáticos:  temperatura,  precipitaciones,  nubosidad, etc.

Surge  así  el  término  "efecto  invernadero",  referido  a  la  retención  del  calor  del  Sol  en  la atmósfera de la Tierra por parte de una capa de gases en la atmósfera, sin los cuales en determinada medida, la vida tal como la conocemos no sería posible, ya que el planeta sería demasiado frío.  Entre estos gases se encuentran el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, que son liberados por la industria, la agricultura y la  combustión de combustibles fósiles.  El mundo industrializado ha conseguido que la concentración de estos gases haya aumentado un 30% desde el siglo pasado, cuando, sin la actuación humana, la naturaleza
se encargaba de equilibrar las emisiones.

En la actualidad existe un consenso científico casi generalizado en torno a la idea de que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración climática global,  que  provocará,  a  su  vez,  serios  impactos  tanto  sobre  la  tierra  como  sobre  los sistemas socioeconómicos.

En consecuencia,   aunque   existen   incertidumbres   que   no   permiten   cuantificar   con   la suficiente precisión los cambios del clima previstos, la información validada hasta ahora es suficiente para tomar medidas de forma inmediata, de acuerdo al denominado "principio de precaución"  al  que  hace  referencia  el  Artículo  3  de  la  Convención  Marco  sobre  Cambio Climático. La inercia, los retrasos y la irreversibilidad del sistema climático son factores muy importantes a tener en cuenta y, cuanto más se tarde en tomar esas medidas, los efectos
del  incremento  de  las  concentraciones  de  los  gases  de  efecto  invernadero  serán  menos reversibles.

Si  las  consecuencias  de  la  excesiva  antropización  de  la  naturaleza  y  los  efectos  de  las emisiones de efecto invernadero sobre la evolución natural de la climatología comienzan a ser asumidas por la generalidad de la población, no puede decirse lo mismo de los Estados, cuya respuesta está siendo desigual y, en general, insuficiente. Todos hemos podido asistir a  través  de  los  medios  de  comunicación  al  triste  espectáculo  de  los  principales  estados emisores de gases de efecto invernadero (grandes potencias económicas como los Estados Unidos  o  que  están  irrumpiendo  con  enorme  fuerza  como  China),  negándose  a  firmar  el Protocolo de Kioto y a asumir medidas concretas para la reducción de sus emisiones.

Se  hace  imprescindible,  pues,  pasar  de  los  discursos  retóricos  a  las  medidas  concretas, siendo conscientes de las dificultades que supone emprender una política en esta dirección.
Sin embargo, como señala el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de  la  CAV  “El  esfuerzo  que  dediquemos  en  el  presente  a  reducir  los  efectos  del  cambio climático  es  la  mejor  inversión  que  podemos  hacer  para  evitar  los  altísimos  costes económicos, ambientales y sociales que en el futuro conllevará la transformación del clima.

Por  eso,  la  preservación  del  medio  ambiente  y  de  la  biodiversidad,  y  la  lucha  contra  el cambio climático deben situarse, y deben hacerlo ya, entre las prioridades esenciales de la acción de cualquier gobierno.”

La generación y emisión de gases de efecto invernadero tiene diversos orígenes, ya que se engarza con la generalidad de la acción del ser humano sobre la Tierra; así, las principales fuentes  se  suelen  diferenciar  en  tres  grandes  apartados:  las  generadas  por  la  actividad humana  en  el  transporte,  las  de  la  actividad  económica,  especialmente  la  industrial,  y  la producida en el entorno de la vivienda, entendida en sentido amplio, esto es, tanto desde los procesos  de	edificación  como  en  la  propia  actividad  residencial  de  la  generalidad  de  la población.

Sin embargo, esta triple segmentación de fuentes principales de emisión de gases de efecto invernadero comparte un elemento común, el del consumo de energía para cuya generación
Se hace imprescindible, además, desarrollar procesos industriales	directamente relacionados con estas emisiones.

Es por ello que la lucha contra el cambio climático tiene en el campo energético su principal campo  de  batalla,  entendido  tanto  en  la  gestión  de  su  consumo,  esto  es,  el  campo  del ahorro  y  la  eficiencia,  optimizando  los  procesos  industriales,  generalizando  productos  de consumo  energético  más  eficiente,   mejorando  la  eficiencia  energética  de  las  tecnologías productivas,  fomentando  el  transporte  público…,  como  en  la  incorporación  de  energías renovables con objeto de ir sustituyendo las tradicionales fuentes energéticas, finitas y muy contaminantes.

No debe olvidarse, además, de la especial dotación del territorio estatal para la obtención de energías renovables, con miles de kilómetros de costa, susceptibles de una implantación de tecnologías  de  aprovechamiento  energético  de  la  fuerza  de  las  corrientes  marinas  y  las mareas, importantes superficies agrícolas de producción  cerealista, sector en crisis desde el punto  de  vista  alimentario,  una  posición  geográfica  que  le  otorga  un  grado  de  insolación garantizada  particularmente  elevado,  lo  que  le  hace  especialmente  interesante  para  la implantación de superficies destinadas a la producción de energía fotovoltaica…

Se  hace  urgente,  pues,	una  acción  decida  en  coordinación  con  las  administraciones autonómicas de implantación de medidas concretas en las dos grandes  líneas de actuación.

En  esta  línea,  desde  Eusko  Alkartasuna  incidiremos  especialmente  en  los  siguientes
acciones:

-	Impulso  decidido  de  una  movilidad  sostenible  que  internalice  los  costes ambientales  y  promueva  nuevas  redes  de  transporte  racionalizando  las necesidades   de   movilidad,   aplicando   una   inteligente   gestión   de   la demanda.
-	Cierre  inmediato  de  las  centrales  nucleares  existentes  en  el  Estado  así
como de las centrales térmicas convencionales, a base de carbón y fuel, y sustitución como primera medida por centrales de ciclo combinado.

-	Revisión de la asignación de derechos realizada a los sectores afectados por  el régimen  de  comercio  de  derechos  de  emisión  con  el  objetivo  de incentivar la reducción de emisiones y la inversión en nuevas tecnologías limpias, todo ello bajo el principio de quien contamina paga.
-	Introducción de incentivos económico fiscales para el impulso masivo de las energías renovables, primando dicha actividad de generación frente a las fuentes de generación convencional o nuclear.
-	Fijación del precio de las diversas fuentes de energía internalizando los
costes ambientales.
-	Incorporación del sector aeronáutico al esquema europeo de derechos de emisión

Programa Electoral. Elecciones Generales 2008

4	DEFENSA  DE  LOS  DERECHOS  DE  EUSKAL  HERRIA,  PAZ, COOPERACIÓN Y DESARROLLO, EJES DEL PROGRAMA DE EA EN MATERIA INTERNACIONAL

Desde su fundación como partido, Eusko Alkartasuna viene propugnando la  presencia
de Euskal Herria como una nación dentro de la Unión Europea, en pie de igualdad con
el resto de naciones que la conforman. Para ello, junto a otros partidos que constituyen
la  Alianza  Libre  Europea,  constituido  ya  en  partido  político  europeo,  lleva  años trabajando  para  modificar  la  actual  UE  y  convertirla  en  una  Unión  que  reconozca  a todas las naciones, independientemente de que dispongan de estructura jurídica   de Estado, conjugando el respeto a la diversidad de cada una con la defensa común de
los intereses de todas ellas.

Precisamente,  esta  visión  de  los  derechos  nacionales  independientemente  de  su status  jurídico,  unida  a  su  ideología  progresista  y  socialdemócrata  orientada  a  la consecución de una sociedad más justa, libre y solidaria, le hace ser especialmente sensible  a  la  situación  de  otros  pueblos  y  naciones  del  mundo,  condenados  en  el actual sistema	de intereses de los Estados y  las grandes corporaciones internacionales a la pervivencia de enormes desigualdades y sangrientos conflictos a
los que las actuales estructuras estatales asisten indiferentes cuando no alientan por intereses económicos o geoestratégicos de corto y medio plazo.

Desde   esta   perspectiva,   Eusko   Alkartasuna   lleva   aportando   a   través   de   sus representantes en organismos, asociaciones e instituciones supranacionales iniciativas
en  defensa  de  una  verdadera  cultura  de  la  paz,  considerada  como  la  creación  de
condiciones esenciales para las relaciones pacíficas entre las naciones y los pueblos; entendiendo que tal labor no se limita a abordar los  problemas militares sino también supone  actuar  sobre  todas  aquellas  cuestiones  que  inciden  en  el  incremento  de  la desesperación de sociedades enteras y que llevan a un incremento de las tensiones que muchas veces finalizan en formas de expresión violenta.

Con  esta  preocupación,  Eusko  Alkartasuna  trabaja para  afianzar  lazos  con todos aquellos  pueblos  y  sus  representantes  que  tienen  como  meta  el  respeto  a  los derechos  humanos,  una  globalización  solidaria,  el  desarrollo  sostenible,  un  sistema internacional dotado de instituciones democráticas, la justicia social y la  igualdad, así como la consecución de la soberanía de los pueblos.

Bajo estas premisas, la acción internacional de Eusko Alkartasuna se encamina hacia
la  implantación  de  un  modelo  que  prime  el  progreso  social  de  los  países  menos desarrollados,   en  el  que  se  hace  imprescindible  el  impulso  de  un  comercio  justo  y responsable, la recuperación del control de las sociedades del llamado Tercer Mundo sobre  las  materias  primas	ubicadas  en  sus  territorios,  una  renegociación  de  su dependencia  financiera  internacional  sobre  la  base   de  la  cancelación  de  su  deuda externa y la apertura de un nuevo marco de relaciones   económicas que termine con su  posición  cautiva  al  servicio  del  beneficio  económico  de  las  sociedades  más
industrializadas. Entretanto, se hace imprescindible alcanzar y mantener el principio de aportación del 0,7 del PIB de los Estados industrializados a proyectos de cooperación
al desarrollo, aportaciones imprescindibles hasta que unas nuevas reglas de juego de
la  economía  internacional  les  permitan  dar  respuesta  a  sus  necesidades  desde  su propia capacidad   económica.

Programa Electoral. Elecciones Generales 2008

Sin embargo, estos planteamientos, de harto difícil consecución en el actual marco de relaciones  internacionales,	devienen  prácticamente  imposibles  en  aquellos  lugares donde  la  violencia  ha  asentado  sus  reales,  lugares  normalmente  coincidentes  con áreas geográficas caracterizadas por la extrema pobreza de su población, por un lado,
y grandes riquezas naturales o de materias   primas controladas  por grandes grupos
económicos de los países más avanzados.

Eusko Alkartasuna es plenamente consciente que para avanzar en la consecución de estos  objetivos,   que  sin  duda  pueden  achacarse  de  utópicos,  se  requiere  el  previo avance  en  una  serie  de  pasos  que  puedan  ir  allanando  el  camino.  Así,  resulta imprescindible   la   puesta   en   marcha   efectiva   del   Tribunal   Penal   Internacional, dotándole de los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones adecuadamente
en un marco de jurisdicción universal de los derechos humanos. Al mismo tiempo, es
fundamental la   reestructuración   del Consejo de Seguridad de la ONU, ampliándolo para  incrementar  la  representación  de  los  países  en  desarrollo.  En  la  misma  línea, abogamos  porque  la  ONU  reconozca  el  derecho  de  injerencia  humanitaria,  a  la  vez que  se  sustituya  la  teoría  de  la  disuasión  armada  por  las  medidas  de  presión diplomática  y  económica,  comenzando  por  el  sistemático  control  de  la  producción  y tráfico  de  armas,  ante  violaciones  de  los  derechos  humanos  o  previsibles  conflictos regionales.

Pero no sólo caben acciones en el ámbito de poder de los Estados o los organismos internacionales.   Consideramos   posible   promover   la   adopción   de   un   código   de conducta   por   parte   de   las   empresas,   especialmente   de   aquellas   con   actividad transnacional, que les obligue a valorar y respetar en sus operaciones la salvaguarda de los derechos humanos.

Y,  como  corolario  obligado,  abogamos  por  el  cese  de  las  situaciones  de  opresión, ocupación  o  negación  del  derecho  a  la  libre  determinación  de  los  pueblos.  En  este sentido, y por lo que afecta al Estado español, reclamamos el cumplimiento del Plan
de Paz de las Naciones Unidas para la celebración, en condiciones de plena libertad,
del referéndum de autodeterminación del Sahara.

En la consecución de todos estos objetivos adquiere especial relevancia la evolución
de la Unión Europea hacia una verdadera “Unión de los pueblos de Europa”, dado que difícilmente  puede  ser  sensible  a  la  situación  de  pueblos  y  naciones  del  resto  del mundo  quien  no  lo  es  con  respecto  a  los  pueblos  y  naciones  sin  estado  que  se encuentran  dentro  de  los  límites  territoriales  propios.  En  esta  línea,  seguiremos trabajando con el resto de partidos y organizaciones que conforman la ALE con objeto
de conformar una nueva Unión Europea en la que, como el resto de pueblos que la
conforman, Euskal Herria tenga participación directa en todos los asuntos que afecten
a cuestiones de su competencia e interés. Una Unión que constitucionalice la Carta de
Derechos Fundamentales, que establezca una verdadera separación de poderes entre
un  Ejecutivo  de  ámbito  general,  un  Parlamento  de  elección  directa  en  función  de circunscripciones   naturales,   con   capacidad   legislativa   plena   en   los   asuntos   de competencia europea y, por supuesto, una única política exterior.

A todo ello comprometemos nuestros esfuerzos y la labor de nuestros representantes institucionales,  en  este  caso  los  que  presentamos  en  estas  Elecciones  a  Cortes Generales.